– Tras disputa legal, ciudadano vence a SEDATU, deberán transparentar los recursos públicos ejercidos por concepto de pago de indemnizaciones.
– Privilegia El INAI la transparencia y rendición de cuentas, instruye a SEDATU entregar información pública referente al pago de indemnizaciones.

El 21 de agosto del 2017, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, El Maestro en Derecho José Miguel Ibarra Ramírez solicitó información pública a La SEDATU, peticionando lo siguiente:

“… 1.- De la manera más atenta y respetuosa, solicito información pública relativa al total de las indemnizaciones pagadas por la SEDATU desde el inicio de esta administración, hasta la fecha, en un formato de un informe específico y pormenorizado, donde se incluya: a) El número de cada expediente, b) Los nombres de los beneficiarios, c) El número de indemnizaciones pagadas, d) Los montos pagados en dichas indemnizaciones, e) Las fechas en las que se otorgaron, y f) El monto por el cual fueron concedidas…”

Sin embargo, el 08 de septiembre del 2017, El Lic. Mario García Santa Anna en su carácter de Director General Adjunto de Pago de Predios e Indemnizaciones de La SEDATU negó el acceso a la información consistente en los montos de las indemnizaciones pagadas a los beneficiarios del programa Obligaciones Jurídicas Ineludibles y Adquisición de Predios, argumentando entre otras cosas, las siguientes consideraciones:

“… al tener relación los montos de las indemnizaciones con el nombre del beneficiado, se estima que se pondría en riesgo la seguridad e incluso la vida de los titulares de dichos datos, ya que se desconoce el uso que pueda hacer el solicitante con tal información, al tener conocimiento de qué personas han podido cobrar su indemnización y la fecha en que fueron autorizadas las mismas, pudiendo, incurrir en algún tipo de delincuencia en contra de los titulares de los datos que se reservan…”

Posteriormente, El Comité de Transparencia de La SEDATU, celebró su Décimo Séptima Sesión Extraordinaria para determinar mediante Acuerdo CT/2017/EXT-17/01, CONFIRMAR la clasificación como RESERVADA de la información consistente en los montos de las indemnizaciones pagadas a los beneficiarios del Programa de Obligaciones Jurídicas Ineludibles y Adquisición de Predios realizada por la Dirección General Adjunta de Pago de Predios e Indemnizaciones, en tal virtud, se asignó el número de Resolución del Comité de Transparencia: SEDATU-CT-030/2017.

En virtud de lo anterior, El Titular del Despacho Jurídico Ibarra y Asociados Abogados interpuso un Recurso de Revisión, el cual, se radicó bajo el número RRA 6386/17, conociendo del mismo, La Ponencia de La Comisionada del INAI Areli Cano Guadiana., donde, el particular hizo valer los siguientes agravios:

– La resolución a la solicitud de información pública.
– La clasificación como reservada de la información requerida en el inciso de la solicitud, específicamente el acta de reservada del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, es decir, la resolución número SEDATU-CT-031/2017, de dicho órgano colegiado, ya que a consideración del recurrente la información no encuadra en los supuestos para reservarse, es decir que no se afecta el interés público ni la seguridad nacional, ni tampoco se trata de información confidencial y que por el contrario, se trata de personas que recibieron recursos públicos, lo que implica la obligación de transparentar su destino.
– La falta de fundamentación, motivación y legalidad de la respuesta a su solicitud, pues a dicho del recurrente, la misma es violatoria de derechos y garantías fundamentales reconocidos en Nuestra Carta Magna.
– La información solicitada con las características peticionadas.

Por su parte, el INAI dictaminó que:

“… la información referente al padrón de beneficiarios es considerada como una obligación de transparencia, mismo que deberá contener, entre otros datos, el nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias y el monto.

Por lo tanto, la información relativa al monto de las indemnizaciones otorgadas a los beneficiarios del Programa de Cumplimiento de Obligaciones Jurídicas Ineludibles y Adquisiciones de Predios, el cual es efectuado con recursos públicos, es de naturaleza pública, pues su difusión favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, siendo este uno de los objetivos que prevé la Ley en Materia.

Es decir, al entregar el monto de las indemnizaciones otorgadas por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a los beneficiarios del Programa en cuestión, permite transparentar la erogación de recursos públicos y adquisiciones de predios.

No pasa desapercibido que el sujeto obligado arguyó que al tener relación los montos de las indemnizaciones con el nombre del beneficiado, se pondría en riesgo la seguridad e incluso la vida de los titulares de dichos datos, ya que se podrían incurrir en conductas delictivas en su contra.

Al respecto, no se advierte la existencia de un nexo causal entre el hecho de que se den a conocer el nombre de los beneficiarios y el monto de las indemnizaciones que han recibido, con poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en cuestión, pues el señalamiento del sujeto obligado en el sentido de que con dichos datos el particular o un tercero tendrían elementos para cometer algún ilícito en contra de los beneficiarios, resulta insuficiente para actualizar la causal de reserva invocada, dado que se estima que realizó un juicio a priori del uso que el solicitante pudiera hacer con la información requerida.

Aunado a ello, resulta importante enfatizar que en el artículo 6º, apartado A, fracción III de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, por lo que el uso que se le dé a la información que generen los sujetos obligados en su desempeño de sus actividades es independiente y no debe tomarse en cuenta para permitir su acceso.

En ese sentido, no se advierte que con la divulgación del monto de las indemnizaciones pagadas se potencialice el riesgo de afectación a la vida e integridad física de cualquier persona receptora de pagos por el concepto de indemnización, pues no se revelan datos precisos como el lugar donde residen o en donde es posible localizar a los beneficiarios.

En ese tenor, al no actualizarse, de manera objetiva, una vinculación entre el pago de una indemnización con los posibles atentados a las personas a quienes la reciben, por lo cual no conllevaría a un posible daño presente, probable y específico a su vida, salud y seguridad, se estima que la clasificación invocada por el sujeto obligado en términos del artículo 110, fracción V de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública, resulta improcedente, máxime que se trata de una obligación de transparencia.

Por lo tanto, tal como lo indico el recurrente, la resolución del Comité de Transparencia de La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mediante la cual confirmó la clasificación de la información en cuestión, se encontraba indebidamente fundada y motivada, dado que no se acreditaron las razones para reservar la información, pues se trata de datos públicos que transparente la administración de los recursos públicos…”

De igual forma, en la resolución que votó el Pleno del INAI por unanimidad, se estableció lo siguiente:

“… Por lo expuesto, el agravio del recurrente resulta fundado, en tanto que el monto de las indemnizaciones pagadas a los beneficiarios del Programa de Obligaciones Jurídicas y Adquisición de Predios, no actualizó la causal de reserva aludida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 157, fracción III de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública, este Instituto considera procedente MODIFICAR La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y se instruye para que en un plazo máximo de diez días hábiles, entregue al recurrente el monto de las indemnizaciones pagadas a los beneficiarios del Programa de Obligaciones Jurídicas Ineludibles y Adquisición de Predios…”

Lo resaltado y subrayado es propio

En consecuencia, El Pleno del INAI resolvió lo siguiente:

“…PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 157, fracción III de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo a lo señalado en el Considerando Cuarto, de la presente resolución.

SEGUNDO. – Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en el Considerando Cuarto de la presente resolución, y posteriormente contará con un término de tres días pa para informar a este Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública.

TERCERO. – Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artículos 168; 169; 170; 174 y 175 de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a La Información Pública.

CUARTO. – Se instruye a La Secretaría Técnica del Pleno, para que a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda.

QUINTO. – Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de La Federación.

SÉPTIMO. – Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01 800 TELINAI (835 4324) y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.

OCTAVO. – Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos…”

ASÍ LO DIJO:

“Celebro la resolución del Pleno del INAI por qué a través de la misma, se privilegia la transparencia y rendición de cuentas. Por otra parte, hago un atento y respetuoso llamado a las autoridades, para que, en el ámbito de sus competencias, sean respetuosos de los derechos y garantías fundamentales de las personas, así como también, invito a todas las personas que hayan sido afectadas por la entonces Secretaría de La Reforma Agraria, hoy SEDATU y, al día de hoy, no hubieren recibido la indemnización que conforme a derecho les corresponde, acudan a Ibarra y Asociados Abogados, donde, les ayudaremos a obtener justicia”

Mtro. José Miguel Ibarra Ramírez
Titular en Ibarra y Asociados Abogados

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