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Aunque en Jalisco se realizan inspecciones en los campos agrícolas, hay fallas en el combate a la trata de personas en estos espacios laborales.

La Ley para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas no contempla acciones específicas para los campos agrícolas, pero tampoco se tiene un programa estatal definido para ello, confirma un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Igualmente, se detectó que Jalisco no tiene conocimientos de hechos delictivos en trata, no ha colaborado en investigaciones penales sobre el tema y tampoco capacita a su personal para prevenir los trabajos forzados, la esclavitud o el trabajo infantil, que son características de la trata en campos agrícolas.

Lo que sí destaca la Comisión es que Jalisco es uno de los 16 Estados que, mediante inspecciones laborales, identifica y registra los centros de trabajo que emplean mano de obra jornalera temporal, además de realizar el registro de empleados. También realiza inspecciones para erradicar el empleo de niños y adolescentes. Para lograr lo anterior, el Estado reportó 22 inspectores y tres técnicos en seguridad laboral (entre 2008 y 2015 realizaron 239 inspecciones en campos agrícolas, alrededor de 30 revisiones anuales).

De acuerdo con Jacobo Cabrera Palos, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, la mejora en la detección de trata en campos agrícolas se debe a “una demanda obligatoria de los grandes mercados internacionales, que ha regulado a los exportadores”.

Persiste explotación laboral en los campos agrícolas.

De los 306 mil 273 jornaleros agrícolas que hay en Jalisco, apenas 80 mil 911 llegan con un contrato firmado. Sólo uno de cada cuatro. El resto se trata de acompañantes o los que se emplean informalmente, asegura Rita Chávez, doctora en derecho e investigadora de la Universidad de Guadalajara, en su estudio más reciente sobre el fenómeno de los jornaleros agrícolas en Jalisco.

“Estos datos significan que los integrantes de la familia, como la esposa o los hijos, trabajan, pero no entran en nómina y es una condición específica de explotación laboral”.

La mayor parte de los jornaleros agrícolas que son maltratados en campos de Jalisco proviene de los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Los ingenios azucareros, como los ubicados en Tamazula, Acatlán de Juárez (ingenio Bellavista), Tala, Casimiro Castillo (ingenio José María Morelos) o Autlán (ingenio Melchor Ocampo), son los lugares donde se presentan casos de explotación laboral, de acuerdo con el análisis de Chávez Gutiérrez.

Además, se han presentado casos en los cultivos de calabaza, cebolla y brócoli en Sayula, El Grullo y Tolimán; en los cultivos de chile en Talpa de Allende, Atenguillo y Mascota, y locales donde siembran berries en Jocotepec, por la zona del Lago de Chapala.

Según las investigaciones de Rita Chávez, se han hecho esfuerzos insuficientes para reducir la explotación laboral de los jornaleros, y se siguen presentando vulneraciones a los derechos humanos elementales, principalmente los trabajadores estacionarios; es decir, aquellos que vienen a trabajar al campo de Jalisco sólo por un corto periodo de tiempo. Igualmente, hay incumplimientos en pagos de salarios y prestaciones laborales por parte de algunos patrones.

Jalisco capta el 5.14% de los 6 millones de jornaleros agrícolas que existen a nivel nacional. De éstos, un millón 543 mil son contratados con prestaciones de ley.

Sólo 18 de 125 municipios tienen padrón de jornaleros

Aunque se ha mejorado en concientizar a los productores agrícolas (sobre todo los pequeños) para erradicar la trata de personas en sus campos y se ha logrado atajar problemáticas como el trabajo infantil o la calidad de la vivienda, falta incrementar el registro de más jornaleros en el Padrón que el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ) promovido en 18 de los 125 municipios del país.

“Hemos trabajado junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Ayuntamientos para concientizar a los productores de la necesidad de cambiar las prácticas laborales y poder garantizar las mejores condiciones de trabajo”, manifiesta Jacobo Cabrera Palos, presidente del CAJ.

La erradicación de la trata y la explotación laboral en el campo permitirá a más productores locales ser certificados. Con eso tendrán la oportunidad de exportar sus mercancías.

“Debemos convencer a todos los productores y municipios de que se unan a esta cruzada para que se registren en las plataformas de la Secretaría del Trabajo. La verdad será difícil cumplir con las normas internacionales, pero hay que hacerlo; de lo contrario, al paso del tiempo nos van a sacar del mercado. Debemos cerrar filas para llegar a esos mercados, sólo entran los grandes exportadores, pero faltan pequeños productores”.

Para ello será clave no sólo cumplir con las normas de trata y explotación laboral locales, sino con las recomendaciones de Derechos Humanos y cumplimiento de la ley de los organismos mundiales.

“Tenemos que llegar más allá de la propia Ley Federal del Trabajo, precisamente si Jalisco quiere estar en el mercado internacional.

Además, el padrón permitirá reducir el flujo de jornaleros agrícolas migrantes que no tienen contratos y se asientan irregularmente.

“El gran problema que tiene Jalisco es la gran demanda de trabajadores que migran de otras regiones del país, principalmente Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Se pierde el hilo conductor de cómo entran al Estado”.

Aunque los esfuerzos del Consejo Agropecuario por cumplir las normas se han dado desde hace varios años, se han detenido por la lenta respuesta de los Ayuntamientos y los cambios de Gobierno en 2015.

“Hubo compromisos que, desgraciadamente en el ámbito municipal, por no haber sido acordado o aprobado por los organismos entrantes que ganaron, hizo que los presidentes municipales entrantes ya no los siguieran en la mayoría de los casos”.

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