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Congreso de la Unión: la intención de una austeridad republicana

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La inspiración detrás de la austeridad republicana del próximo gobierno federal está justificada por el comportamiento que las instituciones del Estado mexicano han tenido durante años. Presupuestos millonarios, nóminas masivas, mínima transparencia, ausencia de rendición de cuentas y desempeños que van de lo mediocre hasta lo decepcionante.

 

Los tres poderes federales deben reflexionar sobre la faceta que mostrarán el próximo sexenio a raíz de la última elección y los motivos que destronaron a los partidos tradicionales de las preferencias ciudadanas. La Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión deben replantear la forma en que administrán sus respectivas áreas de gobierno, especialmente en lo relativo al uso del dinero público y su relación con la productividad que generan.

 

En las últimas semanas hemos escuchado de los eventuales coordinadores parlamentarios y titulares de las mesas directivas en ambas cámaras que el Congreso de la Unión está planeando una estrategia de austeridad significativa. Iniciando con los ingresos de altos funcionarios a los cuales se les detectó un sobrejercicio por $1,247 millones de pesos en sueldos del 2015 al 2017. Evaluando también las condiciones del personal contratado por honorarios (con un valor de $586 millones de pesos), procurando la estabilidad para los empleados de base (remunerados con $1,757 millones de pesos) y en términos generales intentando un ahorro de $719 millones de pesos en la Cámara de Diputados y de $540 millones en el Senado de la República.

 

El tema no es menor ya que es bien sabido el nivel de ingresos así como las prestaciones que reciben los legisladores federales bajo un contexto de acentuada desigualdad. Si a eso le agregamos el nepotismo con el que conforman los equipos de trabajo que los acompañan, no es de extrañar el desempeño tan bajo que hunde a los congresistas en cualquier encuesta de percepción.

 

Como ejemplo está la diputada del Congreso de Jalisco, María del Refugio Ruíz Moreno (PRI), habiendo contratado a su hijo y haciéndolo parte de la nómina. Quien mostrándose inconforme con los señalamientos, invitó a la opinión pública a investigar a todas las fracciones ya que es una conducta generalizada.

 

¿Qué encontraremos de hacerlo no sólo con los 39 jaliscienses sino también con los 628 federales y los cientos más en los congresos de los otros estados? Seguramente las mismas prácticas que los conservan con infames niveles de confianza. Adaptarse a un modelo de austeridad podría ser un inicio estratégico para la nueva legislatura. Sin duda alguna recuperar la credibilidad es un pendiente fundamental del trabajo parlamentario en México. Si ellos son los representantes de la soberanía, esa representación debe igualarse con las exigencias que ahora les plantean sus representados.

 

#CreemosCambio

Maestro politólogo, consultor independiente y asesor político

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