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Sin despegar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

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Ya es demasiada controversia la que gira en torno al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Específicamente en medio de un paradójico escenario donde el gobierno electo se encuentra muy activo, mientras el gobierno en funciones luce por su pasividad.

 

Por un lado tenemos a una entrante administración cuya promesa de campaña fue clara: cancelar definitivamente su construcción. Pero es de años antes a las recientes campañas que esa promesa ha estado presente en la oposición al gobierno federal. Desde las revueltas en San Salvador Atenco durante la gestión de Vicente Fox existen grupos quienes no consienten la instalación de una terminal aérea en el terreno lacustre de Texcoco.

 

Por el otro tenemos que la obra insignia del gobierno de Peña Nieto se encarece exponencialmente, se retrasa y la corrupción en las licitaciones de la obra continúa manifestándose. La fecha de entrega del 2020 se extendió al 2022, aunque no extrañaría que el vuelo inaugural tomara hasta 2025. Llevamos tres sexenios postergando este proyecto de infraestructura.

 

Indudablemente el nuevo aeropuerto es necesario para la economía del país, para la conectividad continental, para la competitividad aeronáutica y en beneficio de los pasajeros hacia y desde México. Sobra citar las fuentes tanto a favor como en contra para que cada quien genere su propio juicio al respecto y de hecho, frente a la consulta pública a la que será sometido, debe ser obligación cívica informarse al respecto.

 

Lo cierto es que en una valoración inmediata, el actual aeropuerto Benito Juárez está rebasado. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) lo operan con negligencia e improvisación. Es notable la falta de mantenimiento en el edificio, en las pistas, en los vestíbulos. Pero no fuera un área para aumentar los espacios comerciales porque ahí la intervención es inmediata.

 

Este aeropuerto no da más. La oportunidad para un proyecto integral que traiga por consecuencia conectividad por tierra (trenes / autopistas / transporte público), saneamiento de espacios naturales (el lago / mantos freáticos / taludes), competencia en la industria aérea (reducción de precios / turbosina libre de monopolios / mejores servicios al usuario / transporte de carga intercontinental) son parte de los beneficios con valor agregado o valor social que suelen acompañar a estas decisiones.

 

Desafortunadamente tenemos un sistema con mucha política y poca administración. La politización del tema será indivisible del resultado final. Solo nos queda esperar que la pasada elección haya desfogado la necesidad de reivindicación y representación en el régimen, porque en la decisión ejecutiva del gobierno lo que menos suele prevalecer es el criterio técnico ni del sentido común.

 

#CreemosCambio

Maestro politólogo, consultor independiente y asesor político

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