Los funcionarios condenados fueron exonerados de juicio políticopor el Congreso de Jalisco y tampoco pagaron la sanción económica.

Vicente Altamirano, padre del jornalero asesinado (Elsa Martha Gutiérrez)

Elsa Martha Gutiérrez/Milenio.

Autoridades del Ayuntamiento de Tala terminaron su gestión y se fueron sin indemnizar a los familiares de Alfonso Altamirano Hernández, el jornalero que fue asesinado por policías de ese municipio en 2014.

Los familiares del hombre que robó seis elotes y una calabaza tampoco lograron justicia política. El pleno del Congreso del Estado exoneró de responsabilidad política a los dos funcionarios que debieron cumplir con la sentencia que emitió desde noviembre de 2017 el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

En la resolución, el ex presidente municipal, Aarón César Buenrostro Contreras, y el ex síndico, Miguel Ángel Camarena Esquivias, fueron condenados a pagar 2.6 millones de pesos a la familia del fallecido, sin embargo esto nunca ocurrió.

Lejos de exigirle al ayuntamiento que cumpliera, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó desechar los juicios políticos de los ahora ex servidores públicos. Solo dos diputados votaron a favor de que el proceso continuara: María del Pilar Pérez Chavira y Pedro Kumamoto Aguilar.

De acuerdo con el diputado independiente, pareciera que hubo una negociación política entre las dos fracciones parlamentarias mayoritarias para salvar a los presidentes de Tala (PRI) y Acatlán de Juárez (Movimiento Ciudadano).

“Es una pésima señal de parte de quienes dicen que quieren cambiar las cosas pero permanecen con los mismos vicios de siempre, es decir, lo que volteamos y vemos son negociaciones sobre los juicios
políticos, también hay que recordar que estaba el de Acatlán de Juárez y entonces, lo que ves son dos símbolos políticos en los gobiernos”, dijo Kumamoto.

Explicó que su voto fue a favor de que el proceso continuará en contra de Buenrostro Contreras y Camarena Esquivias, al haber serias irregularidades e injusticias profundas en caso del jornalero.

“Hay sentencias favorables, todo esto contrasta con la decisión de los diputados quienes consideraron no sancionar y dejan impune este
caso, obviamente viola los derechos constitucionales”, expresó por su cuenta Cristian Adrián Frías, abogado de la familia Altamirano.

De acuerdo con el representante de la familia, los ex servidores públicos de todas maneras serán sancionados porque “se configura el delito de incumplimiento ya que dentro de su periodo no dieron cumplimiento a la orden de un juzgado constitucional. Esto no los exime”, advirtió.

SRN

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