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Poder Judicial: ante el nepotismo, el buen juez por su casa empieza

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Continuamos viviendo en el periodo interregno del gobierno federal (que por momentos parece interminable), donde los conceptos rectores sobre la austeridad y la moral de la próxima administración están siendo interpretados por los poderes. En esta ocasión vale pena echar un vistazo a lo que ocurre en la estructura al mando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el poder judicial todavía se reserva las críticas y observaciones que la sociedad la expresado para transparentar, profesionalizar y rendir cuentas en sus procesos internos.

 

Desde hace un par de semanas medios nacionales han reportado situaciones que pueden considerase corruptas en los tribunales del país. Un estudio levantado por el Consejo de la Judicatura Federal reveló que al menos 500 magistrados cuentan con relaciones familiares y personales en cargos próximos a su función. Padres, parejas, hijos y familia política ocupan plazas en los juzgados gracias a que el artículo 97º de la Constitución les permite a los jueces asignar las vacantes en aras de procurar su autonomía operativa. No obstante la facultad se ha usado discrecionalmente para emplear parentela en un descarado nivel de nepotismo del 48% en el poder judicial.

 

Por si fuera poco, la cúspide de este poder federal no resulta exenta de este comportamiento y en días recientes se hizo público que los ministros Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo -coinciden- laboralmente con sus hijas en las instalaciones de la Suprema Corte.

 

De acuerdo con el portal Aristegui Noticias, Ana Elena Aguilar Arrangoiz (hija de Aguilar Morales) cuenta con cédula profesional que la identifica como cirujana dentista y está su nómina asciende a $34 mil pesos mensuales más prestaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima quincenal, seguro colectivo de retiro y gastos médicos.

 

Mientras Daniela Pardo Soto Reyes (hija de Pardo Rebolledo), responde al cargo de secretaria de estudio y cuenta adjunta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El salario percibido en este nivel es de $135 mil pesos mensuales más las prestaciones antes mencionadas.

 

Claro que estos reportes mencionan que las contrataciones no son directas. Oficialmente los ministros no intervienen en el proceso, pero extraoficialmente y siguiendo la cadena de mando, las costumbres mal habidas en la función pública y el prejuicio general bien ganado por la política, ¿quién pensaría increíble cuando menos una -recomendación- en su contratación?

 

La austeridad solidaria y la virtud moral deben calar hondo en el sistema judicial del país. Tan solo la sensación de injusticia que han dejado en sentencias insignia provenientes de tribunales y desde la propia Suprema Corte es un buen punto de partida para poner en orden a un cuerpo legal particularmente obstinado frente a la exigencia de modernización y transparencia.

 

Pregunta aleatoria: ¿es sensato seguir llamando -nuevo- sistema penal cuando tiene más de diez años siendo adoptado por estas instituciones?

 

El poder judicial tiene una deuda mejorando sus procesos internos y revitalizando la noción de justicia en una sociedad escasa de ella. La elección que renueva al ejecutivo y al legislativo es una consigna también para el judicial de ponerse al día con la exigencia de las personas, así como el momento que vivimos. Los presidentes, gobernadores, diputados y senadores están constantemente expuestos a las críticas por ofrecer un mejor desempeño al que muestran (sino es que un mínimo). Los jueces, magistrados y ministro también deben acatar la exigencia porque el hecho de juzgar no los sitúa por encima de las virtudes o defectos que muestren sus pares en la titularidad del gobierno.

 

Dice el refrán que el buen juez por su casa empieza. Teniendo a sus familias empleadas en sus cortes, no puede ser más pertinente poner el ejemplo   i p s o   f a c t o

 

#CreemosCambio

Maestro politólogo, consultor independiente y asesor político

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