Ciudad de México/ 2 de octubre de 2023. – Los documentos resguardados en Archivos de la Represión nos invitan a conocer la maquinaria de la represión entre las décadas de 1950 y 1980 en México, pero también los procesos de resistencia y la necesidad de la memoria. La desclasificación y publicación de documentos históricos oficiales que revelan violaciones a los derechos humanos nos aproxima a conocer una parte de la verdad histórica, de ahí su importancia.
Una deuda pendiente del Estado Mexicano es el esclarecimiento, investigación y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos. Es fundamental conocer los actos y crímenes del Estado, pero también es imprescindible conocer quiénes son las personas responsables y perpetradoras de la represión entre 1960-1980. Un avance importante hacia el derecho a la verdad fue la “Desclasificación y declaratoria de interés público los archivos del 68 en el Archivo General de la Nación (AGN) en 2018”. Sin embargo, la política de opacidad y la negación de la apertura a otros archivos históricos oficiales del periodo, como los resguardados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido una realidad que nos impide, como sociedad, ejercer nuestro derecho pleno a la verdad.
El pasado 22 de agosto de 2021, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recomendó e instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dar a conocer la versión pública del expediente del General Luis Gutiérrez Oropeza, tras una solicitud de información negada por la Dirección General de Archivo e Historia de la SEDENA. Esta dependencia argumentó que estaba “imposibilitada para emitir un pronunciamiento respecto a lo solicitado”, y la totalidad del expediente lo clasificó como “confidencial” con motivo de protección de datos personales del General. Sin embargo, el pleno del INAI determinó en su resolución con folio RRA 7997/21 revocar la respuesta de la SEDENA y ordenar la entrega de la versión pública de dicho expediente. La respuesta inicial de Secretaría es reflejo de los obstáculos y la opacidad de la institución ante la entrega de archivos del pasado reciente y del presente. Impedir el acceso a este tipo de expedientes significa perpetuar el olvido y garantizar la impunidad de los perpetradores.
¿Quién fue el General Luis Gutiérrez Oropeza?
Luis Gutiérrez Oropeza, también conocido como El Poblano, fue un militar de carrera que, como Jefe del Estado Mayor Presidencial, estuvo a cargo de la seguridad del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), quien estaba en el poder cuando se llevó a cabo la Masacre del 2 de octubre. El Poblano siempre mostró fidelidad, respaldo, pero sobre todo efectividad a los caprichos y decisiones de Díaz Ordaz. Sus métodos violentos para contener protestas, y el uso de la fuerza para sofocar manifestaciones, perseguir a personas opositoras y desactivar movimientos sociales de la época siempre tuvieron el aval presidencial.
Luis Gutiérrez Oropeza es uno de los principales responsables de la masacre del 2 de octubre de 1968. Oficialmente, ese día se desarrollaron dos operaciones militares en Tlatelolco. La primera consistió en detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga (CNH), mientras que la segunda tuvo como objetivo contener, a toda costa, cualquier brote de inconformidad o arribo de contingentes estudiantiles a la Ciudad de México. Ese 2 de octubre de 1968, francotiradores pertenecientes al Estado Mayor Presidencial, bajo las órdenes del General Luis Gutiérrez Oropeza, abrieron fuego contra civiles en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Sin duda, la apertura de los expedientes históricos sobre los responsables de la represión entre 1960-1980, tanto de las agencias estatales, como del Ejército Mexicano son fundamentales para comprender acontecimientos y crímenes de lesa humanidad.
Narrativas oficiales y resistencia de la memoria
El camino al ejercicio pleno de los derechos a la justicia, verdad y memoria se encuentra obstruido por políticas del Estado mexicano de larga data, que no sólo incluyen la falta de acceso a los archivos históricos sino también la justificación y construcción de narrativas oficiales sobre estos hechos violentos, provenientes de altos funcionarios del gobierno de Díaz Ordaz, y de diversos dirigentes del Ejército Mexicano. Destacan Trampa en Tlatelolco, del general Urrutia Castro,1 y Los verdaderos acontecimientos de 1968, del general Gutiérrez Oropeza. Estos textos tenían el objetivo de defender y justificar el actuar del Ejército en relación al origen del movimiento estudiantil, con hipótesis que iban desde el “intervencionismo soviético” hasta la supuesta necesidad de los estudiantes para tener “mártires”. Sin embargo, estas versiones carecen de consistencia y suelen atender intereses personales e institucionales para el encubrimiento de los perpetradores.
Otra de las intencionalidades era plasmar en esos libros la credibilidad en el gobierno y la confianza en el Ejército, así como hacer contrapeso a la versión del CNH que tenía mayor apoyo social. Algunos de los esfuerzos gubernamentales, particularmente del Ejército, para difundir esta versión, se pueden consultar en Archivos de la Represión, a través de 151 oficios de remisión de ejemplares del libro Trampa en Tlatelolco, los cuales fueron entregados a distintas escuelas y zonas militares de todo el país. Curiosamente, en el libro del general Manuel Urrutia Castro, el autor aparece sin cargo, aparentando una objetividad en la narrativa de lo sucedido aquel 2 de octubre de 1968.
Las prácticas de espionaje y seguimiento hacia el movimiento social por parte de las agencias policiacas y militares precedió a la Masacre de Tlatelolco y continuó en los años siguientes a ésta. Muestra de ello, está documentado en varios informes oficiales sobre el 2 de octubre de 1972, donde se detallan los operativos para vigilar las acciones conmemorativas de la masacre en todo el país, cuya vigilancia se realizó a un amplio espectro del movimiento social, incluyendo: al movimiento estudiantil, a disidentes, a miembros de grupos políticos, a organizaciones armadas, e inclusive a colectividades y familiares que buscaban justicia y honraron la memoria de las víctimas. Otro ejemplo concreto del modus operandi de la construcción de narrativas del Estado por parte de la Secretaría de Gobernación, es un libro anónimo sobre el 68: ¡el móndrigo!, el cual se redactó con la información adquirida a través de la vigilancia y el espionaje por parte de las autoridades
Los Archivos de la Represión también dan cuenta de la resistencia por parte del movimiento social por mantener viva la memoria de los acontecimientos de 1968. Esto, a pesar de las amenazas, la vigilancia y el amedrentamiento constante por medio de la presencia de las fuerzas públicas en los actos conmemorativos. Este tipo de eventos permitieron que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 no quedará en el olvido y que su conocimiento fuera transmitido de generación en generación y en diferentes partes del país. Por ejemplo, en octubre de 1972 se reportó un evento conmemorativo en una escuela secundaria, en Torreón Coahuila. Ahí se dio lectura a una crónica de los hechos ocurridos en Tlatelolco ante 110 personas. Este evento, que podría parecer irrelevante, da cuenta de manera concreta de cómo se ha mantenido viva la memoria del movimiento como un acto de resistencia, negando el olvido.
A 55 años de la Masacre del 2 de octubre las heridas no sanan y no se olvidan por parte de la sociedad mexicana. Sin duda, la voluntad política del gobierno federal actual para reconocer la participación del Estado en estos crímenes contribuye a la construcción de la memoria. Sin embargo, la garantía al derecho a la verdad sólo podrá ser realidad cuando el Estado mexicano dé acceso público irrestricto al total de los archivos oficiales relativos a violaciones graves de derechos humanos. En este sentido, la documentación histórica resguardada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es imprescindible y necesaria. De lo contrario, la política de opacidad, ocultamiento y encubrimiento por parte del Estado continúa siendo una cruel realidad maquillada de apertura.
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