Enrique Peña Nieto a su llegada a San Lázaro, para la entrega de la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Foto: Misael Valtierra / Cuartoscuro.com

Artículo publicado por VICE México.

Luego de dejar el cargo el pasado 1 de diciembre, el expresidente Enrique Peña Nieto se coloca en el centro del debate público porque podría convertirse en el primer mandatario mexicano en ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

El originario de Atlacomulco, Estado de México, abandonó el poder Ejecutivo dejando una sensación de impunidad entre los mexicanos por los escándalos sin castigo que envolvieron a su gestión. En la memoria popular todavía están presentes las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o los sobornos millonarios de Odebrecht.

El nuevo gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha aludido a la política de “punto final” para justificar su negativa a juzgar a exfuncionarios públicos, a pesar de que una franja amplia de sus electores ha pedido aplicarles el peso de la ley. En este contexto, la Corte Internacional de Justicia de La Haya admitió ayer analizar una demanda contra Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada.

Por medio de una carta emitida desde la oficina del fiscal internacional, Gilberto Lozano, representante de la organización Congreso Nacional Ciudadano, fue notificado este jueves de que las acusaciones contra el expresidente y sus colaboradores serían sometidas a evaluación para resolver si son atraídas por la jurisdicción de la Corte y por ende se inicia una investigación.

“La oficina está analizando las acusaciones identificadas en su comunicación, con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de la información disponible, los presuntos delitos parecen estar dentro de la jurisdicción de la corte penal internacional y, por lo tanto, justifican la apertura de un examen preliminar de la situación”, se lee en el oficio fechado el 6 de diciembre del 2018.

La admisión del organismo es relevante no sólo porque contempla una posible investigación contra un expresidente mexicano por crímenes de lesa humanidad, sino además lo haría por corrupción, el gran problema que marcó a la administración priísta recién concluida.

En caso de que la Corte de La Haya resuelva que las acusaciones son de su competencia y están fundamentadas, se comenzaría una investigación en contra de Peña Nieto y quien resulte responsable de los delitos que se señalan. “Es inédito, porque nunca había llegado un segundo oficio de la Corte Penal Internacional con casos mexicanos”, dice Lozano a VICE.
Génesis de una denuncia

El 23 de diciembre de 2016, Gilberto Lozano inició el camino de las demandas al señalar a Peña Nieto por prácticas corruptas en colusión con Grupo Higa, por lo que integrantes de la asociación a la que pertenece solicitaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) juicio político en contra del entonces presidente de México, por traición a la patria.

Aunque no les hicieron caso, ambas denuncias sirvieron como antecedente de inacción por parte de las autoridades locales, argumentos que luego fueron presentados en la corte holandesa.

Para noviembre de 2017, con el apoyo moral de 87 mil firmantes que pedían juicio a EPN, Gilberto y un grupo de compañeros se presentaron en La Haya con una denuncia formal donde acusaron al mandatario mexicano y a su gobierno por dos temas fundamentales: crímenes de lesa humanidad donde incluyeron los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán y Nochixtlán. También formularon acusaciones por corrupción sistematizada donde señalan los casos de Grupo Higa, OHL y Odebrecht.

Esa no fue la primera ocasión en que ciudadanos mexicanos acudían a La Haya a presentar una denuncia. En el ocaso de su gobierno, un grupo de ciudadanos denunció a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas que ordenó. De igual forma, Samuel García, senador regiomontano por Movimiento Ciudadano (MC), denunció al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por las quimioterapias con agua para niños. En dichos casos las denuncias fueron desechadas por la Corte Internacional.
Tiempos largos

La denuncia de Lozano y la organización Congreso Nacional Ciudadano tuvo respuesta más de un año después de entregarse, pero es la primera que llega hasta esta instancia. “Yo pienso que ellos esperaron hasta que saliera Peña Nieto del poder, porque es demasiado coincidente que apenas entregando el poder el 1 de diciembre y el 6 ya me están mandando esto que esperamos meses”, comenta Lozano a VICE.

De acuerdo con el documento fechado el 6 de diciembre, a partir de ahora en Holanda comenzarán a evaluar las denuncias presentadas contra EPN para determinar si los presuntos delitos entran en su jurisdicción.

Lozano explica que sólo existen dos caminos: en el peor de los casos la Corte desechará la denuncia, pero en caso de encontrar elementos podrían llamarlos para que fundamenten sus acusaciones y si encuentran elementos, una comitiva viajaría a México para iniciar una investigación independiente en los sitios señalados.

“Ellos tienen su cárcel, su tribunal y en ese momento se escapa completamente de la influencia, cómplices, perdonadores, la amnistía de López Obrador”, comenta Lozano sobre la credibilidad del Tribunal de La Haya, aunque por los tiempos que tardan sus procesos espera tener respuestas en cuatro o cinco meses.
Poder regio

Gilberto Lozano es integrante y el rostro más visible de la organización Congreso Nacional Ciudadano, una asociación originaria de Monterrey que se define como un conjunto de redes ciudadanas independientes y apartidistas, quienes enarbolan el ejercicio del artículo 39 constitucional y el poder del pueblo sobre la clase política y sus gobernantes.

La organización que en su momento se pronunció por la eliminación del fuero en la clase política, por considerarlo motor de corrupción y violaciones de los derechos humanos, asegura contar con más de un millón de integrantes. Entre sus filas figura el activista chihuahuense Julián LeBarón.

Congreso Nacional Ciudadano, que en su momento denunció al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, por delitos electorales, cuenta en su sitio web con un decálogo con acciones donde llaman a vigilar el trabajo de los servidores públicos. Además, cuentan con una lista de los integrantes expulsados por violar dicho decálogo, donde resalta la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, por “andar de mandadera del Peje, cuando había firmado que no buscaba hueso”.

Aunque se sabe poco de sus demás miembros, esta organización ciudadana surgida en 2009 se ha colocado dentro del debate público debido a que el presidente López Obrador ha dicho que no está entre sus prioridades llevar a juicio a exfuncionarios públicos, pero en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui admitió que realizaría una consulta popular para saber si los mexicanos quieren que los expresidentes de la República sean juzgados. En este contexto, la Corte de La Haya admitió analizar la demanda de la organización civil.

Enrique Alvarado en Twitter: @kikin_agz

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