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CAMPO Y AGRICULTURA MX

RÉCORD EN IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO; 2019 CERRARÁ CON CASI 16 MILLONES DE TONELADAS PARA LA INDUSTRIA PECUARIA

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·        El valor de estas compras se estima en 3 mil 300 millones de dólares

·        La industria de la tortilla requiere alrededor de 18 millones de toneladas

·        En maíz blanco para tortillas, México es autosuficiente

Las importaciones de maíz, fundamentalmente amarillo, en 2019 serán de casi 16 millones de toneladas. Prácticamente en su totalidad, estas compras del grano se destinan para fomentar la producción de carne de res, de cerdo, pollo, huevo y leche. También lo utiliza la industria de aceites y grasas.

Con esta cifra, precisamente en este 2019, México rompió récord en compras de maíz al extranjero, en particular proveniente de Estados Unidos, donde el maíz amarillo, rico en aceite, se convirtió en la preferencia de los engordadores de especies ganaderas y de la industria de aceites comestibles.

De acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), se estima que, al cierre del ciclo de 2019, las importaciones mexicanas de maíz amarillo alcanzarán un valor cercano a 3 mil 300 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento aproximado del 15 por ciento, comparada con nuestras compras de 2018.

Es de señalar que el estado de Sinaloa se ha perfilado, en la última década, como el principal productor de maíz blanco, que es el que se utiliza para la industria de la tortilla, mientras que estados tradicionalmente productores de maíz, como Jalisco, Edomex, Chiapas, Veracruz y Puebla, se han rezagado en cuanto a productividad.

Se estima que la industria de la tortilla requiere anualmente alrededor de 18 millones de toneladas de maíz blanco para consumo nacional, cuyas características de textura, calidad nutritiva y condiciones óptimas para convertir el grano en nixtamal y masa, sigue siendo el alimento básico en la dieta de los mexicanos y de pueblos de muchos países de América Latina, el Caribe y, en los últimos años, de África.

En nuestro país se cultiva, en dos ciclos agrícolas, un promedio de 8 millones de hectáreas, en su mayoría de temporal, con rendimientos promedio cercanos a 3 toneladas por unidad de superficie. Así, se obtiene una cosecha anual del orden de 22 millones de toneladas. (Hay que tomar en cuenta que alrededor de un millón de hectáreas anuales, sufre siniestros por sequía, heladas, granizadas e inundaciones).

Entre la producción y el consumo humano de maíz, se da una diferencia de aproximadamente 4 millones de toneladas, las cuales corresponden a la producción de elotes y esquites, y otra parte se da como alimento a animales de traspatio de las familias de escasos recursos.

LA INVESTIGACIÓN EN MAÍZ Y TRIGO, NO ATERRIZA

Por otra parte, es de señalar que una de las razones por las cuales México se ve precisado a realizar compras de alimentos en el extranjero, se debe a que los índices de productividad agrícola y pecuaria no han sido proporcionales al incremento de su población. La demanda alimentaria se ubica por encima de la oferta.

Para nadie es novedoso que alimentar a una población de más de 120 millones de habitantes, sea una tarea sencilla. Es de grandes dimensiones, sobre todo para cada jefa o jefe de familia. A nivel macro, se requiere del concurso de todos y cada uno de los sectores productivos y el apoyo incondicional de las instituciones gubernamentales.

El tema de las semillas, en particular de maíz y trigo, dos de los granos en los que México se ha convertido en altamente dependiente, mucho más allá de lo que recomienda la FAO, de no rebasar el 25 por ciento de la demanda nacional, digamos que en México opera, desde hace más o menos 60 años, el Centro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT), de donde salieron semillas que “alimentaron al mundo”.

Es famosa la “Revolución Verde”, pero (siempre el pero) en México solamente se utiliza semilla certificada de maíz en el 10 o 15 por ciento de la superficie total. El resto de las semillas son criollas, que se vienen cultivando por cientos de años. Resultaron muy buenas, pero hay que evolucionar (como dijo el sabio Charles Darwin).

 En cuanto a semillas de trigo, parece que el gobierno ha optado por eludir los proyectos de investigación para el combate y control de las royas, y optar por recomendar a los productores, sobre todo de las regiones noroeste, norte y el altiplano, sembrar comercialmente variedades de trigos ‘duros’ o cristalinos, que son resistentes a esa plaga, que crear nuevas semillas resistentes o tolerantes a las enfermedades señaladas.

Es de precisar que los trigos ‘blandos’, corresponden a variedades del cereal propios para la producción de harina, misma que utiliza la industria del pan. Estas variedades son susceptibles a las royas, hongos que atacan el follaje de las plantas en pie. Los trigos ‘duros’ son resistentes a las royas, con la diferencia de que solamente se utilizan para la industria de galletas y pastas. De trigo para fabricar pan, México importa 80% de la demanda nacional.

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Abandonados casi 30 mil ejidos en el País.

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Rafael García del Horno, secretario de Finanzas de la Fundación Mejoremos al Campo, manifestó que el ejido, presente en más de 105 millones de hectáreas es una “sombra” y que los ejidatarios viven en una especie de pesadilla, porque durante más de 20 años no se les da crédito ni asistencia técnica organizada ni le llega la tecnología ni les ofrecen programas de infraestructura.

La Fundación lamentó hoy, en el 142 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, el abandono en que se encuentran casi 30 mil ejidos en todo el país, que representan el 50 por ciento del territorio nacional. 

García del Horno, recordó a Emiliano Zapata, el líder moral del sector agrario, destacó que su lucha e ideales siguen vigentes, debido a que el campo mexicano sufre una de las peores crisis de su historia.

El dirigente campesino describió a un sector rural sumido en la pobreza, con pocas oportunidades para los jóvenes; un campo sin posibilidades de crecimiento y desarrollo por la falta de créditos y la descapitalización e invadido por compañías trasnacionales.

Consideró que México es un país que surgió de una reforma agraria que tiene ahora la responsabilidad de organizar a los ejidos minifundistas, que son los únicos que pueden garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.  

Recordó que desde 1992 en que se autorizó al ejidatario a vender su parcela solamente el 4 por ciento de las tierras ejidales se ha privatizado, y de ellas, sólo aquellas que tienen una posibilidad urbana o turística.

      Los robos a ejidatarios se han multiplicado desde Baja California hasta Quintana Roo, pues durante los últimos años se han reproducido los despojos de tierras, sobre todo las que se encuentran en litorales y las que tienen que ver con minas para extraer recursos naturales.

García del Horno acusó a empresas foráneas de apoderarse cada vez más de porciones del territorio mexicano y sostuvo que el robo de las playas mexicanas se ha acentuado, de lo cual es prueba el estado de Baja California donde los auténticos dueños de las zonas costeras, pescadores y ejidatarios, tienen prohibido hasta de caminar sobre su propia tierra, debido a que mediante argucias jurídicas la propiedad ha pasado a manos extranjeras, cuando la Constitución establece claramente que eso no puede ser a lo largo de los 100 kilómetros fronterizos y los 50 kilómetros cercanos al mar.

El fenómeno se da también en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Colima, Nayarit, Guerrero, Chiapas y otros estados donde existen empresas extranjeras que se roban hasta la arena de México, expresó.

Comentó que, en Cancún, en Baja California Sur, en el Mar de Cortés, Bahía de Kino, la zona Punta Diamante de Acapulco, Nuevo Vallarta, Playa del Carmen, Playa Marlín, playa El Caimancito, Chacala, Barra de Navidad, La Riviera Maya y otras muchas más localidades se han dado similares despojos de playas a campesinos.

Rafael García se pronunció por apoyar a los ejidos y comunidades y por frenar a empresas, principalmente canadienses y españolas, que se han dedicado en los últimos años a despojar de sus minas de oro y plata a los ejidatarios, a través de supuestos contratos avalados por la administración federal panista que ningún beneficio dejan a los campesinos del país.

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