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CAMPO Y AGRICULTURA MX

Empresas como MONSANTO, son un peligro para la Humanidad.

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Abigail Angélica Correa Cisneros/Norte a Sur

·        Envenenan al mundo

·        Uno de sus plaguicidas más utilizados se relaciona con cáncer y otras enfermedades crónicas

·         La Semarnat prohibirá el uso total de glifosato para 2024, así como transgénicos de maíz, soya y algodón

La soberanía alimentaria del país depende de acciones contra grandes empresas que se aferran como Monsanto (recién fusionada a la alemana Bayer), a seguir afectando al campo y a los trabajadores agrícolas del mundo. A pesar de diversas demandas, esta empresa pretende seguir envenenando a la población mundial.

Nuestro gobierno comienza a frenar las acciones que atentan contra la salud de los mexicanos. Por fin se comienza a bloquear a uno de los plaguicidas más peligrosos para los humanos y la naturaleza, el glifosato. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prohibirá totalmente su uso para 2024.

Muchos estudios han demostrado cómo se degradó la salud de la gente que estuvo expuesta a este agrotóxico. No sólo en nuestro país, en diversas partes del mundo incluso se ganaron demandas contra Monsanto-Bayer; pues se demostró que provoca cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y párkinson.

Estudios comprobaron que la tortilla, alimento primordial de las familias mexicanas, que se preparaba con harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca, contenía maíz transgénico, así como altos niveles de glifosato. La empresa defendió su producto, obviamente, bajo las regulaciones existentes y aseguró que su harina de maíz cumplía con todas las normas.

Falta mucho por avanzar en contra de este agroquímico, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como potencial cancerígeno. Pero vale la pena decir que desde 2019 la Semarnat tomó medidas precautorias para que este y otros 40 plaguicidas dejen de usarse en nuestro país. Organismos como el Consejo Nacional Agropecuario respondieron en contra y pretenden que se dé marcha atrás a la eventual transformación del sistema agroalimentario, basado en un modelo agroecológico, respetuoso de la naturaleza y de la salud humana.

El campo mexicano ha sido afectado desde hace décadas con el uso de este agrotóxico y transgénicos de maíz, soya y algodón, que también serán prohibidos eventualmente.

La pandemia de covid-19 nos recordó, entre otras cosas, la importancia de una buena alimentación. Repetiré que nuestro país tiene el número más alto en casos de obesidad, seguido de diabetes, padecimientos que se relacionan con el alto consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas, que son las responsables de más de 24 mil muertes cada año en México, de acuerdo con el Instituto Nacional De Salud Pública.

Hace diez años 7 de cada 10 adultos tenían diabetes y 3 de cada 10 niños sobrepeso u obesidad. El costo de estas enfermedades era de más de 85 mil millones de pesos al año en tratamiento y más de 400 millones de horas laborales perdidas por diabetes asociadas al sobrepeso y obesidad.

En octubre entra en vigor el etiquetado de alimentos, para que la gente se informe de manera sencilla qué es lo que consume. La industria dedicada a estos alimentos buscará estrategias para que sus pérdidas no sean grandes, como lo hicieron las empresas refresqueras luego del incremento de 1 peso por litro en 2014, que intensificaron promociones de venta y estrategias publicitarias para conservar sus números a pesar de la medida recaudatoria.

La población mexicana sigue desinformada, el gran reto es romper con la cadena de alimentos con los que la publicidad nos bombardea. Para dar el paso al consumo de comida sana, derivada de una producción con sistemas agroecológicos, es decir, una agricultura, ganadería y pesca ecológicamente adecuados, para empezar el gobierno tiene que incentivar esta revolución agrícola con la que se pueda dar batalla a las enfermedades derivadas de la mala alimentación.

Víctor M. Toledo, titular de la Semarnat refiere que para esto ya se trabaja en una estrategia nacional con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que deberá implementarse en los próximos meses. “Los alimentos, además, deben circular por medio de mercados justos, orgánicos, solidarios y de corta distancia, multiplicando los tianguis y las ferias de semillas y productos diversos. Finalmente, se deben de crear miles de cooperativas que conecten la producción agroecológica con los amplios sectores de consumidores de las ciudades: edificios, barrios, escuelas, sindicatos, universidades, fábricas, hospitales, etcétera. Sólo así el gobierno de la 4T logrará purificar la sangre de los mexicanos hoy todavía contaminada por refrescos, plaguicidas, hormonas, antibióticos y otros tóxicos, luego de tres décadas de gobiernos neoliberales”, escribió recientemente.

El año pasado, esta dependencia autorizó la importación de 86 mil 449 toneladas de glifosato. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informó que sólo se importaron 21 mil 147 toneladas del herbicida. Gradualmente se ha impedido la entrada de este veneno, pero las empresas interesadas en su uso siguen presionando al gobierno mexicano para que se retracte.

Estas compañías han lastimado a la humanidad en una gran medida. Monsanto-Bayer son responsables de que miles de humanos padezcan de encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otras enfermedades. Además, el uso del glifosato tiene que ver con toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en 2018 por 66.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Esta semana se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer-Monsanto con casi 100 mil denunciantes de Estados Unidos. La multinacional almena ofertó casi 11.000 millones de dólares para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico.

El glifosato una vez que llega a la tierra pasa al aire al agua, se expande como una plaga. Estudios recientes realizados por la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente, encontraron el agrotóxico en orina de niños y niñas de comunidades cercanas a cultivos de Jalisco, “gigante agroalimentario”. Todos mostraron síntomas como dolores de cabeza, vómitos y náuseas.

Para corroborar los resultados acudió una supuesta asociación civil, Proccyt, que en realidad resultó una fachada de las empresas que envenenaron a los niños, (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras). Dieron talleres y determinaron que solamente bebiendo el glifosato antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. Aunque las autoridades fueron parte del engaño durante mucho tiempo, la gente ya no cree estás mentiras y se frenará el uso de estos agrotóxicos en los siguientes años.

Además de Estados Unidos, Argentina también sufre las consecuencias del uso de este herbicida que hoy alcanza 28 millones de hectáreas en aquel país. Nada que no sea soja, maíz y algodón transgénicos puede crecer en esos campos. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70.

En nuestro país, comunidades mayas luchan desde 2012 contra varias empresas multinacionales que obtuvieron licencia para plantar soya transgénica en sus territorios, afectando principalmente a los apicultores, debido a la deforestación y al uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los grandes productores de soya.

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Abandonados casi 30 mil ejidos en el País.

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Rafael García del Horno, secretario de Finanzas de la Fundación Mejoremos al Campo, manifestó que el ejido, presente en más de 105 millones de hectáreas es una “sombra” y que los ejidatarios viven en una especie de pesadilla, porque durante más de 20 años no se les da crédito ni asistencia técnica organizada ni le llega la tecnología ni les ofrecen programas de infraestructura.

La Fundación lamentó hoy, en el 142 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, el abandono en que se encuentran casi 30 mil ejidos en todo el país, que representan el 50 por ciento del territorio nacional. 

García del Horno, recordó a Emiliano Zapata, el líder moral del sector agrario, destacó que su lucha e ideales siguen vigentes, debido a que el campo mexicano sufre una de las peores crisis de su historia.

El dirigente campesino describió a un sector rural sumido en la pobreza, con pocas oportunidades para los jóvenes; un campo sin posibilidades de crecimiento y desarrollo por la falta de créditos y la descapitalización e invadido por compañías trasnacionales.

Consideró que México es un país que surgió de una reforma agraria que tiene ahora la responsabilidad de organizar a los ejidos minifundistas, que son los únicos que pueden garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.  

Recordó que desde 1992 en que se autorizó al ejidatario a vender su parcela solamente el 4 por ciento de las tierras ejidales se ha privatizado, y de ellas, sólo aquellas que tienen una posibilidad urbana o turística.

      Los robos a ejidatarios se han multiplicado desde Baja California hasta Quintana Roo, pues durante los últimos años se han reproducido los despojos de tierras, sobre todo las que se encuentran en litorales y las que tienen que ver con minas para extraer recursos naturales.

García del Horno acusó a empresas foráneas de apoderarse cada vez más de porciones del territorio mexicano y sostuvo que el robo de las playas mexicanas se ha acentuado, de lo cual es prueba el estado de Baja California donde los auténticos dueños de las zonas costeras, pescadores y ejidatarios, tienen prohibido hasta de caminar sobre su propia tierra, debido a que mediante argucias jurídicas la propiedad ha pasado a manos extranjeras, cuando la Constitución establece claramente que eso no puede ser a lo largo de los 100 kilómetros fronterizos y los 50 kilómetros cercanos al mar.

El fenómeno se da también en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Colima, Nayarit, Guerrero, Chiapas y otros estados donde existen empresas extranjeras que se roban hasta la arena de México, expresó.

Comentó que, en Cancún, en Baja California Sur, en el Mar de Cortés, Bahía de Kino, la zona Punta Diamante de Acapulco, Nuevo Vallarta, Playa del Carmen, Playa Marlín, playa El Caimancito, Chacala, Barra de Navidad, La Riviera Maya y otras muchas más localidades se han dado similares despojos de playas a campesinos.

Rafael García se pronunció por apoyar a los ejidos y comunidades y por frenar a empresas, principalmente canadienses y españolas, que se han dedicado en los últimos años a despojar de sus minas de oro y plata a los ejidatarios, a través de supuestos contratos avalados por la administración federal panista que ningún beneficio dejan a los campesinos del país.

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