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COLUMNA

LO LEGAL… ¿QUÉ HAY DE LA CONSULTA POPULAR DE ENJUICIAR A LOS PRESIDENTES?

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Por Yury Márquez Gómez
Twitter: @marquez_orwell

La consulta popular, en conjunto con otros instrumentos, como la iniciativa ciudadana, el presupuesto participativo o la revocación del mandato, constituyen mecanismos de intervención de los ciudadanos en asuntos públicos y/o de democracia directa.

En el caso de México se incluyeron mecanismos de participación directa, como la consulta popular y la iniciativa ciudadana, en la Constitución política a partir del año 2012. En ambas cámaras del Congreso de la Unión se llevaron a cabo reflexiones, debates y discusiones sobre la importancia y la necesidad de una reforma política que permitiera que la democracia, como forma de gobierno, se viviera y se apreciara en mayor medida y de forma más cercana e inmediata por los ciudadanos. Así, se aprobaron reformas a varias fracciones del artículo 35 constitucional tanto en 2012 como en 2014, siendo en este último cuando se promulgó y publicó la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del artículo mencionado, el cual otorga a los ciudadanos el derecho de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional.

Para la consulta popular del 1° de agosto, impuntualmente llamada de “juicio a expresidentes”, se cumple el inciso a) del apartado 1° y el 3°, de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, al ser el presidente López Obrador quien convoca al Congreso de la Unión, y al encontrar la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad de la materia de la consulta.

Diversas posturas se han manifestado en el Senado de la República.

La pregunta será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

En la Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular convocada por el Congreso de la Unión, la SCJN encontró necesario modificar la pregunta original para “hacerla congruente con el tema sobre el que se consultará a la población y purgarla de cualquier elemento que la vicie” (apartado 3°, fracción VIII, artículo 35 Constitucional) y optó por eliminar las referencias a los expresidentes. El máximo tribunal asumió que la materia de la consulta era el “esclarecimiento de los hechos del pasado” y justificó los elementos de la interrogante: “acciones pertinentes” al plantear que los votantes opinarían “sobre un tema de trascendencia general, correspondiendo a las autoridades determinar cómo actuar en consecuencia” (artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular).

En este sentido, sobre “con apego al marco constitucional y legal” indicó la necesidad de explicar que tales acciones encuentran “un límite en aquellos contenidos obligacionales, que están protegidos por los principios de seguridad jurídica y legalidad”; “para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos” al señalar que no se pregunta sobre “si quiere que se cumpla una facultad de ejercicio obligatorio”, es decir, las facultades de la Fiscalía para abrir una investigación, no son dependientes de ningún resultado en una consulta popular, sus acciones son autónomas y con apego un marco legal establecido, la consulta es sobre si se quiere que “se haga un desvelamiento del pasado, en términos amplios, mediante la creación de mecanismos complementarios”, y, finalmente, “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” al plantear que “la idea del esclarecimiento debe poner un acento en estos fines”.

El consejero Lorenzo Córdova aclaró que la noche del 1 de agosto se dará un informe sobre los resultados del conteo rápido, y el lunes se rendirá un informe en el Consejo General del INE ya con cifras de los cómputos oficiales.

“Lo que va a seguir es que, ya lo mencionaba, a partir de la noche de la elección, se darán los resultados del conteo rápido y los resultados de los cómputos oficiales de las juntas distritales se van a ir haciendo públicos conforme se reciban los paquetes en las horas posteriores a la elección; nosotros estimamos que en la tarde del lunes ya habremos recibido todos los paquetes y ya estará compilado. Se hará un informe al Consejo General y este informe con los resultados, el porcentaje de participación, los votos computados para el sí y los votos computados para el no, se harán del conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo establece la propia Ley de Consulta Popular”.

Según el apartado 2° de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, y el 64 de la Ley de Consulta Popular, se necesita que al menos el 40% del padrón electoral acuda a las urnas a emitir su voto, para que la decisión de la misma se vinculante.  Vinculante significa que la decisión que se tome en la consulta, obliga al Ejecutivo, al Legislativo y a todas las autoridades correspondientes a tomar acciones según sus facultades, para cumplimentar y satisfacer la demanda expresada a través de la consulta.  Estas autoridades serán exhortadas por la Suprema Corte.

Es decir, si al menos el 40% de la lista nominal votante participa en la consulta, y la mayoría se inclina por el SÍ de la boleta, todos los órganos y niveles de poder deberán empeñar esfuerzos para “esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, y esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos, no trae aparejada una apelación a procesos judiciales obligatorios, pues ello hubiera hecho a la consulta inconstitucional toda vez que no se puede vincular a los órganos procuradores de justicia, ni se limita a los expresidentes, y dicho esclarecimiento va enfocado a garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas, buscando resarcir daños y deslindar responsabilidades.

Y aunque no es el objetivo de la consulta, es cierto que el desarrollo de la investigación, dotará a la Fiscalía de muchísimos más elementos y pruebas para emprender las acciones legales que ella considere pertinentes dirigidas hacía los protagonistas de la investigación.

Pero si la Fiscalía no es la exhortada principal para emprender estas acciones pertinentes, ¿entonces quién? El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, consideró que la pregunta de la consulta, no obligaba al fiscal general de la República o al poder Judicial, sino que abría la puerta a la creación de mecanismos, como las comisiones de la verdad.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a la participación en el ejercicio y se posicionó a favor del SÍ en la búsqueda de “una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas”: “Hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas”.

Una comisión de la verdad es una comisión encargada de descubrir y revelar las malas acciones del pasado por parte de un gobierno con la esperanza de resolver los conflictos que quedaron en el pasado.  Muchos países de América Latina han usado esta figura en momentos complicados de su historia y constantemente toman decisiones cuando definen objetivos básicos como la verdad, la reconciliación, la justicia, la memoria histórica, la reparación y el reconocimiento, y deciden cómo deben cumplirse estos objetivos y cuáles necesidades deben ser atendidas.

Según una definición ampliamente citada: «Una comisión de la verdad se centra en los eventos pasados, en lugar de eventos en curso; investiga un patrón de eventos que tuvieron lugar durante un período de tiempo; se involucra directa y ampliamente con la población afectada, recolectando información sobre sus experiencias; es un organismo temporal, con el objetivo de concluir con un informe final; y está oficialmente autorizado o autorizado por el estado bajo revisión».

Como órganos ordenados por los gobiernos, las comisiones de la verdad constituyen una forma de «búsqueda oficial de la verdad». Por lo tanto, pueden proporcionar pruebas de delitos y abusos contra los derechos humanos y la seguridad nacional, y he aquí donde entraría la Fiscalía, en nuestro caso, a ejercer sus atribuciones y facultades, de conformarse dicha Comisión.  Pero lo más importante, podemos considerar, será ese acercamiento de la ciudadanía a los hechos políticos que inciden o incidieron directamente sobre ella y que, gracias a la corruptela, la impunidad y la gran distancia burocrática, se han mantenido sus perpetradores a la sombra y la salvaguarda de la ignorancia general, por décadas. 

Según el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Consulta Popular, la resolución tendrá efectos durante los tres años siguientes a su declaratoria de validez.

Si la mayoría de los votantes se inclina por el NO, ello no le quita facultades a la Fiscalía para emprender las investigaciones que considere necesarias, pero no habría un proyecto mayor de desvelamiento de dichos actos para la información pública.

En cambio, si no es posible convocar al 40% de los ciudadanos inscritos en el INE, la consulta no tendrá efectos vinculatorios. “Si no participa el 40%, bueno, no devienen vinculante los resultados, pero estoy seguro que celebraremos la participación más copiosa y la primera de muchas consultas. Las consultas parece que llegaron para quedarse, están en la Constitución y éste es un primer ejercicio, digámoslo así, que estoy seguro que por ese solo hecho ya será exitosa”, consideró el consejero presidente del INE.

En los últimos diez años, la legislación en México ha estado apostando por la vanguardia en el ejercicio de una democracia más limpia y cercana a su etimología con las implementaciones en su marco legal de consultas populares, iniciativas ciudadanas, eliminación del fuero presidencial, revocación de mandato, entre otras, pero no pueden construir por sí solas la dinámica democrática que necesitamos si no las invocamos y ejercitamos.  La plataforma legal se está construyendo y modificando con frecuencia, y a la par debemos conocerla para participar de ella y constatar los beneficios que en teoría ofrece, o bien pudiera ser todo lo contrario.  Que sea la experiencia social la que confirme o refute las exposiciones de motivos de estos mecanismos de participación ciudadana, y es que como ciudadanos, es derecho, pero también, obligación.

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