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COLUMNA

LO LEGAL… ICONIA EL ROBO DE MOVIMIENTO CIUDADANO A GUADALAJARA, LA HISTORIA LEGAL COMPLETA.

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Por Yury Márquez Gómez
Twitter: @marquez_orwell

Con altibajos mediáticos, el ahora llamado proyecto Iconia,  pero también conocido como Puerta Guadalajara o Plan maestro Huentitán, vuelve a estar en el punto rojo de la opinión de la prensa, las acciones de las asociaciones vecinales de la zona, los pronunciamientos de la comunidad de la Universidad de Guadalajara y el escarmiento en las redes sociales luego del levantamiento de las casas de campaña que resguardaban la zona donde se pretende dar inicio al desarrollo urbano Iconia, con el uso de la fuerza, la intimidación y atropellamientos varios, por parte de elementos de la Fiscalía del estado de Jalisco, quienes en la madrugada del jueves 19 de agosto pasado, llevaron a cabo el desalojo por mandato del Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito, según justificaron.  A primera hora de la mañana, al menos 200 manifestantes rodearon Casa Jalisco para increpar al gobernador sobre las acciones y violaciones a un sin fin de derechos que se están cometiendo gracias a los planes de este desarrollo inmobiliario privado.

Haremos un poco de historia para entender todo el espectro que rodea a lo que quiere ser un nuevo desarrollo urbano de departamentos y un hotel en la zona de la Barranca de Huentitán, un caso que aborda el tema ambiental, el político y el económico, cada uno estirando en una dirección distinta y menoscabando a toda la zona en un proceso, que cabe sorprenderse, ya lleva bastantes años.

El concepto de Área Natural Protegida (ANP) comienza en México en 1876 bajo el mandato de Sebastián Lerdo de Tejada  con la expropiación del Desierto de los Leones que hasta 1917 se convirtió en el primer parque nacional del país.  Jalisco por su parte, con el municipio de Guadalajara también comenzó a tomar medidas para la protección de sus áreas verdes, firmando acuerdos y decretos, y llevando a cabo actividades desde 1934 perfectamente consultables, y sobre la Barranca de Huentitán, los más importantes pudieran ser:

1. Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara y la Declaratoria de Reservas, Usos y Destinos de sus Áreas y Predios, promulgada por el Congreso del Estado el 30 de marzo de 1982, en donde considera a la barranca como área de conservación y se prohíbe cualquier tipo de construcción por debajo de la cota de los 1500 msnm.

2. Administración 1995-1997, Dentro del Plan Municipal de Desarrollo en 1995, se creó́ el Programa Rescate de la Barranca Oblatos-Huentitán.

3. Posteriormente se buscó declararla como Área Natural Protegida, con la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica el 5 de junio de 1997

4. Administración 1998-2000, realizó el Plan Integral de Manejo por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología para la Barranca de Huentitán, el cual fue aprobado y publicado en la Gaceta Municipal en diciembre del año 2000. Se efectuaron inventarios bióticos y se estableció un vivero de plantas nativas, entre otras varias acciones que ponen de  manifiesto que, a la par del Bosque de la Primavera, es una zona de suma relevancia que necesita la protección gubernamental para conservarla y beneficiar a toda la región con los aportes de su naturaleza.

En este momento la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) define a las ANP´s como:

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. Las cuales son porciones terrestres o acuáticas del territorio, representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.

Pero hoy por hoy, la Barranca de Huentitán todavía no es declarada ANP en los términos que se propusieron pues la iniciativa presentada aún no ha sido aprobada por el Congreso del Estado.

Barranca de Huentitán

Paralelo a los esfuerzos por resguardar la zona por la vía académica y jurídica, la construcción urbana ha ido expandiéndose hacia esta importante franja aparejando con ella los problemas propios de los asentamientos mal planeados, tales como altos índices de pobreza, delincuencia o deficiencias de transporte, razones primarias para que la voluntad del gobierno del municipio de Guadalajara emitiera una serie de acciones tendientes a recuperar la actividad económica y urbana de la zona, junto con el hecho de que el municipio se estaba despoblando y no anunciaba buenos panoramas de recaudación fiscal, según sus propias justificaciones. 

Dichas acciones comienzan con el Decreto D100/26/06 por medio del cual desincorporan del régimen público a una serie de predios cuya extensión ascendía a 267,813.91 m2 para donarlos al organismo público descentralizado de la administración pública municipal denominado CENTRO FERIAL DE GUADALAJARA, también creado en ese decreto.  El objetivo último del decreto era construir un centro ferial en esta área para dotar de actividad recreativa y comercial a la zona, trayendo consigo beneficios de infraestructura y empleo las comunidades aledañas.  No obstante, esta figura no prosperó y se deroga con un ulterior decreto, se presume por problemas de presupuesto ya que la obligatoriedad para darle vida y continuidad al proyecto, comprometía la deuda municipal.

El 19 de junio de 2008 se aprueba el decreto municipal D 54/17/08 en el cual se aprueba la celebración de un Convenio de Asociación entre el Municipio de Guadalajara y la empresa denominada Mecano América Sociedad Anónima de Capital Variable, sus subsidiarias y las personas morales designadas por ésta, para el desarrollo del Proyecto denominado “Puerta Guadalajara”, mediante la donación condicionada de un predio con tamaño de  136,495 m2. 

El contrato que se celebró, al ser de donación condicionada, obligaba a esta empresa española a construir una serie de obras a cambio de recibir el terreno, las obras que estaban descritas a detalle en el decreto, ascendían a una suma de más de 60 millones de dólares, y verdaderamente que el proyecto era atractivo desde los puntos de vista de reactivación económica, cultural, comercial y social, ya que contemplaba un hospital, escuelas, un museo de gran envergadura, parques, rehabilitación y reforestación de la zona boscosa aledaña, urbanización de cierta área especificada consistente de espacios públicos de jardines, parques, plazas y paseos peatonales, que complementen el proyecto global, siguiendo las directrices del Plan Parcial de Urbanización aprobado por el Ayuntamiento de Guadalajara, incluyendo de forma integral iluminación, ajardinamiento, mobiliario urbano, riego temporalizado, pavimentación y elementos de ornato, así como el mantenimiento vitalicio del parque lineal que iría en medio de la zona habitacional, entre muchos otros.

Proyecto Iconia

Parecía que el proyecto cubría muchas aristas de impacto benéfico para las comunidades de alrededor pues se beneficiarían de toda la infraestructura urbana, nuevos empleos cercanos a su domicilio, nuevas vías de transporte, un hospital, un centro cultural propio para eventos de gran escala las que acercaría a la cultura y al aprovechamiento del potencial derrame económico, también estaría en manos de particulares así que habría desahogo de las instancias gubernamentales en la construcción de las obras, no habría sido necesaria adquirir nueva deuda para construir el proyecto, a mediano plazo habría mayor recaudación de impuestos, la zona al ser económicamente atractiva, sería cuidadosa en la preservación del aspecto urbano, los particulares obtendrías sus ganancias, y todo sería maravilloso.

El decreto no eximía de realizar todos los estudios, informes técnicos, permisos y cualquier otro requisito para poder comenzar las obras que tenían plazos de entrega a más tardar 2010 el hospital, y 2012 el resto.

La empresa española dio en garantía un inmueble ubicado en España, y fue merecedora de esta confianza, quizá entre otras razones no manifestadas, el hecho de que el apoderado legal era un reconocido arquitecto español con trayectoria en desarrollos urbanos destacables en varios sitios del mundo: Juan Cano Forrat.

Pero nada de esto pasó, nada se licitó, nada se tramitó, nada de nada.

A partir 2012 el Ayuntamiento tapatío debió aplicar la sanción establecida en la Cláusula Décimo Tercera, del Convenio Marco de Asociación, por mora en la entrega de las obras que se darían como contraprestación a Guadalajara.  Incluso, en febrero de 2012, Grupo Mecano se asoció con nuevos desarrolladores y constituyó una nueva sociedad anónima con Grupo Hotelero Salamanca, sin el consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento, como puntualmente lo exigía el Convenio Marco de Asociación.  Desde el 1 de enero de 2014, el Ayuntamiento pudo ejercer la prerrogativa dispuesta en la Cláusula Décimo Cuarta del Convenio, referente a la penalización de 688 millones de pesos por incumplimiento total de las obras pactadas. 

Pero un cúmulo (aún impune) de complicidades entre empresarios y funcionarios del Ayuntamiento, ocasionó que no se realizara la recuperación del predio, ocasionando un daño al patrimonio de la ciudad.

Así pues, debido al tiempo trascurrido y a la presunta falta de ejecución de obras, el 13 de noviembre de 2015 mediante iniciativa con carácter de dictamen el entonces presidente municipal de Guadalajara y el entonces regidor Alfonso Petersen Farah (quien fuera titular del ejecutivo municipal en 2008), se emitió el acuerdo municipal A 04/04/15 que tuvo por objeto instruir a sindicatura municipal para que por conducto de la Dirección General Jurídica se iniciaran las acciones jurídicas para recuperar la posesión de los predios que se habían desincorporado del dominio público mediante decreto D54/17/08 para el proyecto Puerta Guadalajara, esto en virtud del evidente incumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas.

Entonces, el 26 de enero de 2016 se inició un procedimiento judicial mediante la presentación de una demanda mercantil ordinaria ante el juez de lo mercantil en turno del primer partido judicial en contra de la empresa y grupos financieros involucrados, acción jurisdiccional que recayó en el Juzgado Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial.

Según el dicho del director jurídico del municipio el juicio antes señalado tuvo contratiempos para efecto de poder emplazar y dar seguimiento a la demandada, lo que detonó que la persona moral mejor conocida como Mecano, buscara un acercamiento con el Ayuntamiento de Guadalajara con la finalidad de poder llegar a un acuerdo, en donde según el dicho del servidor público, se buscaran  mejores condiciones a favor del municipio, entre ellas el contar con garantías que fueran factibles de ejecución en caso de incumplimiento del convenio.

Derivado de dicho acercamiento, la sindicatura municipal a través de la Dirección de lo Jurídico Consultivo y Contencioso realizaron un análisis de la problemática en que se encontraba el juicio en cuestión, concluyendo que el juicio se alargaría por lo menos una a dos administraciones más, dado que se desconocía el domicilio legal del demandado Puerta Guadalajara, debiendo entonces ser emplazado por medio de Edictos lo cual hubiera empleado el término para comparecer a juicio y se tenía el riesgo de que si no compareciera en el juicio, posteriormente pudiera promover juicios de amparo que pudieran hasta determinar tal vez la reposición del procedimiento hasta el emplazamiento, aunado a que la garantía que existía y que fue otorgada por la sociedad mercantil Puerta Guadalajara era una hipoteca unilateral de un bien inmueble ubicado en Valencia, España del cual se desconocía su estado de conservación y que implicaba que una vez que se contara con una sentencia firme ésta se debía homologar ante el juez competente en aquel país (España) proceso que tardaría entre 1 a 2 años más, situación que obligaría a que el predio ubicado en la confluencia de la calzada Independencia y Periférico Norte siguiera en total abandono, sin que el municipio pudiera siquiera proceder a su intervención. 

Por lo anterior, el municipio de Guadalajara consideró factible dialogar y llegar a un acuerdo con la empresa involucrada, razón por la cual se presentó la iniciativa del entonces presidente municipal que culminó con la autorización del Decreto municipal número D331416 aprobado en la sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2016 publicado en la Gaceta Municipal el 26 de ese mismo mes y año, lo que a su vez derivó en que Sindicatura municipal iniciará el proceso de negociación con la empresa operadora hotelera para la suscripción de los convenios modificatorios que menciona dicho decreto los cuales fueron firmados el 9 de diciembre de 2017.

Las negociaciones que señala el ayuntamiento, argumenta, se llevaron a cabo buscando mayores beneficios no sólo al municipio, sino a la sociedad tapatía en general, en especial a los vecinos de la zona Huentitán, ya que las obras que se acordaron trataban de obras para mitigación de inundaciones, mejoramiento de espacios públicos, renovación y rehabilitación del Parque Natural Huentitán, realización del Parque Puerta de la Barranca, instalar puntos limpios, la repavimentación de vialidades primarias, la construcción de cruceros seguros, realizar equipamiento educativo y deportivo en la zona y la construcción de un parque lineal entre otros.  Y para todo ello, se emitió un decreto nuevo, el D 54/17/08, en el que se perdona al incupliente anterior, se designa nuevo, el plan se modifica, se reducen las obras, se asegura más garantía en caso de incumplimiento de contrato, se modifica el fideicomiso y se manda suspender el juicio que estaba en proceso.

Todo lo anterior lo manifiesta el municipio de Guadalajara luego de que la CNDHJ realizara un estudio sobre las quejas interpuestas por vecinos de la zona de Huentitán, y solicitara información y justificaciones a las múltiples dependencias de gobierno involucradas en el multicitado proyecto.

Sin embargo, las investigaciones periodísticas de principios de este año comenzaron a contradecir las razones que los departametos de gobierno asentaban como motivos fundados a la CNDHJ, por ejemplo, se descubrió la siguiente cronología que no concuerda con la buena fe con la que el gobierno municipal ha dicho se condujo.

En este momento el proyecto pertenece al mismo grupo que creó la empresa que adquirió el proyecto a Mecano de España pues se autocompró los derechos para seguir con el mega desarrollo.  Es decir, el primer actor que incumplió con el contrato, es el mismo que ahora tiene la titularidad del proyecto, no se concedió la obra a empresa de facto distinta. 

Operadora Hotelera Salamanca, quien compró los derechos iniciales de Puerta Guadalajara, S.A. de C.V., integrada por el Grupo Mecano que encabezaba Juan Cano Forrat, fue constituida en 2006 por Andrea Barajas Rodríguez y la empresa ICD-Sitra, S.A. de C.V. Como apoderado de la empresa fue nombrado Arturo Vizcarra Esparza.

El 06 de marzo de 2013, el mismo día, fueron constituidas Hoteles Riviera Deluxe, S.A. de C.V. y Riviera Colección, S.A. de C.V. Ambas sociedades tienen como representante legal a Arturo Vizcarra Esparza. Incluso en 2015, Riviera Colección y Operadora Hotelera Salamanca, se fusionaron.

En 2016, el entonces alcalde Enrique Alfaro Ramírez dio luz verde al nuevo convenio para la construcción de Iconia en terrenos municipales de la barranca a cambio de diversas obras. Y el propio Arturo Vizcarra Esparza firmó el acuerdo en representación de Operadora Hotelera Salamanca.

Un año después, en 2017, en una operación realizada ante el notario de Tlaquepaque Agustín Ibarra García de Quevedo (el mismo fedatario que constituyó casi todas las empresas del grupo empresarial), Salamanca vende el predio en 500 millones de pesos a Hoteles Riviera Deluxe, mediante la intervención de la fiduciaria Banco Interacciones. Quien recibe el terreno en el acto protocolario ante el notario, es el mismo Arturo Vizcarra Esparza, quien figura como apoderado de Salamanca.

En el acta constitutiva de Hoteles Riviera figura como socio Inmobiliaria, Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V.

Esta compañía, junto con ICD Sitra, creó la promotora de Inversiones Operadora Salamanca, que compraría los derechos de Puerta Guadalajara, a  Puerta de Guadalajara, S.A. de C.V. de la cual Juan Cano era presidente.

Arturo Vizcarra Esparza, es además integrante del consejo de administración de ICD Sitra, una empresa subsidiaria de ICD (Inmobiliaria, Constructora y Desarrolladora, S.A. de C.V.).

Juan Cano Forrat fue el creador de Puerta Guadalajara por medio de Mecano América, filial del grupo español Mecano del Mediterráneo SL. Es una firma que por sus abultadas deudas tuvo que irse a un concurso mercantil, técnicamente una quiebra.

Antes de que esto sucediera, Mecano transmitió los derechos de Puerta Guadalajara a Operadora Hotelera Salamanca y ésta rebautizó el proyecto como Iconia y a su vez ya vendió las 5.7 hectáreas a Hoteles Riviera.

Todos estos actos citados, son simulaciones que constituyen en sí mismas violaciones a lo contenido en los decretos firmados, y son motivo de rescisión de los contratos, pero el gobierno municipal no parece preocupado, por alguna razón.

Pudiera creerse que esta serie de hechos son suficientes para detener el avance del desarrollo dadas sus múltiples irregularidades, que no se sabía que eran tantas, hasta la investigación que hizo la CNDHJ en 2020 que produjo resultados irónicos.

Resulta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Jalisco, llevo a cabo una exhaustiva investigación e increpación a todos los probables responsables de las omisiones e irregularidades que emanaron de este proyecto urbanístico.  Exigiendo razones y documentación, permisos, licencias, posturas y explicaciones, logró que al final de la investigación y previo a la emisión de recomendaciones, los responsables del proyecto y las dependencias de gobierno involucradas, se pusieran al corriente con sus responsabilidades, al punto de que el grueso de las recomendaciones apunta a fortalecer el diálogo con la ciudadanía y cumplir con las normas ambientales y de seguridad con mayor diligencia puesto que no existen violaciones al uso de suelo por ejemplo, pero sí falta cumplimentar algunos estudios técnicos requeridos en las normas urbanas para el desarrollo de las obras.

Por otro lado, todas estas irregularidades judiciales o de normatividad no son la preocupación de la población quejosa de la Barranca de Huentitán y sus alrededores, las quejas a la Comisión y la razón que motiva las 14 demandas de amparo vigentes interpuestas al respecto, tienen que ver con la afectación atroz que implica talar un árbol más, en aras del acumulamiento económico para unos cuantos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación a raíz de un escrito presentado por un grupo de personas, quienes señalaron ser representantes de vecinos de las colonias Huentitán el Alto y Bajo, Lomas del Paraíso y Dr. Atl en contra de las autoridades municipales y estatales, bajo el argumento de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se suscitaban en la zona, en específico en torno al medio ambiente, por los cambios de uso de suelo y obras que impactaban directamente a este.

Nuestro gobierno reconoce a través de una publicación en sus portales que el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o los procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo vivo, seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a la acción humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural están vinculados con la biosfera; en este sentido, la dignidad, la autonomía y la inviolabilidad de la persona dependen de su efectiva defensa. En otras palabras, nuestra vida depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

El marco jurídico aplicable en materia ambiental en México es muy extenso, y en virtud de que se trata de una materia concurrente, con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está compuesto por normativa de carácter federal, estatal y municipal. No obstante lo anterior, existe un instrumento jurídico marco, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno en la materia. 

Existen otros instrumentos jurídicos relevantes en materia ambiental en nuestro país, como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre otras, y sus respectivos reglamentos.

Asimismo, existe una gran variedad de Normas Oficiales Mexicanas que son definidas en la Ley Federal de Metrología y Normalización como “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación” (artículo 3, fracción XI).

Y sobre los tratados internacionales que México ha celebrado y de los cuales  sido parte, transcribirlos tomaría quizá más de media página más.  El punto es que ni todo este marco ha podido resguardar una zona tan representativa y susceptible de protección ambiental como es la Barranca.

Cabe mencionar que en la investigación de la CNDHJ que derivó en su Recomendación 180/2020, a pesar de que sus recomendaciones tenían un halo de resignación y simple exhorto a la legalidad a través del cumplimiento de la normatividad y vinculación social, acepta que en primera instancia, nunca se debió construir asentamiento alguno en la plataforma que hoy son las colonias Huentitán el Alto y Bajo, Lomas del Paraíso y otras alrededor cuya delimitación expone con apoyos visuales geográficos de la zona, ya que toda la extensión a la redonda que bordea los límites de la barranca, es decir, su desfiladero, se llaman cuencas, unas especie de cunas donde es normal se recaude el agua que terminará dirigiéndose o cayendo por la barranca para alimentar al río Santiago, de aquí que se confirme otro gran temor de los vecinos que son las latentes inundaciones de las cuales ya sufren, y que seguramente se agravarían puesto que amplias zonas pavimentadas, impedirían la absorción de las precipitaciones de forma natural a través de la tierra.  Pero irónicamente, y quizá más fuerte preocupación por su inmediatez, es el abastecimiento de agua.

Siapa aún no ha presentado los estudios que se le solicitaron y son requisito para la viabilidad del proyecto, donde confirme que el abastecimiento de agua potable no será un problema, recordemos que hace unos meses la zona noreste del municipio de guadajara hubo una escacez de agua que se prolongó durante semanas, y que a lo largo de los últimos años se ha repetido cada vez con más frecuencia.  No se logran explicar los vecinos, ¿cómo es que se podrá abastecer a 1200 viviendad más si actualmente ya existe un problema de abastecimiento?  Y de poder abastecer al nuevo desarrollo urbano, implicaría que los vecinos de las colonias populares serían discriminados al momento de repartir el líquido cuando no hubiera suficiencia total.

La controversia no ha sido poca, y debido a todas las acciones que asociaciones vecinales y la comunidad universitaria están realizando, la lucha judicial y de manifestación pacífica no se detendrá, seguirá ocupando espacios en la prensa que estarán dando seguimiento a este controvertido proyecto lleno de irregularidades y afectaciones, pero sorprende el hecho de que con todo esto, la preventa de los departamentos está en marcha desde hace muchos meses.  Las páginas de internet, los sitios web, los comerciales de youtube, colocan al proyecto como la panacea de guadalajara, el desarrollo urbano idílico, lujoso y ecofriendly a la vez.

Los gobiernos en turno, que ya van muchos, gritan en campaña su intención de devolverle a la ciudad esos predios, pero ya en funciones los pretextos sobran para hablar del proyecto cual si fueran promotores comisionistas.

Lo cierto es que jurídicamente exiten todavía muchas vías por agotar, varias de las cuales están a la espera de resolución, y no se escatima en seguir colocando más, a modo de abarcar todas las rutas que desemboquen en el desistimiento de la obra.

Por otro lado, la misma fuerza está siendo empleada por los particulares para proseguir con su negocio, y el gobierno se muestra complaciente, omiso y pareciera que la voluntad del gobierno se reduce a los designios de una sola persona, aunque con tantas administraciones pasando de lejos y reculando el tema de Iconia, ¿de quién se tratará?

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