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OPINION

Hoy nos toca… hablar del derecho a la vida y al aborto.

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#HoyNosToca #JesúsFranciscoRamírezBañuelos #Coahuila #SCJN #Aborto #Derecho a la vida Hoy Francisco Ramírez nos relata qué fue lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la nación sobre la inconstitucionalidad de que los estados legislen la protección al derecho a la vida.

por Jesús Francisco Ramírez Bañuelos

Twitter: @ramirezbanuelos

En las últimas semanas la opinión pública se centró en observar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) sobre la inconstitucionalidad de criminalizar de manera absoluta el aborto en Coahuila —y por extensión en todo el país— y las limitaciones a la objeción de conciencia en la Ley General de Salud. Pero, pasó casi desapercibida otra resolución de ese mismo tribunal con igual trascendencia, respecto a la protección al derecho a la vida conforme lo consideraba la constitución de Sinaloa. Hoy nos toca explicar en qué consistió esta última resolución en la que se analizaron las acciones de inconstitucionalidad registradas con los números 106/2018 y 107/2018.

Primeramente quiero hacer una advertencia. En este espacio no me pronunciaré en ningún sentido sobre el aborto ni el conflicto entre el derecho a la vida y los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. La razón de mi omisión es que considero que más que ayudar confundiría a la claridad que pretendo que tenga esta exposición sobre la protección del derecho a la vida.

Hecha esa aclaración, es necesario iniciar diciendo que las acciones de inconstitucionalidad son medios de control constitucional, es decir, herramientas jurídicas que sirven para proteger la vigencia de la constitución federal. El objetivo es que no haya normas generales (leyes, artículos, disposiciones, preceptos e incluso frases de estos) que sean contrarias al contenido de la constitución general del país.

Enseguida, es importante conocer qué personas o instituciones pueden iniciar una acción de inconstitucionalidad. De acuerdo con el artículo 105 fracción II de la constitución mexicana, estas acciones pueden pedirse por:

1. El 33% de los miembros de la Cámara de Diputados si la ley es federal.

2. El 33% de los miembros del Senado si se trata de una ley federal o de un tratado internacional.

3. El presidente de la república, a través de su Consejería Jurídica, si se trata de una norma general federal o de alguno de los Estados de la república.

4. El 33% de los miembros del congreso de alguno de los Estados de la república, si la ley procede de ese mismo congreso local.

5. Los partidos políticos con registro federal, mediante sus dirigencias,  si se trata de leyes electorales federales.

6. Los partidos políticos con registro estatal, mediante sus dirigencias, si se trata de leyes electorales estatales.

7. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante CNDH), si se trata de leyes federales, estatales o tratados internacionales que violen derechos humanos.

8. Las comisiones estatales de derechos humanos, si se trata de leyes estatales que violen derechos humanos.

9. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, si se trata de leyes federales, locales o tratados internacionales que violen el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

10. Los institutos estatales de acceso a la información pública y protección de datos personales, si se trata de leyes estatales.

11. El Fiscal General de la República, si se trata de leyes federales o estatales en materia penal o procesal penal o que se refieran a las funcionales de esa fiscalía.

Ya que sabemos qué son y quiénes pueden pedir las acciones de inconstitucionalidad es oportuno señalar para qué se solicitan estas acciones. En esencia, estos procedimientos se piden para que la SCJN analice una ley, artículo, disposición o frase de alguno de ellos que los solicitantes consideran contraria a la constitución. La pretensión es que la SCJN determine si la disposición denunciada es vigente o no en el derecho mexicano. Si resulta contraria entonces dejará de aplicarse.

Pasando al análisis de las acciones de inconstitucionalidad registradas con los números 106/2018 y 107/2018 es necesario que precisemos que estas acciones fueron solicitadas por el 33% de los diputados del congreso de Sinaloa y la CNDH, con respecto al artículo 4º BIS A, fracción I de la constitución de ese Estado. La frase que los diputados sinaloenses y la CNDH consideran que contradice la constitución federal es la siguiente: “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte”.

Es decir, los diputados sinaloenses y la CNDH pidieron que la SCJN analizara si la constitución de Sinaloa puede o no proteger el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte. El resultado de las acciones de inconstitucionalidad mencionadas fue que la SCJN invalidó esa frase por considerar que es contraria a la consitución nacional.

Lo interesante y que quiero destacar son las razones por las cuales la SCJN determinó que esa frase es contraria a la constitución federal. Sintéticamente, el argumento de los ministros de la SCJN fue que Sinaloa —y por extensión cualquier Estado de la república— no tiene competencia para decidir a partir de qué momento y hasta cuando se protege la vida. El motivo de esta imposibilidad legal, según la SCJN, es que esa decisión compete únicamente a la constitución general de la república. Además, la SCJN señaló que no es constitucional darle la misma protección al embrión o al feto que la que se le da a una persona nacida.

Ahora bien, aceptando el argumento de la SCJN, el problema surge cuando analizamos la constitución federal y nos damos cuenta que en ninguno de sus artículos, disposiciones o frases se establece ese lapso de protección del derecho a la vida. Es decir, la constitución nacional no determina a partir de que momento y hasta cuando los poderes públicos y los particulares debemos respetar el derecho a la vida.

Además, es importante señalar que México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 4.1 señala que los Estados que lo firman protegen en general el derecho a la vida, a partir de la concepción. Sin embargo, México presentó una reserva —que es una posibilidad legal si es aceptada por el resto de los países firmantes como sucedió en este caso— en donde estableció que la decisión del momento a partir del cuál se protege a la vida es competencia reservada de cada país.

Entonces, cuando juntamos todas las piezas nos damos cuenta que internacionalmente México rechaza que sea otro país o institución quien señale desde qué momento se protege la vida. Esa decisión es únicamente de México. Asimismo, la SCJN señala que ninguno de los Estados de la república puede decidir sobre ese lapso, sino que eso es exclusivo de la constitución federal. Sin embargo, la constitución general de la república no establece el periodo de protección de la vida.

Como puedes darte cuenta, la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 106/2018 y 107/2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocasiona un problema de incertidumbre legal, puesto que al día de hoy en México sabemos que tenemos derecho a que se nos protega la vida, pero no sabemos cuando inicia ni cuando termina ese derecho. Es en cierto sentido, un derecho con contenido, pero sin temporalidad por absurdo que esto parezca. Conforme con la resolución de la SCJN esa protección está supeditada al proyecto de vida de las mujeres embarazadas o personas gestantes.

Considero que este tema seguirá siendo debatido y habrá posiciones divergentes al respecto. No obstante, en mi opinión sería benéfico que hubiera claridad legal respecto a la vigencia temporal del derecho de protección a la vida, ya que este es el sustento del resto de los derechos humanos.

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