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ECONOMÍA Y FINANZAS

No hay información sobre precios de tierras expropiadas para el Tren Maya: IP

Es lamentable que el gobierno federal haya optado por la vía de las expropiaciones pese al diálogo realizado con los hoteleros: IP

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Cancún, QR. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat Mancera, anunció que están analizando en conjunto con la Barra de Abogados de Quintana Roo el proceso de expropiación de tierras en tres municipios del estado, anunciado el lunes pasado por el gobierno federal.

Aseguró que hasta el momento no hay transparencia no sólo en la medida expropiatoria, sino en los distintos cambios de trazo e incluso en las modificaciones que ha habido en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es la dependencia encargada del proyecto.

“Esa expropiación obviamente va por el camino de negociar más rápido la adquisición de tierra para los nuevos derechos de vía del Tren Maya. Va a ser muy importante que las condiciones de la expropiación sean justas, que pueda intervenir el Colegio de Valuadores para que se determine un precio justo y real de esas tierras; si no, hay instrumentos jurídicos como el amparo, por eso estamos viendo que haya claridad en cuánto van a pagar”, expuso el dirigente empresarial.

“La petición del sector empresarial siempre ha sido sumar y cómo hacer que este proyecto realmente sea exitoso y en beneficio de todos. Sabemos que el tren ha tenido muchos retrasos, sabemos que han habido muchos cambios, siempre que se ha expuesto cómo van los trazos, siempre hay otros cambios y no hay una claridad en esto y por supuesto, que esto nos preocupa a los empresarios”, añadió.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, consideró lamentable que el gobierno federal haya optado por la vía de las expropiaciones pese al trabajo previo de diálogo realizado con los hoteleros.

“Es lamentable, porque el parecer ya se había llegado a unos acuerdos; según me comentan que incluso algunos colegas que también tienen terrenos en la zona sur del estado ya habían llegado a acuerdos con Fonatur”, dijo.

Consideró, sin embargo, que la medida pudo originarse por aquellos propietarios de tierra que no se localizaron o no estuvieron presentes en las negociaciones que se entablaron con Fonatur.

“Tengo entendido que es para ellos este decreto, sin embargo, si alguno de estos propietarios aparece, yo estoy convencido que el gobierno federal se va a sentar con ellos y van a llegar a una negociación. Hasta el momento el gobierno se había mostrado conciliador y a lo mejor están haciendo esto con la intención de que aparezcan los propietarios de tierra que no habían aparecido”, expuso el dirigente hotelero.

Contexto
Estas reacciones empresariales se dan luego de que el pasado lunes 17 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Declaratoria de Utilidad Pública, mediante la cual el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, oficializó la expropiación de 2.4 millones de metros cuadrados (240 hectáreas) de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos y Solidaridad para el tramo 5 norte del Tren Maya.

En el documento se enlistan las cuentas catastrales y las dimensiones de cada uno de los 198 predios de propiedad privada que serán expropiados por el gobierno federal, de los cuales 22 se encuentran en Benito Juárez, 142 en Solidaridad y 34 en Puerto Morelos.

En la declaratoria se establece además que los dueños de la tierra tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el DOF para manifestar lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas para acreditar su derecho.

Adelantan que procederán “a la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo convenio con los dueños de los mismos, de conformidad con el artículo 9 Bis fracción III de la Ley de Expropiación».

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ECONOMÍA Y FINANZAS

Entran ‘sin freno’ autos chocolate y apenas se regulariza el 2.5%

La regularización no llegan ni a 50 mil vehículos.Ven confusión, falta de infraestructura para registrar los coches y cuellos de botella

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En los últimos tres meses, desde que entró en vigor el decreto para la regularización de vehículos usados importados desde el extranjero, conocidos como ‘chocolate’, se ha regularizado únicamente el 2.5 por ciento de los 2 millones de unidades ilegales que han entrado al país, es decir, cerca de 50 mil coches, de acuerdo con cifras del gobierno y de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).

“La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez, anunció que las cifras hasta la semana pasada de regularización no llegan ni a 50 mil vehículos por parte del Registro Público Vehicular”, dijo en entrevista Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.

Los ciudadanos enfrentan problemas para registrar los autos importados por la falta de módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE), la escasa claridad sobre los trámites y la dificultad para encontrar citas, lo que ha generado que ‘coyotes’ estafen a la gente con la promesa de resolverles el trámite.

“Cada vez más nos da pauta para decir que el registro es un fracaso. Al estar regularizando el contrabando automotriz no se ha ejecutado ninguna acción para sellar la frontera, para impedir que entren los vehículos en contrabando. Se está alentando que ante este fracaso se prorrogue el decreto más allá del 20 de septiembre y todo esto nos está generando una espiral perversa”, aseguró Rosales.

Representantes del sector automotor en México advirtieron que el proceso de regularización ha sido muy lento y no resolvió los problemas de seguridad, esto luego de que el pasado 19 de enero el gobierno abriera la puerta a la regularización de autos usados importados con hasta más de diez años de antigüedad.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en lo que va del 2022 se han importado cerca de 76 mil 352 vehículos usados, lo que representa el 22.7 por ciento del total de ventas acumuladas de unidades nuevas, que suman 336 mil 841.

En el comparativo anual, el año pasado se importaron a México 167 mil 64 vehículos usados, un incremento de 34.4 por ciento respecto al 2020, tomando en cuenta el impacto de la pandemia por el cierre de fronteras y el comercio durante todo ese año.

Al comparar las ventas de unidades usadas contra vehículos nuevos del 2019, 2020 y 2021, significan un porcentaje de participación del 12.1, 13.1 y 16.5 por ciento, respectivamente, lo que revela que esos automotores han quitado participación a la industria de vehículos ligeros nuevos.

Afectarán ventas
La regularización de autos usados podría representar un problema a futuro para las ventas de automotrices como Nissan, GM, Mazda, Ford o Volkswagen, las marcas que lideran actualmente el mercado en México, tal como ocurrió del 2006 al 2011 cuando la oferta de autos usados o seminuevos superó la de vehículos nuevos.

“La presión se sigue acumulando. Estaríamos hablando que estarían saturando la oferta de vehículos usados y disminuyendo las posibilidades de venta de los vehículos legales”, señaló el líder de distribuidores automotrices.

Agregó, que según datos de la Secretaría de Economía, en 2011 y 2015 la introducción masiva de vehículos usados de Estados Unidos, disminuyó en 200 mil unidades las ventas de coches nuevos cada año. “De ese tamaño pudiera ser el efecto nuevamente”.

La entrada del nuevo decreto también impacta el negocio de empresas de venta de vehículos seminuevos como Kavak, Autocosmos, Automéxico y OLX, quienes han tenido que innovar y mejorar sus negocios para cumplir con las nuevas disposiciones legales y mejorar su rentabilidad.

Acusan que Falta claridad
El año pasado, el gobierno federal señaló que entre los objetivos del nuevo decreto de regularización de vehículos usados, importados principalmente desde Estados Unidos, era la creación de un padrón de identificación de autos irregulares vinculados a hechos delictivos por grupos criminales, principalmente en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

“No hay una estadística (de autos usados que han ingresado este año) porque la condición de ilegalidad no lo permite; sin embargo, lo que nosotros apreciamos en las ciudades de la frontera, en los puntos donde se venden los vehículos, es que cada vez hay más inventario de los mismos”, aseguró el presidente de la AMDA.

De acuerdo con datos de Hacienda, Economía y Seguridad Ciudadana federal, sólo en Baja California, uno de los estados más afectados por esta situación, circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, de los cuales, el 78 por ciento de autos usados puestos a disposición de autoridades ministeriales por delitos eran de origen extranjero o irregular.

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