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ECONOMÍA Y FINANZAS

El SAT embargaría a Elektra si no paga adeudo de 2,636 millones en 5 dias: Buenrostro

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Después de recibir una notificación por parte de la Suprema Corte, el SAT fija un plazo de 5 días para que el contribuyente notifique cuánto y cómo va a pagar su adeudo; sin embargo, en caso de no responder en ese tiempo, es cuando el SAT puede “utilizar distintos criterios de cobranza”, según explicó la titular de la dependencia tributaria.

Ciudad de México, 26 de enero. – Grupo Elektra, cuyo propietario es el empresario Ricardo Salinas Pliego, podría ser embargado en caso de no pagar en un lapso de cinco días la suma de más de 2 mil 636 millones de pesos en impuestos.

Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó que al momento de recibir una notificación escrita emitida por la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el SAT puede cobrar al contribuyente, en este caso Grupo Elektra; así como fijar cinco días para que este le diga a la dependencia tributaria cuánto y cómo se va a efectuar el pago. En caso de que se venza ese plazo sin ninguna respuesta, el SAT “puede utilizar distintos criterios de cobranza”:

“Normalmente cuando se hacen estos juicios, el contribuyente ofrece una garantía del crédito […] y podemos hacerla efectiva o proceder con alguna incautación o embargo de sus bienes. Nosotros creemos que no es necesario llegar a eso”.

A pesar de ello, Buenrostro reiteró que el SAT no puede tomar acción inmediata ante los distintos mecanismos de cobranza, o si quiera ya solicitar directamente el cobro, puesto que deben de esperar a que ambas partes reciban la notificación de la SCJN.

“Independientemente de que la Corte haya hecho una sentencia como todos los demás casos y en el caso de los amparos de carta porte,  el SAT no puede actuar hasta que se notifique legalmente. Nosotros tenemos que esperar una notificación por escrito, en el caso de Elektra, de la Corte […] mientras no llegue por escrito nosotros no podemos actuar”, explicó la titular del SAT en conferencia.

Cabe decir que la notificación que el SAT requiere por parte de la Corte no tiene una fecha tentativa puesto que, argumentó Buenrostro, la pandemia de la COVID-19 provocó un rezago en las notificaciones, por lo que la dependencia jurídica responde a las solicitudes en orden, por lo que no se sabe cuándo exactamente habría una respuesta escrita ante el caso de Elektra.

El pasado 19 de enero, la SCJN resolvió en la revisión del amparo 2497/2018, con tres votos a favor y dos en contra, que la revisión interpuesta por Grupo Elektra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al SAT.

El SAT señaló a Elektra por deducciones indebidas de inventario acumulable y pérdidas fiscales aplicadas siete años antes. Este caso inició en mayo de 2015 con una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pero debido a los recursos de amparo llegó a la Suprema Corte en marzo de 2018.

En febrero del 2021, Raquel Buenrostro informó que las empresas propiedad de Ricardo Salinas, de las que Elektra forma parte, deben alrededor de 40 mil millones de pesos por impuestos, cuyo pago busca evitar mediante diversos juicios.

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ECONOMÍA Y FINANZAS

Entran ‘sin freno’ autos chocolate y apenas se regulariza el 2.5%

La regularización no llegan ni a 50 mil vehículos.Ven confusión, falta de infraestructura para registrar los coches y cuellos de botella

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En los últimos tres meses, desde que entró en vigor el decreto para la regularización de vehículos usados importados desde el extranjero, conocidos como ‘chocolate’, se ha regularizado únicamente el 2.5 por ciento de los 2 millones de unidades ilegales que han entrado al país, es decir, cerca de 50 mil coches, de acuerdo con cifras del gobierno y de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).

“La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez, anunció que las cifras hasta la semana pasada de regularización no llegan ni a 50 mil vehículos por parte del Registro Público Vehicular”, dijo en entrevista Guillermo Rosales, presidente de la AMDA.

Los ciudadanos enfrentan problemas para registrar los autos importados por la falta de módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE), la escasa claridad sobre los trámites y la dificultad para encontrar citas, lo que ha generado que ‘coyotes’ estafen a la gente con la promesa de resolverles el trámite.

“Cada vez más nos da pauta para decir que el registro es un fracaso. Al estar regularizando el contrabando automotriz no se ha ejecutado ninguna acción para sellar la frontera, para impedir que entren los vehículos en contrabando. Se está alentando que ante este fracaso se prorrogue el decreto más allá del 20 de septiembre y todo esto nos está generando una espiral perversa”, aseguró Rosales.

Representantes del sector automotor en México advirtieron que el proceso de regularización ha sido muy lento y no resolvió los problemas de seguridad, esto luego de que el pasado 19 de enero el gobierno abriera la puerta a la regularización de autos usados importados con hasta más de diez años de antigüedad.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en lo que va del 2022 se han importado cerca de 76 mil 352 vehículos usados, lo que representa el 22.7 por ciento del total de ventas acumuladas de unidades nuevas, que suman 336 mil 841.

En el comparativo anual, el año pasado se importaron a México 167 mil 64 vehículos usados, un incremento de 34.4 por ciento respecto al 2020, tomando en cuenta el impacto de la pandemia por el cierre de fronteras y el comercio durante todo ese año.

Al comparar las ventas de unidades usadas contra vehículos nuevos del 2019, 2020 y 2021, significan un porcentaje de participación del 12.1, 13.1 y 16.5 por ciento, respectivamente, lo que revela que esos automotores han quitado participación a la industria de vehículos ligeros nuevos.

Afectarán ventas
La regularización de autos usados podría representar un problema a futuro para las ventas de automotrices como Nissan, GM, Mazda, Ford o Volkswagen, las marcas que lideran actualmente el mercado en México, tal como ocurrió del 2006 al 2011 cuando la oferta de autos usados o seminuevos superó la de vehículos nuevos.

“La presión se sigue acumulando. Estaríamos hablando que estarían saturando la oferta de vehículos usados y disminuyendo las posibilidades de venta de los vehículos legales”, señaló el líder de distribuidores automotrices.

Agregó, que según datos de la Secretaría de Economía, en 2011 y 2015 la introducción masiva de vehículos usados de Estados Unidos, disminuyó en 200 mil unidades las ventas de coches nuevos cada año. “De ese tamaño pudiera ser el efecto nuevamente”.

La entrada del nuevo decreto también impacta el negocio de empresas de venta de vehículos seminuevos como Kavak, Autocosmos, Automéxico y OLX, quienes han tenido que innovar y mejorar sus negocios para cumplir con las nuevas disposiciones legales y mejorar su rentabilidad.

Acusan que Falta claridad
El año pasado, el gobierno federal señaló que entre los objetivos del nuevo decreto de regularización de vehículos usados, importados principalmente desde Estados Unidos, era la creación de un padrón de identificación de autos irregulares vinculados a hechos delictivos por grupos criminales, principalmente en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

“No hay una estadística (de autos usados que han ingresado este año) porque la condición de ilegalidad no lo permite; sin embargo, lo que nosotros apreciamos en las ciudades de la frontera, en los puntos donde se venden los vehículos, es que cada vez hay más inventario de los mismos”, aseguró el presidente de la AMDA.

De acuerdo con datos de Hacienda, Economía y Seguridad Ciudadana federal, sólo en Baja California, uno de los estados más afectados por esta situación, circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, de los cuales, el 78 por ciento de autos usados puestos a disposición de autoridades ministeriales por delitos eran de origen extranjero o irregular.

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