Ciudad de México, 20 de mayo de 2025.– El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que el exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía, actualmente vinculado a proceso penal, y su familia, son propietarios de los camiones utilizados para el tráfico ilegal de hidrocarburos en los estados de Tamaulipas y Baja California.
La declaración fue realizada durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde el titular de la FGR detalló que los vehículos fueron fundamentales en la logística criminal del CNG.
“El expresidente municipal de Teuchitlán, que está ya procesado y en la cárcel, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, para mover esa droga, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Nueva Generación”, puntualizó Gertz Manero.
El fiscal señaló que tanto el caso de Tamaulipas como el de Baja California se encuentran entre los temas de mayor prioridad dentro del Gabinete de Seguridad nacional, por su complejidad y vínculos directos con el crimen organizado.
“Creemos que, antes de que termine el mes de junio, tengamos ya toda la cadena de responsabilidades, que viene desde que se compró [el combustible] en los Estados Unidos hasta donde fue localizado por las Fuerzas Armadas Mexicanas”, explicó.
José Ascensión Murguía fue vinculado a proceso penal a inicios de mayo por los delitos de omisión y delincuencia organizada, con agravantes por tratarse de un funcionario público. La investigación está relacionada con actividades ilegales detectadas en el Rancho Izaguirre, donde autoridades federales identificaron operaciones del Cártel Nueva Generación.
Murguía permanece en prisión preventiva oficiosa durante el desarrollo del proceso judicial. La FGR investiga ahora la participación de sus familiares directos, quienes figuran como propietarios de la flota vehicular empleada para el traslado ilícito de hidrocarburos en distintas entidades del país.
La Fiscalía adelantó que se continuará el rastreo patrimonial y la integración de más pruebas para establecer la cadena de complicidades, en lo que podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión y procesos judiciales en las próximas semanas.
