En Jalisco, los municipios que no publican sus sesiones de Cabildo —ya sea en transmisión o mediante las actas oficiales— están incumpliendo obligaciones legales de transparencia, lo que puede derivar en sanciones económicas, amonestaciones públicas e incluso medidas administrativas.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco, las sesiones de Cabildo deben ser públicas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. Además, los ayuntamientos están obligados a publicar las actas correspondientes, garantizando que la ciudadanía pueda consultar el contenido de las decisiones que toman sus autoridades.
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear medidas de apremio y sanciones establecidas en la Ley General de Transparencia. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) es la autoridad encargada de vigilar y sancionar a quienes omitan información fundamental.
Un ejemplo reciente se registró en mayo de 2025, cuando el ITEI multó al presidente municipal de Quitupán con tres sanciones equivalentes a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cada una, sumando alrededor de 6,786 pesos, por no publicar información clave en el portal de transparencia municipal.
Las sanciones no solo implican multas, sino también amonestaciones públicas que afectan la reputación de los gobiernos locales. Organizaciones civiles han señalado que esta omisión limita el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre cómo se toman las decisiones que afectan a sus comunidades.
