La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que entre el 6 de diciembre de 2024 y el 27 de agosto de 2025 se han realizado operativos en cien centros de rehabilitación, conocidos como anexos, en 22 municipios de la entidad. Estas acciones han tenido como objetivo cumplimentar órdenes de aprehensión, localizar personas desaparecidas, verificar el cumplimiento de la ley en dichos establecimientos y garantizar los derechos de las personas internas.
De acuerdo con la institución, cerca de mil 500 personas han sido atendidas durante los operativos, quienes además recibieron información sobre qué hacer en caso de ser víctimas de algún delito. En el balance de resultados, las autoridades reportaron la localización de 12 personas con denuncia por desaparición, el aseguramiento de cinco inmuebles para continuar investigaciones y el cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio calificado, tentativa de homicidio, violación, lesiones, robo, fraude y robo equiparado.
Las intervenciones se han concentrado principalmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, con 21 centros inspeccionados en la capital, 16 en Zapopan, 13 en Tlaquepaque y 7 en Tonalá, aunque también se han realizado en municipios como Cihuatlán, Chapala, Autlán de Navarro, Ameca, El Salto y Lagos de Moreno, entre otros.
En los operativos más recientes, llevados a cabo el 26 y 27 de agosto en Guadalajara y Zapopan, se clausuraron dos anexos por irregularidades y falta de licencias municipales. En la colonia Las Conchas, Guadalajara, fueron reintegradas a sus familias 29 personas, mientras que en la colonia Mesa de los Ocotes, Zapopan, regresaron a casa 51 internos. En este último caso, la clausura se dio tras una inspección en la que no se confirmaron denuncias de maltrato, pero sí se detectaron irregularidades administrativas.
La Fiscalía destacó que los operativos se realizan en coordinación con la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, inspectores municipales y las vicefiscalías de Personas Desaparecidas, Investigación Regional y Concertación Social. Con estas acciones, la dependencia asegura que se busca no solo perseguir delitos, sino también garantizar que los anexos funcionen de manera legal y respeten la dignidad de las personas que se encuentran en proceso de rehabilitación.
