México sufrió una derrota legal a finales de la semana pasada, cuando el panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) falló en contra de las restricciones impuestas por el gobierno mexicano al maíz genéticamente modificado. El fallo concluyó que las medidas adoptadas no están basadas en criterios científicos y violan los compromisos establecidos en el tratado de libre comercio.
El conflicto surgió a raíz de un decreto presidencial emitido durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que prohibió el uso de maíz transgénico en el país. Este decreto afectó tanto el consumo humano como la utilización del maíz en la alimentación animal e industrial. La decisión de la Unión Americana otorga a México un plazo de 45 días, a partir del 20 de diciembre, para revocar la prohibición y permitir la importación de maíz genéticamente modificado.
El impacto de esta resolución tiene importantes implicaciones para Jalisco, el principal productor nacional de grano forrajero, con 4.58 millones de toneladas anuales, y el segundo en producción de maíz para consumo humano, con 3.5 millones de toneladas al año. La obligación de permitir el uso del maíz transgénico podría afectar la competitividad y las prácticas agrícolas en el estado, además de generar controversia entre los productores locales que defienden la producción tradicional.
El gobierno mexicano deberá actuar en consecuencia para cumplir con las medidas interpuestas, lo que podría implicar ajustes en las políticas agrícolas y comerciales del país.
