El presidente Andrés Manuel López Obrador ha levantado polémica con su reciente acusación de un presunto «Golpe de Estado Técnico» por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Esta declaración ha generado intriga y confusión entre la población.
Se cuestiona el hecho de que el propio mandatario, quien en su toma de posesión juró «Guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen», esté violando ese juramento al señalar directamente a la Corte. Es importante recordar que corresponde al Congreso de la Unión recibir propuestas de leyes y reformas constitucionales para su análisis y aprobación, en caso de ser procedentes.
Millones de mexicanos que defienden la democracia rechazan la postura del Jefe del Poder Ejecutivo, considerándola precipitada e irracional. Se inclinan a pensar que su incapacidad y falta de fundamentos jurídicos son evidentes, mostrando así su inaptitud para gobernar a un pueblo al que subestima.
Esto podría deberse a su limitada formación académica, adquirida en su juventud, lo que le lleva a gobernar de forma empírica y basada en decisiones impulsivas. Es fundamental recordarle que recibió el gobierno de un México en paz, enmarcado en el respeto a la Constitución, y se espera que lo devuelva de la misma manera.
El gobierno de López Obrador ha llegado a un punto de desacato constitucional preocupante. Persiste en su queja de que los ministros de la Corte no le permiten sobrepasar los límites establecidos. Sin embargo, es evidente que el presidente ha demostrado una actitud de «aceptar sin conceder», superando los límites establecidos con un enfoque prepotente.
Es crucial tener en cuenta que el señor presidente se encuentra en la fase final de su mandato, con solo un año y algunos meses restantes en el cargo. Ya no es momento de intimidar a nadie. Es el año en el que se espera que se inicie el proceso de transición hacia la sucesión presidencial. No es apropiado lanzar expresiones contra aquellos que le cuestionan y señalan sus errores. La gestión al frente del país ha dejado mucho que desear para la mayoría de los ciudadanos.
Un ejemplo de ello es la indignación de los familiares de más de 156,000 personas asesinadas por la delincuencia organizada en tan solo cuatro años y medio de gobierno. Se cuestiona por qué su administración permite estas masacres, especialmente cuando se cuenta con la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y miles de policías estatales y municipales desplegados en todo el país.
Además, se han evidenciado graves fracasos en programas de salud a nivel nacional, con un saldo lamentable de 700,000 muertes debido al manejo deficiente de la pandemia de Covid-19. Este brote se produjo inmediatamente después de la desaparición del Seguro Popular.
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