agosto 9, 2022

“Alito” se dice transparente. Pues no. Ni en el PRI saben de dónde viene su riqueza

Ciudad de México/ 7 de julio de 2022. – El dirigente priista ha dicho además que todas sus declaraciones patrimoniales son públicas. SinEmbargo consultó a su equipo y la respuesta fue que está la de 2021, pero de las anteriores se desconoce “el manejo”. Los señalamientos de presunta corrupción que enfrenta el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, tienen como origen su actuar como Gobernador de Campeche (2015-2019).

Desde finales de 2019 pesa sobre él una indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto enriquecimiento ilícito por el crecimiento de su patrimonio. El priista ha negado todo y acusa ser un perseguido político. La realidad es que actualmente sólo hay dos documentos: uno, su declaración 3 de 3 que no está ubicada en el sitio oficial y otra, la única oficial que data de 2021. Con ese único documento no es posible conocer a detalle la evolución de su patrimonio.

Al solicitar la documentación al equipo de comunicación social del PRI, la respuesta es que está la de 2021 y de las anteriores se desconoce “el manejo”, a pesar de que esta misma semana Moreno Cárdenas aseguró que todas eran públicas y estaban disponibles.

En su última declaración patrimonial, la de 2021 presentada a la Cámara de Diputados, la cual se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, Moreno Cárdenas reportó tener 11 terrenos, todos adquiridos al contado entre 2012 y 2021, por un monto de 2 millones 938 mil 848 pesos y dos casas, compradas en 2014 y 2016 también al contado, con un valor de 9 millones 714 mil 610 pesos.

Además dijo tener una motocicleta Indian tipo chieftime elite por un valor de 482 mil 380 y otra, una Harley Davison Black Tempest con un valor de 440 mil 800 pesos. Ambas las compró en 2018, ambas al contado. De igual forma reportó una Grand Cherokee limited de lujo y una Suburban, con precios de 450 mil y 580 mil pesos, que compró en 2015 al contado.

Reconoció tener un menaje de casa con un valor de 2 millones 100 mil pesos, adquirido en 2020, y un reloj de mano de 180 mil pesos.

El documento fechado en septiembre de 2015, es de la entrada de Alejandro Moreno al Gobierno de Campeche. Reportó ingresos anuales por 1 millón 184 mil 196 pesos por cargos públicos y 4 millones 122 mil 552 pesos de “otras actividades” que engloban dinero obtenido por arrendamientos, regalías, concursos o donaciones. Incluyó 600 mil pesos como ingresos anuales de su esposa.

En el aparado de bienes inmuebles, declaró 13 terrenos y dos predios en construcción. Todos ubicados en Campeche y adquiridos entre 2012 y 2015. Además sumó una casa en la Ciudad de México como una donación hecha a su esposa en 1995.

Informó a las organizaciones que impulsaron ese entonces la iniciativa 3 de 3 que le pertenecían una camioneta Jeep, una Suburban y un Mini Cooper; los primeros dos adquiridos en 2014 y el tercero en 2010.

Pero es todo, no se conoce a detalle sus ingresos en el periodo entre esos dos años, si realizó algún tipo de adquisición o venta.

El día de ayer, por ejemplo, el diario Reforma dio a conocer que declaró un valor de 5.3 millones por 15 propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales tenían un valor real de casi 103 millones de pesos, pero además, ahora suma 23 bienes inmuebles.

El medio citó dos diferentes investigaciones de la FGR y de la Fiscalía de Campeche. La primera, la mencionada en 2019, donde el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, lo denunció por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche. Y la otra, de este año, que contempla una lista de inmuebles que han sido sujetos de peritajes y que ya suman 23.

Una de estas propiedades fue la cateada esta semana en Campeche. La cual tiene mármoles, alberca y jardines tropicales; enormes habitaciones y gran extensión territorial.

LAS INCONSISTENCIAS 

Además de estas inconsistencias, están las más de 40 revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al dinero que el Gobierno federal entregó a Campeche para impulsar el sector salud, educativo, para la infraestructura de la entidad y el reforzamiento de la seguridad, durante la gestión del actual dirigente priista.

En 2015, año en que entró Moreno Cárdenas, el monto de las anomalías ascendió a 55 millones 349 mil 239 pesos; para 2016 ya fue de 138 millones 567 mil 803 pesos, un incremento de 149.9 por ciento de un año a otro.

Los años siguientes la tendencia fue la misma: para 2017 las irregularidades fueron por 297 millones 973 mil 145 pesos y para 2018, año de elecciones presidenciales, la cifra aumentó a 783 millones 588 mil 648 pesos.

Los hallazgos de la ASF son desde pagos indebidos a trabajadores estatales con dinero destinado a educación; millones de pesos que simplemente no se utilizaron pero que no estaban localizados en las cuentas federales; subejercicio; dinero para “becas” y “premios” no autorizados; dinero etiquetado en salud para pagar nómina estatal; compra de electrodomésticos con dinero para infraestructura; transferencias no reconocidas y pago a proveedores fantasma con dinero del sector salud.

También se utilizó ese dinero federal para el pago de obras que no se realizaron y otras que nunca operaron; sueldos de trabajadores fantasma; pagos sin comprobar; pagos funerarios con dinero de educación básica y normal y otro tanto de dinero, la ASF detectó que sin justificación las autoridades estatales solamente lo tomaron de las cuentas federales.

LA ASF COMO TESTIGO

El 2016 fue el primer año completo que gobernó Moreno Cárdenas. Algunas de las anomalías, que rebasaron los 138 millones de pesos, fueron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados con 26 millones 384 mil 583 pesos de recursos no aplicados o de un Convenio realizado con la Secretaría de Salud (SSa) se detectó que se realizaron transferencias por 64 millones de pesos a una cuenta bancaria que no acreditó el uso del dinero para el programa del Seguro Popular y que tampoco fueron reintegrados.

De ese mismo convenio, otros 8 millones 074 mil 794 pesos fueron utilizados para pagar mantenimiento de equipo médico pero de los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.

Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades, 10 millones 534 mil 163 pesos fueron para pagar obra que no fue ejecutada.

Algunas de las irregularidades de 2017 que fueron por más de  298 millones de pesos, se detectaron en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo: 21 millones 559 mil 318 pesos  se utilizaron para pagar a trabajadores que estaban de comisión sindical; pagos duplicados; pagos a trabajadores que ya estaban dados de baja y a 97 que nunca fueron localizados en los centros de trabajo.

Del programa de Fortalecimiento Financiero, 155 millones 118 mil pesos quedaron pendientes de aclarar ya que la ASF reportó que el Gobierno estatal hizo aportaciones a tres universidades, el problema es que debía entregar ese dinero de las arcas propias y no con el dinero federal.

Otra anomalía que resalta es la del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud: se causó un probable daño al erario por 112 millones 820 mil 840 pesos por el pago a 393 personas de las que no hubo prueba de que trabajaron en algún área médica de los Servicios de Salud durante 2017.

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