El dirigente agrario, Lorenzo Magaña Pérez (der) en imagen de archivo. Foto Coduc

Un comandante de la policía estatal se acercó a los manifestantes a quienes amenazó con el uso de la fuerza pública en caso de que no liberaran los accesos. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

El homicidio de Edgar Fernando Salmerón Feliciano ocurrió en el barrio de San José, en Chilapa de Álvarez, Guerrero; el ex funcionario fue agredido afuera de su domicilio. Foto Cuartoscuro / Archivo

Arranque de los trabajos de limpieza y restauración del río Atoyac, en Tlaxcala, el 22 de marzo pasado. Foto Cuartoscuro

Estamos en una época en que la justicia está en el centro del debate nacional; el presidente Andrés Manuel López Obrador un poco antes de concluir su mandato (encargo, como él dice) dejó para dar continuidad a la Cuarta Transformación, un proyecto de reformas a la Constitución y a leyes secundarias, que modifica a fondo todo lo relativo a este asunto; el cambio no es menor, consiste nada menos en que a partir de la aprobación de la propuesta, lo que ya sucedió, los integrantes del Poder Judicial serán electos por el voto popular y la primera vez que esto sucedió fue el 1º de junio de este año.

El domingo recién pasado, en todo el país, los ciudadanos salimos a ejercer nuestro derecho a votar para elegir por vez primera ministros de la Suprema Corte, a quienes integrarán los tribunales colegiados y a quienes ocuparán de ahora en adelante todos los juzgados federales en el país. El tema no es menor, fue un gran paso, el cual, después de muchas dificultades, críticas, obstáculos y debates, se logró dar. El Poder Judicial federal de ahora en adelante será electo como ha sucedido desde hace años con los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo.

El acontecimiento merece algunas reflexiones; sabemos que el Poder Ejecutivo está en manos de una sola persona que es el presidente de la República, su misión es hacer cumplir las leyes, manejar el presupuesto, tiene a su cargo las relaciones internacionales y ejerce el mando sobre las fuerzas armadas; el Legislativo está a cargo del Congreso de la Unión, integrado por las cámaras de senadores y diputados, su misión principal es discutir y aprobar las leyes, el presupuesto público y los tratados internacionales; estos dos poderes son bien conocidos, se habla mucho de ellos y los medios frecuentemente, casi diariamente, se ocupan y nos mantienen informados de lo que hacen y dicen.

En cambio, del Poder Judicial no se sabía mucho, pero ahora las cosas son distintas; López Obrador no sólo fue un crítico severo de este poder si no que en un acto político trascendental, de tarea nos dejó a todos modificarlo a fondo. En cuanto a su origen, propuso que, en lugar de los complicados procedimientos para designar a sus titulares, sean electos por el voto popular.

Desde su presentación la propuesta fue criticada y luego, durante el proceso de aprobación y de modificación legislativa, se presentaron obstáculos de diversa índole, desde una lluvia de amparos hasta manifestaciones públicas y un paro de labores que duró un par de días.

La crítica más constante que se esgrimió desde dentro del Poder Judicial a esta propuesta fue que la intención oculta era obtener el control político de los juzgadores y como consecuencia la pérdida de su independencia requisito indispensable para una buena administración de la justicia.

No es así, es importante insistir en que, en primer lugar, es un paso adelante en la democratización del país, puesto que, en efecto, el Poder Judicial era una especie de isla aristocrática en medio de un mar democrático; desde ahora la legitimación de los juzgadores se funda en el voto, lo cual iguala al Poder Judicial con el Legislativo y Ejecutivo; el proyecto fue aprobado y ya tuvo lugar la revolucionaria primera elección de todo el Poder Judicial federal y en unos 15 días sabremos quiénes lo integran.

En cuanto a la independencia del Poder Judicial, ésta se fortalece con la reforma, puesto que de ahora en adelante ya no serán designados mediante procesos poco claros y en el fondo gremiales y aristocráticos, a partir de la reforma en su designación intervendrá el pueblo soberano, con lo cual queda claro que no tienen compromisos con nadie.

En cuanto a su independencia, que consiste en que, para dictar sus resoluciones o sentencias, los juzgadores lo puedan hacer sin influencias externas, sin presiones y de acuerdo con la ley y con su conciencia.

La independencia judicial, bien vistas las cosas, no depende de nadie si no del propio juzgador, es él quien al resolver un caso debe tomar en cuenta únicamente los hechos que se acrediten ante él y lo que dicta la ley aplicable a estos hechos. No hay independencia cuando no ser atiende a la conciencia y al criterio propios, sino que se resuelve por alguna causa externa, generalmente se pierde la independencia o por temor a una amenaza o por corrupción, cuando se recibe un soborno para resolver en el sentido que el que paga quiere.

El juez puede ser constreñido por temor o por codicia y sólo de él depende actuar con libertad y sin temor, sobreponiéndose a las dos formas de presión para resolver en un sentido contrario a la justicia que no es otra cosa que dar a cada quien lo suyo o lo que le pertenece, sanción a los culpables y reconocimiento a sus derechos a los que son titulares de ellos.

El refrán que da título a este artículo para justicia alcanzar se requiere tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar.

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En Veracruz se reportaron varias incidencias durante el desarrollo de la jornada electoral del Poder Judicial. Foto Eirinet Gómez

Cierre de casillas de la elección judicial en una escuela de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo