Como nunca en la historia de nuestro país asistimos al despertar de los contrapesos federales, uno donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierte en un personaje público, mediático y político frente al ejecutivo y al legislativo.
Dándose esto bajo el lamentable contexto de la actitud prepotente y servil de los grupos parlamentarios afines a la Presidencia de la República, quienes han legislado fuera de todo protocolo en favor de los objetivos del presidente López Obrador. Momento inédito también por el grado de cinismo por el cual, apelando a su supuesta legitimidad por ser mayoría en el Congreso, han aplastado un proceso parlamentario para legislar sin debate, sin oposición, con dispensa de trámite y obvia resolución al estilo de un politburó.
Siendo ese el contexto de colusión entre el ejecutivo y el legislativo, la arena política de este sexenio está generando condiciones para que el poder judicial se posicione como un actor clave en la relación que el régimen actual dispone para prevalecer su interés. La reingeniería institucional llevada a cabo por el presidente Ernesto Zedillo el 1 de enero de 1995 (decisión que en el sistema de valores actuales seguramente sería juzgado como golpe de Estado) casi treinta años después parece estar generando el rédito que nuestra república necesitaba para verdaderamente materializar la división de poderes.
Recordando que en aquel entonces la Suprema Corte fue clausurada durante un mes y por orden presidencial se procedió con la jubilación inmediata de 26 ministros, para reducirlos en número a 11. Se creó también el Consejo de la Judicatura, se incorporaron los recursos de controversia constitucional, de acción de inconstitucionalidad y se fijó una temporalidad máxima para el ejercicio del cargo.
Volviendo a la actualidad, la Suprema Corte hoy presidida por la ministra Norma Piña Hernández ha estado enfrentado y esclareciendo las acciones que los otros dos poderes han estado improvisando en razón de supuestos intereses prioritarios o de seguridad nacional; haciéndolo de forma magistral ya que han evidenciado la forma y fondo en que los decretazos del gobierno federal han sido engendrados muy lejos del espectro del Estado de derecho.
También, pese al embate de una agenda mediática de persecución contra los ministros sensatos (incluso agregaría, debidamente titulados) que tiene a manifestantes acampados fuera de la sede de la Corte, que vimos tomar forma de quema pública de efigies y ahora hasta una discusión digna de vecindad en la que mensajes compartidos a través de WhatsApp (recursos que agota el oficialismo para desacreditar lo poco que queda de integridad en el nivel federal); estas figuras de sanidad republicana resisten con nombre y apellido, empezando por la ministra presidente acompañada por los ministros Javier Laynez, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayan quienes han dado muestra de fortaleza institucional y de integridad profesional para defender al país de arbitrariedades.
Vaya a ellos un reconocimiento público y político como no lo ha hecho en todo el sexenio la oposición partidista, ni siquiera en sus integrantes del Congreso de la Unión cuyo posicionamiento con el régimen es ambivalente según sea el caso. Por otro lado, es deshonroso que Yasmín Esquivel continúe ocupando un cargo para el cual no está legítimamente acreditada. Es vergonzoso que Loretta Ortiz secunde los intereses de la Presidencia con lealtad facciosa. Es risible que Arturo Zaldívar continúe en esa actitud ramplona defendiendo lo indefendible en medios ajenos a una persona de su edad y cargo. Es ridículo que en cada sesión donde una sentencia de la Corte reviente las ocurrencias del gobierno federal y sean siempre ellos tres quienes votan alineados al interés presidencial.
El tiempo que vivimos es una experiencia inédita en el equilibrio de poderes de nuestra república. ¿Lo es para bien?, definitivamente sí. Esta es la interacción que debe normalizarse en la vida política y que debería escalar hacia abajo en el federalismo hasta alcanzar lo municipal.
¿Conviene incorporar una nueva serie de mecanismos de designación de los ministros como el que sean sometidos a elección popular? Quizá en algún momento, pero no ahora. Quizá cuando el federalismo mexicano deje su hábito centralista y la soberanía de las entidades les exija dinamizar sus propios equilibrios de poder. Quizá cuando las candidaturas superen ese carácter popular-vulgar de apelar al arrastre de las masas. Será cuando esté lista para dar cabida a las candidaturas por méritos, formación y capacidad, cuando no necesitemos agotar la representación proporcional para encontrarle espacios al perfil que requieren los jueces, no los de un candidato que sepa bailotear en plazas y emular los discursos grandilocuentes de la era del hiperpresidencialismo.
No estamos listos para eso, pero lo que no esperábamos y nos está haciendo mucho bien es el despertar político del poder judicial en el momento en que más lo necesitamos.
Post scriptum: estamos a quince días de la elección en Coahuila y en el Estado de México, el momento previo al destranque de los ánimos por definir las candidaturas en todo el territorio. Gran expectativa genera esta elección porque cerrará el cálculo para lo que anticipamos en 2024. En verdad y ojalá los partidos de oposición encuentren los tamaños para ser competitivos frente al régimen, desde lo que deben representar al electorado y a la sociedad. El ejemplo lo encuentran en los ministros, lo que dudo es que compartan el carácter.
Rodrigo Mariaud
Twitter: @RodrigoMariaud
Maestro politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, chilango de origen y jefe de la Unidad de Socialización y Calidad de Vida – Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad – Gobierno de Guadalajara
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