por Jesús Francisco Ramírez Bañuelos
Twitter: @ramirezbanuelos
Y ahora aparecen los libros de texto en la discusión pública. Se trata, una vez más, de la disputa ideológica llevada a todos los ámbitos; lo que debería ser público y generalizado se ha vuelto sectorizado y oculto.
¿Por qué nos interesa hablar del tema? Porque son muchos los dimes y diretes y pocas las certezas. De hecho, es más bien la ausencia de información la que ha distraído, otra vez, la atención de la opinión pública de los graves problemas nacionales.
No, no hablamos de los libros de texto gratuitos porque hayan disminuido las muertes, las desapariciones forzadas o los feminicidios sino que nos enfocamos en este tema precisamente porque lo demás está empeorando.
Y no es que los libros de texto gratuito, una herramienta de la educación pública mexicana inaugurada en los sesenta, no sean importantes. Pero es evidente que no son lo más importante, ni siquiera en la educación. ¿Por qué? Porque la información que en ellos se contiene debe ser analizada y explicada por los docentes, pero también socializada y discutida en las mesas de las familias.
Sin embargo, ante una posición de inacción en la que se deja todo a los otros, nos preocupan los contenidos porque suponemos que estos serán la única fuente de información de los niños.
Desmitifiquemos los temas, todos los gobiernos han utilizado los libros de texto para imponer su visión de la realidad. Ese no es el problema. Tampoco lo es que se emplee una metodología distinta a la que estábamos acostumbrados (por materias). Esto obedece a una forma de educación planeada. En todo caso, habría que discutir si ésta última es o no adecuada.
Ahora bien, lo que es cierto es que no se ha cumplido el proceso legal previsto para su elaboración. Este es realmente el punto de importancia de la discusión. ¿En qué consiste? en que la ley exie un proceso de consulta del contenido con la sociedad para escuchar sus opiniones; esto no sucedió.
La ausencia del cumplimiento del proceso de consultas significó que se haya judicializado el asunto. Hoy hay, al menos un juicio de amparo que obliga a la SEP a que realice la socialización mencionada. Y ante esto, la respuesta oficial es que no habrá ni ningún juicio de amparo que impida la distribución de los libros de texto gratuito.
Aquí surge la pregunta ¿Por qué ocultar e impedir la discusión de los contenidos antes de su distribución? ¿Qué pretende el gobierno federal con la falta de transparencia de los libros de texto gratuito? Su uso sucederá de igual manera; lo que genera esta actitud es un rechazo anticipado por un segmento de la sociedad que habla de ello justamente porque no los conoce. ¿No podríamos habernos evitado todo esto y simplemente dialogar y explicar los métodos y contenidos? Mi respuesta es un sencillo sí.
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