Por Jesús Francisco Ramírez Bañuelos
@ramirezbanuelos
Hoy nos toca… hablar del INAI.
No es novedad, pero estas semanas hemos escuchado una serie de cuestionamientos sobre la importancia del INAI.
Empecemos por explicar qué es el INAI. Se trata de un organismo público autónomo, es decir, que no depende de ningún otro poder, salvo para que le sean asignados los recursos económicos para su funcionamiento, lo que no es poca cosa.
Su función es vigilar y, en su caso, remediar las violaciones a dos derechos fundamentales: el derecho a la información y el derecho a la protección de los datos personales.
El día de hoy, me centraré en el primero de esos derechos: el acceso a la información pública.
¿Por qué es importante el derecho a la información pública? Lo es porque se vincula directamente con la transparencia a que están obligadas todas las autoridades.
Te explico, imagínate un país donde los gobernantes puedan ocultar cualquier información que no les sea conveniente publicar y que no tengamos ningún recurso para hacer que esa decisión pueda ser al menos analizada por un órgano independiente con criterios de razonabilidad y legalidad. Esa situación nos pone en la opacidad total y en franca violación a nuestros derechos.
Ese escenario es el que debemos evitar. Permitirlo sería regresar a México a la segunda mitad del siglo XX en materia de transparencia y nos dejaría sin opciones legales para conocer lo que hacen las autoridades.
¿Por qué se habla hoy más del INAI?
Fundamentalmente porque hay una omisión de la Cámara de Senadores de designar a 3 comisionados de ese instituto que son necesarios para que pueda funcionar correctamente.
Además, hay pronunciamientos de altos funcionarios, tales como senadores, el secretario de gobernación y el propio presidente de la República, quienes han dicho que el nombramiento de esos comisionados puede esperar. Con lo cual se está dificultando, sin motivo legal alguno, la garantía del derecho a la información pública.
Aparentemente, esa nominación se quedaría congelada y ello implicaría que no se puedan atender las peticiones de las y los ciudadanos en caso que las autoridades no proporcionen la información solicitada.
El panorama es incierto y muy riesgoso. Esperemos que los funcionarios asuman su responsabilidad constitucional y nombren a los comisionados para cubrir las vacantes.
Pero, aún después de ello es necesario que se coloque al derecho a la información como un pilar de la democracia mexicana, a menos que no sea nuestro objetivo desarrollar la vida democrática nacional.
0 Comments