“Existe una tendencia clara al alza” de lo que puede considerarse como “una censura indirecta”, declaró Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Prensa y Seguridad de los Periodistas en la Unesco.
La Unesco denunció hoy que los gobiernos están utilizando cada vez más herramientas legales para silenciar a los periodistas, con acusaciones por delitos financieros o fiscales y leyes antiterroristas, que no están relacionadas con su labor periodística. En su informe, la Unesco contabilizó 120 casos de este tipo entre 2005 y 2024, más de la mitad (60%) ocurriendo entre 2019 y 2022, lo que revela un notable aumento en el uso de estas tácticas contra periodistas. En 2022, se alcanzó un récord de 25 casos.
“Hay un claro incremento” en el uso de lo que puede considerarse como “censura indirecta”, señaló Canela en entrevista.
Esta forma de represión es más sutil, ya que en lugar de recurrir a leyes de difamación, las autoridades emplean legislaciones comunes en la mayoría de los países, como cargos de extorsión, lavado de dinero, fraude o evasión fiscal.
“El objetivo es desacreditar a la prensa como un interlocutor legítimo en la investigación de los poderosos”, explicó Canela.
Otra táctica denunciada por la Unesco es el uso de “leyes sobre agentes extranjeros” y normativas antiterroristas para acusar a los medios de financiar actividades terroristas. Para Canela, esta forma de “censura indirecta” tiene “costos elevados”, tanto en términos de reputación como de consecuencias penales, ya que los periodistas pueden terminar encarcelados si son condenados.
“También se genera autocensura en los periodistas, algo que hemos visto especialmente en aquellos que cubren temas medioambientales”, agregó Canela.
La Unesco destacó que la mayor parte de estos casos de censura se han registrado en Asia y el Pacífico, Europa del Este y Asia Central. En América Latina y el Caribe, se reportaron 7 casos entre 2010 y 2023, la mayoría en Centroamérica, donde se ha observado un aumento de acusaciones por lavado de dinero y extorsión, según el informe.
Las consecuencias incluyen largas penas de cárcel, el exilio forzoso de periodistas y el cierre de medios de comunicación. La Unesco también subrayó que los periodistas enfrentan mayores dificultades para defenderse de estas acusaciones, ya que los casos de delitos económicos son más complejos y costosos que las demandas por difamación o calumnias.
“Se necesitan expertos locales en derecho corporativo, penal y fiscal, además de contadores especializados”, menciona el informe, destacando la carga jurídica, psicológica y temporal que implican estos casos.
Otra táctica utilizada por los poderes políticos y económicos para coartar la información independiente es el uso de los llamados ‘pleitos estratégicos contra la participación pública’ (SLAPP), demandas presentadas por actores poderosos con el único fin de intimidar y generar altos costos legales a voces críticas.
Canela señaló que algunas regiones están tomando medidas para regular estas prácticas, como lo demuestran una directiva reciente de la Comisión Europea y un fallo del Tribunal Supremo de Brasil.
Fuente: LatinUS
