Redacción | Guadalajara, Jalisco

Durante la presente administración, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha intensificado operativos en centros de rehabilitación —conocidos como anexos— donde se presumen actividades ilícitas. Hasta el momento, se han intervenido 65 establecimientos en distintos municipios, logrando desde el rescate de personas desaparecidas hasta el aseguramiento de inmuebles y la detención de implicados en delitos graves.

Resultados clave de los operativos

Los trabajos, coordinados por las Vicefiscalías en Investigación Especializada en Concertación Social, Investigación Regional y Personas Desaparecidas, han arrojado los siguientes resultados desde diciembre pasado:

225 personas reintegradas a sus familias, muchas de las cuales manifestaron no querer permanecer internadas.
11 detenidos, tres en flagrancia y ocho por órdenes de aprehensión vinculadas a delitos como robo, violación, lesiones, fraudes y delitos contra la salud.
9 personas localizadas que tenían reporte de desaparición, halladas en municipios como Chapala, Tlajomulco, Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque.
3 inmuebles asegurados por presuntas actividades criminales y 6 clausurados por incumplir normas sanitarias y de seguridad.

Municipios intervenidos

Las acciones se han desplegado no solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto), sino también en Ahualulco de Mercado, Autlán de Navarro, Arandas, Puerto Vallarta, Chapala y Cihuatlán.

Delitos investigados

Los operativos surgieron tras reportes de trata de personas, explotación laboral, privación ilegal de la libertad, abuso sexual y lesiones dolosas. Durante las intervenciones, se verificaron órdenes de aprehensión vigentes y se cotejó información con expedientes de desapariciones.

Además, se brindó asesoría jurídica a los internos para facilitar su acceso a la justicia y orientación en caso de ser víctimas de algún delito.

Compromiso de continuidad

La Fiscalía estatal reiteró que mantendrá estas acciones para “garantizar la seguridad de los jaliscienses” y erradicar prácticas irregulares en estos centros. Las intervenciones se realizan en coordinación con autoridades municipales y de salud, asegurando que los lugares clausurados no reanuden operaciones sin cumplir la ley.