Puente Grande, Jalisco. — Minutos antes del arranque de la audiencia de vinculación a proceso del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión “N”, cerca de 70 habitantes de ese municipio arribaron a bordo de camiones foráneos para manifestar su respaldo incondicional al edil, a quien consideran inocente de los señalamientos en su contra.
Los manifestantes se congregaron durante aproximadamente 40 minutos a las afueras del edificio de juicios orales de la federación, portando pancartas y lanzando consignas en favor del alcalde, conocido popularmente como “Chon”. Entre los presentes, algunos admitieron ser familiares y compadres del acusado. Argumentaron que las acusaciones tienen tintes partidistas y exigieron justicia imparcial.
Mientras tanto, un bloque de 46 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas acudió también este viernes a los juzgados federales de Puente Grande para entregar un pliego petitorio. La solicitud, encabezada por Carolina Vázquez, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, exige que el proceso judicial se lleve a cabo con rigurosidad y se aplique el peso completo de la ley.
“A nivel nacional estamos pidiendo todos los colectivos que se le juzgue de una manera ardua y precisa con las evidencias que hemos entregado, para que se haga justicia por todas las personas cuyos restos humanos fueron encontrados en el lugar”, declaró Vázquez al entregar el documento.
La audiencia de vinculación, programada originalmente para más temprano, inició con aproximadamente hora y media de retraso. Se realiza de manera privada en la sala 2 del complejo federal, con la presencia de abogados defensores, fiscales y el Ministerio Público.
José Ascensión “N” fue imputado el pasado domingo por los delitos de delincuencia organizada en agravio de la colectividad y desaparición forzada, presuntamente relacionados con actividades criminales en el rancho Izaguirre. Se prevé que la audiencia se extienda por varias horas, incluso hasta entrada la noche.
La audiencia quese celebra en la sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco en Puente Grande, inicia a las 12:00 de la tarde horas del viernes; los abogados de la parte acusatoria arribaron a las 11:00 de la mañana mientras que, Carlos Santos, abogado del presidente municipal de Teuchitlán llegó a la audiencia a las 11:30 de la mañana.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que las investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, avanzan con la participación activa de colectivos de madres buscadoras, quienes han colaborado directamente en las labores de búsqueda en el sitio.
Durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, Gertz Manero subrayó que la cooperación con estas organizaciones ha sido posible gracias al respaldo de la Secretaría de Gobernación, lo que ha permitido establecer una relación de confianza y coordinación efectiva.
“Estamos trabajando juntos. Ellos han entrado ya con toda libertad, con todo orden, han participado en todas las funciones de búsqueda. Tenemos una relación excelente”, afirmó el fiscal general.
En cuanto al proceso judicial contra el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, el titular de la FGR confirmó que la audiencia de vinculación a proceso sigue su curso. Señaló que, tras una solicitud de prórroga por parte de la defensa, hoy continuará la presentación de pruebas por parte de la fiscalía.
“Está en procedimiento la audiencia correspondiente. En la primera parte ya se decretó la formal prisión. Él pidió una prórroga y vamos a continuar con la audiencia para demostrar, con todas las pruebas, nuestros criterios de responsabilidad penal en ese caso”, explicó.
Murguía Santiago fue detenido el pasado 3 de mayo luego de que diversos testimonios lo vincularon con actividades delictivas presuntamente llevadas a cabo en el Rancho Izaguirre. Se le imputan los delitos de delincuencia organizada en agravio de la colectividad y desaparición forzada.
De acuerdo con el primer informe oficial de la FGR, el Rancho Izaguirre habría funcionado durante al menos tres años como centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para grupos delictivos. Sin embargo, el fiscal negó categóricamente que en el lugar existiera un sitio de cremación clandestina.
