Luego de que el gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, propusiera utilizar parte del presupuesto universitario en obras externas a los planteles de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la máxima casa de estudios respondió enérgicamente con un llamado a respetar su autonomía institucional.
En un comunicado emitido este 20 de mayo por el Consejo de Rectoras y Rectores de la UdeG, se enfatizó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, por lo que corresponde a las autoridades gubernamentales garantizarla. La universidad aclaró que no tiene facultades policiales, de procuración de justicia ni de mejoramiento de la infraestructura urbana como banquetas o luminarias, tal como propuso el mandatario estatal para los llamados “Senderos Seguros”.
“La Universidad tiene un compromiso inquebrantable con la generación de conocimiento, la formación de personas íntegras y la investigación con sentido social”, se lee en el posicionamiento institucional.
La propuesta del gobernador, presentada días atrás, contempla el uso de recursos universitarios para mejorar el entorno urbano de los planteles mediante la instalación de luminarias, poda de árboles, señalética y otras acciones de infraestructura.El Consejo General Universitario recordó que desde 2013 la Universidad ha invertido más de 1,089 millones de pesos en acciones para fortalecer la seguridad de la comunidad universitaria. Además, aprobó para 2025 un presupuesto superior a los 222 millones de pesos destinados específicamente a equipamiento y acciones de vigilancia en el interior de los planteles: 50 millones en equipamiento y 172 millones en servicios de vigilancia.
La Universidad resaltó que esas inversiones, aunque no forman parte de sus responsabilidades centrales, han sido necesarias ante la situación de violencia e inseguridad que vive el estado.
En declaraciones previas, la rectora general de la UdeG, Karla Planter, advirtió que “ninguna instancia externa puede decidir sobre el presupuesto de la institución”, dejando clara la postura de la universidad frente a cualquier intento de injerencia gubernamental en sus decisiones financieras y académicas.
Por su parte, el gobernador Pablo Lemus aseguró que su intención no es confrontar a la universidad, sino colaborar con ella. A través de un comunicado publicado este mismo martes, el mandatario afirmó que le sorprendió la molestia generada por su propuesta, y reiteró que su única intención es proteger a los estudiantes ante la preocupante ola de desapariciones que ha afectado a la comunidad universitaria.
“El conflicto entre el Ejecutivo estatal y nuestra máxima casa de estudios durante seis años afectó gravemente su desarrollo. De mi parte hay un respeto total a la autonomía universitaria”, afirmó Lemus, quien también reiteró la invitación a la rectora Planter para sumarse a las mesas de trabajo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
Finalmente, el Consejo de Rectores subrayó que las obras de mejora urbana en el entorno universitario deben financiarse con recursos legalmente asignados a los gobiernos, y no a costa del presupuesto universitario que debe destinarse, primordialmente, a la docencia, la investigación y la extensión universitaria.
“Confiamos en que el financiamiento necesario para estas obras provendrá de las fuentes de financiamiento legalmente correspondientes”, concluye el comunicado.
