El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, militante de Morena, está en el centro de la polémica tras ser señalado por apropiarse del Museo Nacional del Tequila (Munat), modificar su estructura histórica sin permisos y ordenar —presuntamente— la detención arbitraria de un camarógrafo que cubría el operativo de aseguramiento del inmueble.
El pasado martes 17 de junio, José Alberto García, camarógrafo de N+, documentaba un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional en el Munat, cuando fue esposado, agredido y detenido por policías municipales durante varias horas. Le quitaron su equipo y lo mantuvieron bajo custodia sin fundamento legal. El alcalde negó haber dado la orden y prometió un comunicado que, hasta ahora, no ha sido publicado.
Ese operativo fue resultado de una denuncia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por modificaciones ilegales al recinto, que data del siglo XIX y es patrimonio del Gobierno de Jalisco. La FGR, bajo el expediente FED/FECOC/FEIDA-JAL/00006/6/2025, confirmó durante la inspección los cambios estructurales no autorizados y selló varias puertas (4, 5, 6, 7, 11 y 12), donde se habían habilitado oficinas de regidores y se hallaron documentos oficiales con bandos de nombramiento.
También se detectaron alteraciones en el auditorio —cerrado desde la supuesta reapertura del museo—, donde vecinos reportan que el alcalde habría iniciado la construcción de un departamento privado. En su interior se encontraron deformaciones estructurales y sacos de cemento.
Pese a estos hallazgos, el aseguramiento no fue total: las salas de exhibición, el Archivo Histórico, la biblioteca y los sanitarios permanecen abiertos al público. Sin embargo, el Gobierno estatal informó que habrá sanciones para las autoridades municipales por estas intervenciones ilegales.
El inmueble, inventariado en el patrimonio de la Secretaría de Administración del Estado, se encontraba en comodato con el Ayuntamiento de Tequila, cuya administración, encabezada por Rivera Navarro, fue responsable de las modificaciones.
Por otra parte, la FGR también asumió la investigación por la detención del camarógrafo, a través de su área especializada en libertad de expresión. Movimiento Ciudadano (MC) condenó enérgicamente la detención arbitraria. Diputados y dirigentes del partido exigieron la comparecencia del alcalde ante el Congreso de Jalisco.
La diputada Gabriela Cárdenas afirmó que “lo que hizo la administración municipal de Tequila fue un atentado contra la libertad de expresión”. Mientras que Mirza Flores, coordinadora estatal de MC, advirtió que el caso debe encender alarmas, en un contexto nacional donde se pretende imponer nuevas restricciones a la libertad de prensa.
La controversia también se ve alimentada por versiones periodísticas que vinculan al alcalde con presuntos grupos de extorsión, lo que habría generado un clima de temor entre empresarios locales. Hasta ahora, Rivera Navarro no ha respondido directamente a esas acusaciones.
