Puerto Vallarta, Jal. — Dos policías municipales y una trabajadora social de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta obtuvieron la suspensión condicional del proceso penal que enfrentaban por los delitos de abuso de autoridad y actos cometidos en la administración pública, tras el aseguramiento irregular de una menor de edad en 2022.
En audiencia realizada este lunes en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, el juez de Control y Oralidad, Miguel García Hernández, concedió el beneficio a los imputados Jaime “N”, Sandra Leticia “N” y Delia “N”, quienes deberán cubrir un pago total de $44 mil 400 pesos como reparación del daño.
Del monto, $23,400 pesos serán destinados directamente a la víctima, mientras que $21 mil pesos se entregarán a la asociación civil Ayudemos a Vallarta, como compensación a la sociedad.
Además, el juez impuso diversas condiciones que deberán cumplir durante los próximos seis meses: residir en un domicilio determinado, abstenerse de acercarse o comunicarse con la víctima y testigos, y acreditar un curso de derechos humanos.
Antecedentes del caso
De acuerdo con la carpeta de investigación, en agosto de 2022 los policías Jaime “N” y Sandra “N” atendieron un reporte sobre una niña que se encontraba sola y llorando en el interior de un domicilio. Al llegar, observaron puertas y ventanas abiertas, por lo que aseguraron a la menor y la trasladaron a la Comisaría sin solicitar la conducción del Ministerio Público ni dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como marca la ley.
Posteriormente, la trabajadora social Delia “N” buscó a los padres de la niña a través de redes sociales y contactó a la madre, a quien entregó a la menor luego de mantenerla resguardada en los separos de la policía, en lugar de canalizarla al DIF.
El padre de la menor —quien tenía la custodia provisional— acudió más tarde a la Comisaría, donde fue detenido bajo el argumento de presentarse agresivo y con aliento alcohólico. Tras los hechos, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que derivó en la vinculación a proceso de los tres servidores públicos el 23 de diciembre de 2024.
