«39 personas muertas y 28 heridas tras la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua: SSPC no será cómplice de los responsables»
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el Gobierno de México no será cómplice de aquellos que ocasionaron la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. En una conferencia de prensa en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, Rodríguez subrayó que se llegará a la verdad de los hechos y que no se encubrirá a nadie. A su lado se encontraba la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías.
La SSPC anunció que personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación se trasladó a Ciudad Juárez para entrevistarse con las víctimas, colaborar en su identificación y dar asistencia a ellas y a sus familias. Además, se integró un grupo de trabajo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para avanzar de manera coordinada en los esfuerzos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores lidera un grupo de trabajo en conjunto con la SSPC y la CAEV, en el que participan cónsules de Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y Venezuela, así como la FGR, para identificar oficialmente a las personas fallecidas. Además, se ha tomado la determinación de suspender definitivamente la operación de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y trasladar a las personas migrantes albergadas al Centro Integrador para el Migrante «Leona Vicario», en el mismo municipio.
Por instrucción presidencial, llegaron a Ciudad Juárez el Secretario de Salud, Jorge Alcocer; el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo; y el Director General del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno, quienes visitan a las víctimas hospitalizadas. La SSPC, encabezada por el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, da seguimiento a las personas que se encuentran hospitalizadas y se ha reunido con distintas autoridades y cónsules de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela.
La Secretaria Rodríguez afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la FGR llegar al fondo de este caso para que se conozca la verdad y haya justicia, ya que se ha actuado de manera expedita para dar con los responsables y evitar la impunidad. Además, continúan las investigaciones sobre otras personas que pudieran estar involucradas en la tragedia. El Gobierno de México reiteró su solidaridad con las víctimas, sus familias y las naciones de donde son originarias. Se espera que se den a conocer más detalles en los próximos días sobre las investigaciones en curso y las acciones tomadas por el Gobierno de México.
La coordinadora del Gabinete de Seguridad dio a conocer que el contrato del Instituto Nacional de Migración (INM) con la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., se otorgó por adjudicación directa.
Prestaba sus servicios en instalaciones de este organismo en 23 estados de la República, con 503 elementos; la vigencia era del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones, pero ese contrato será rescindido.
Recordó que se inició el proceso sancionador administrativo contra la compañía, la cual ya fue notificada, debido a que incurrió en varias omisiones.
Entre ellas se encuentran: ofrecer servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional; reportaron que trabajaban sólo con cuatro elementos con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas.
Realizaban tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital (GPS), custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad (de personal privado), entre otras.
Dijo que se omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales; no evitar o permitir actos de tortura, crueles, inhumanos o degradantes.
Inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.
Implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones de su personal operativo, así como inscribir a su equipo y uniformes en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.
“Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”, finalizó.
Por su parte, la fiscal de la FGR informó que ayer se llevó a cabo una audiencia para la formulación de imputación y vinculación a proceso de Rodolfo “N”, Gloria “N”, Daniel “N”, Jason “N” y Alan “N”.
Ellas, explicó, se acogieron a la ampliación del plazo constitucional, por lo que se fijó para la continuación de la audiencia el 4 de abril, a las 7:00 horas.
También se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los cinco imputados por los delitos de homicidio y lesiones, la cual fue concedida por el juez de la causa.
Añadió que ya se inició el trabajo de identificación de los cuerpos con los cónsules; incluso, se han acercado tres familias.
Herrerías destacó que la FGR examinará la legalidad del contrato, las actividades y omisiones de CAMSA, ya que al ser una empresa privada no está exenta de respetar los derechos humanos.
“La investigación se sigue ampliando a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración y de los particulares”, subrayó.
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