La Fiscalía Especial Regional del Distrito X, con sede en el municipio de Tequila, ha imputado a Otto Walter W. por su presunta implicación en un delito de extorsión contra una empresa tequilera. Tras la presentación de pruebas suficientes, el órgano jurisdiccional ha vinculado al acusado al proceso judicial correspondiente.
Según se ha podido conocer, el 24 de enero de 2020, varias personas cerraron el acceso a la empresa en cuestión, ubicada en la calle Francisco Javier Sauza del centro de Tequila, bajo las órdenes de Otto Walter W. Los vehículos impedían la entrada y salida de personas, lo que ha llevado a la Fiscalía a presentar cargos por extorsión contra el acusado.
Con base en la información aportada se desprende que el 24 de enero del 2020, supuestamente bajo las órdenes de dicho sujeto, varias personas cerraron con vehículos el ingreso a la compañía ya mencionada la cual se ubica en la calle Francisco Javier Sauza, en la zona centro del municipio de Tequila, impidiendo con ello la entrada o salida de personas a ese lugar.
Además de lo anterior, arribó al lugar Otto Walter W., quien presuntamente coaccionó a los apoderados de dicha empresa para que firmaran un supuesto contrato colectivo de trabajo,-aún cuando el lugar en mención ya contaba con un sindicato, haciendo de su conocimiento que en caso contrario, no moverían los camiones que obstruían el ingreso al lugar, por lo que la parte afectada accedió a lo solicitado.
Sin embargo, los hechos fueron denunciados por la parte ofendida y en respuesta esta representación social llevó a cabo los actos de investigación en los que acreditó la posible responsabilidad de Otto Walter W. en la comisión del delito de extorsión, por lo que se solicitó una orden de aprehensión que le fue cumplimentada en fechas recientes por policías de investigación.
El sujeto quedó a disposición del Juez de Control y Oralidad que lo requería en el municipio ya citado, analizó los datos aportados y determinó vincularlo a proceso, imponiéndole medidas cautelares diversas, entre ellas la exhibición de una garantía económica, con la prohibición de salir del Estado y acudir al lugar de los hechos, así como prohibición de acercarse a víctimas y testigos.
También deberá permanecer en resguardo domiciliario durante un año y comparecer periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMA) para la firma correspondiente.
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