México / Viernes 11 de abril del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 6 abril que estaría “muy contento” si pudiera enviar a ciudadanos estadounidenses encarcelados a la megaprisión de alta seguridad de El Salvador. No obstante, trasladar a ciudadanos estadounidenses a cárceles en el extranjero para cumplir condenas genera interrogantes legales. ¿Qué implicaciones y desafíos tiene la idea?
“Si pueden albergar a estos horribles criminales por mucho menos dinero del que nos cuesta a nosotros, estoy totalmente de acuerdo, pero solo lo haría conforme a la ley. ¿Por qué debería limitarse solo a las personas que cruzan la frontera ilegalmente?”, dijo el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One.
El planteamiento fue reforzado este martes por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien en una conferencia de prensa dijo que el presidente está “planteando la idea por el bien de la transparencia”.
Agregó que Trump había discutido la idea tanto en privado como en público y que la medida aplicaría a “criminales atroces y violentos que han violado repetidamente las leyes de nuestra nación”.
La idea nació luego de una reunión en febrero entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, cuando el mandatario salvadoreño dijo que su país estaba dispuesto a acoger a delincuentes convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses) en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) –la prisión más grande de América conocida por las precarias condiciones de reclusión– a cambio de una remuneración.
Como parte del acuerdo entre ambos países, el Gobierno de Trump ya ha enviado a cientos de inmigrantes señalados como presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no ha presentado pruebas de ello. La gran mayoría fueron enviados bajo una amplia autoridad de tiempos de guerra conocida como Ley de Enemigos Extranjeros, lo que provocó críticas de organizaciones de derechos humanos y un fallo judicial que exigía detener la medida. Pero el lunes, la Corte Suprema permitió aplicar la ley de 1798 para acelerar las deportaciones mientras el litigio sobre su uso se resuelve en tribunales inferiores, aunque el máximo tribunal enfatizó que las personas deportadas en adelante deben recibir una notificación de que están sujetas a la ley y la oportunidad de que se revise su deportación.
En la práctica, esta normativa otorga al presidente un amplio poder para apuntar y remover inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra o cuando un enemigo intenta una “invasión o incursión depredadora”. Trump argumentó en marzo que el flujo de presuntos miembros de pandillas de Venezuela constituye una invasión.
Una preocupación clave entre los abogados que representan a los migrantes ha sido que la prisa del gobierno por expulsarlos en virtud de la ley les deja poco o ningún tiempo para presentar dichas demandas.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador señala que los detenidos permanecerán en el Cecot durante un año, prorrogable, a cambio de una compensación económica de US$ 6 millones, lo que, según Bukele, ayudará a sostener el sistema penitenciario que actualmente cuesta US$ 200 millones anuales.
Sin embargo, el envío de ciudadanos estadounidenses a cárceles fuera del país para cumplir sus condenas plantea dudas legales, como lo reconoció el propio presidente.
“Si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría en un instante”, dijo Trump en febrero y admitió: “No sé si lo tenemos o no, lo estamos estudiando ahora mismo, pero podríamos llegar a acuerdos para sacar a estos animales de EE.UU.”.
Obstáculos legales
La medida, sin precedentes, enfrentaría obstáculos legales ya que los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país gozan de protección contra la deportación, según analistas.
Considerar la oferta de Bukele “sugiere un posible abandono de los principios legales y éticos fundamentales que protegen los derechos humanos y civiles de los estadounidenses y otras personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos”, señaló el senador de EE.UU. por Georgia, Jon Ossoff, en una carta dirigida a Rubio y a la secretaria de Justicia del país, Pam Bondi, en la que llama al Gobierno de Trump a rechazar la propuesta.
Con esta aseveración coincide Leti Volpp, profesora de la Universidad de California en Berkeley, especializada en derecho migratorio y teoría de la ciudadanía, quien dijo vía correo electrónico a CNN que “Estados Unidos tiene absolutamente prohibido deportar a ciudadanos estadounidenses, estén o no encarcelados”.
Para Lauren-Brooke Eisen, directora del Programa de Justicia del Centro Brennan “es ilegal expatriar a ciudadanos estadounidenses por un delito”. Argumenta que la Octava Enmienda de la Constitución prohíbe los “castigos crueles e inusuales” para proteger a los condenados por delitos de sentencias excesivas o ser sometidos a condiciones penitencias inhumanas.
Un informe del propio Departamento de Estado de Estados Unidos sobre prácticas de derechos humanos en El Salvador en 2023 reportó que las condiciones en prisiones y centros de detención del país eran duras y amenazaban la vida debido a la “grave sobrepoblación, condiciones sanitarias inadecuadas, insuficiencia de alimentos y escasez de agua, falta de servicios médicos y ataques físicos”.
Sobre el Cecot, varias organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han criticado el trato que reciben los detenidos la megaprisión. El Gobierno de Bukele, en respuesta a una consulta de CNN, dijo que respeta los derechos humanos de quienes están bajo custodia “sin distinción de nacionalidad” e insistió en que su sistema penitenciario cumple con estándares de seguridad y orden.
En la megacárcel, los reclusos son vigilados constantemente a través de las rejas, las luces siempre están encendidas e incluso hay guardias en pasarelas sobre las celdas, dijo a CNN el director de la prisión Belarmino García, en un recorrido exclusivo de CNN al Cecot.
No pueden tener posesiones personales; deben usar un inodoro abierto y hay un lavabo de cemento para lavarse y una jarra grande para agua potable.
Eisen, del Centro Brennan, agrega que la Octava Enmienda, en su cláusula de “castigos crueles e inusuales”, además, protege a personas condenadas por delitos que conllevan a sentencias muy largas en prisión y asegura que las condiciones de la prisión cumplan con estándares de salud y seguridad.
CNNespanol
