Ciudad de México, 17 de junio de 2025.
El Gobierno de México anunció una medida sin precedentes para enfrentar el rezago habitacional y la ocupación irregular de viviendas: personas que actualmente habitan casas del Infonavit de manera informal podrán adquirirlas a bajo costo mediante un esquema de renta con opción a compra, siempre que no exista una denuncia penal por despojo.
La iniciativa fue dada a conocer por Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), durante la conferencia matutina del lunes 16 de junio, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Canadá participando en la Cumbre del G7.
Según explicó Romero Oropeza, el programa parte de un censo realizado conjuntamente por el Infonavit y la Secretaría del Bienestar, que identificó 843 mil viviendas con algún tipo de problemática. Hasta el 13 de junio se han revisado 168 mil. De esas, 145 mil están ocupadas, muchas por personas que no son derechohabientes del instituto y que ingresaron a las casas al encontrarlas deshabitadas. Otras 23 mil están abandonadas o vandalizadas.
Romero fue claro: ya no se realizarán desalojos como se hacía en gobiernos anteriores. En lugar de ello, se ofrecerán alternativas para que quienes ocupan viviendas del Infonavit puedan adquirirlas legalmente. Las principales características del programa serán la renta con opción a compra, incluso para personas que no son derechohabientes, pagos mensuales accesibles aún no definidos, plazos de entre cuatro y cinco años para completar la compra del inmueble, y diálogo individualizado con cada ocupante, para evaluar caso por caso.
“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es no recurrir a desalojos, sino buscar soluciones viables, humanas y justas”, enfatizó el titular del Infonavit. “Queremos que estas personas tengan la oportunidad real de convertirse en propietarias”.
Un día después del anuncio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puntualizó que el programa no procederá si existe una carpeta de investigación por despojo o invasión. “Si hay tema de allanamiento o algo más, tendrá que investigarse. Ninguna autoridad puede estar por encima del derecho a la propiedad privada”, dijo desde Palacio Nacional.
Rodríguez destacó que se privilegiará la conciliación en todos los casos donde no haya denuncias formales y se buscará el diálogo como herramienta para resolver la situación sin violencia ni conflictos sociales.
Además del programa para ocupantes irregulares, el Infonavit anunció que se están identificando y evaluando viviendas vandalizadas o completamente abandonadas. La intención es rehabilitarlas con apoyo institucional, reinstalar servicios básicos como agua, luz y drenaje, y otorgarlas en renta con opción a compra, priorizando a madres solteras, mujeres jefas de familia y jóvenes sin acceso a crédito.
Esta política pública rompe con el paradigma tradicional del crédito exclusivo para trabajadores formales. En su lugar, se reconoce que muchas familias mexicanas —fuera del sistema formal— necesitan soluciones habitacionales estables y accesibles. “La vivienda es un derecho, no un privilegio sujeto a trámites imposibles o a condiciones que excluyen a la mayoría”, remarcó Romero.
Podrán acceder al programa las personas que habiten viviendas del Infonavit sin ser derechohabientes, siempre que no tengan antecedentes penales ni denuncias formales por invasión, y que estén dispuestas a firmar un contrato de renta con opción a compra. No podrán hacerlo quienes cuenten con carpetas de investigación abiertas por despojo o allanamiento, ni aquellos con juicios en curso o reclamos legales de propiedad.
Este programa representa una nueva vía para resolver de forma estructural el fenómeno de la ocupación irregular de vivienda en México. Con un enfoque humano, el Gobierno federal busca convertir un problema social en una oportunidad para dar certeza jurídica, rehabilitar patrimonio público y ofrecer soluciones habitacionales accesibles para miles de familias.
Mientras tanto, los lineamientos específicos se encuentran en desarrollo, y se espera que en los próximos meses se presenten los mecanismos oficiales para iniciar el proceso de regularización.
