Juez otorga suspensión a expolicías de Jocotepec por $2,500
Los expolicías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Jocotepec, Hugo Enrique “N” y Héctor Alfonso “N”, recibieron la suspensión condicional del proceso que enfrentaban por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia, pese a señalamientos de corrupción y a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción respecto al monto fijado para la reparación del daño.
La audiencia se llevó a cabo en los juzgados del Quinto Distrito Judicial, en Chapala, donde el Juez de Control y Oralidad, Arturo González Santana, aprobó que los imputados pagaran $2,500 pesos a la víctima como reparación del daño. El Agente del Ministerio Público objetó la propuesta al señalar que también debía contemplarse una reparación simbólica hacia la sociedad por el quebranto a la confianza pública.
El Ministerio Público insistió en que el monto fuera de $7,000 pesos, al considerar que los hechos cometidos por servidores públicos ameritan sanciones proporcionales y ejemplares. “No podemos mandar el mensaje de que un servidor público puede resolver su responsabilidad con mil pesos. Es nuestra obligación velar por los intereses de la sociedad”, argumentó. La propuesta no prosperó.
Seis meses de condiciones y una disculpa pública
Como parte de la suspensión condicional, los expolicías deberán cumplir durante seis meses con diversas medidas: residir en un domicilio determinado, prestar 200 horas de servicio social en la policía procesal del Quinto Distrito Judicial y abstenerse de acercarse o contactar a las víctimas o familiares.
Durante la audiencia, el juez consideró necesario que ambos reconocieran su responsabilidad, por lo que ofrecieron una disculpa pública.
El caso: intimidación, cobros y abuso de autoridad
El expediente documenta que los hechos iniciaron el 28 de septiembre de 2023, cuando los policías acudieron al domicilio de un joven para entregarle una notificación relacionada con una denuncia interpuesta por su expareja.
Meses después, regresaron y le solicitaron $2,500 pesos con el argumento de que podían “ayudarlo” con el problema legal. La madre del joven fue quien terminó entregando el dinero.
Semanas más tarde, los expolicías volvieron para exigir $17,000 pesos a cambio de “arreglar el asunto”. La familia se negó y grabó parte de lo ocurrido, evidenciando presiones e intimidaciones. La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción vía correo electrónico, lo que permitió abrir la investigación.
Tras reunir pruebas, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez, quien vinculó a proceso a los expolicías el pasado 2 de septiembre. La resolución dictada este día permite suspender temporalmente el proceso bajo condiciones que, de cumplirse, podrían extinguir la acción penal.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que seguirá revisando mecanismos para evitar que resoluciones de este tipo debiliten la confianza ciudadana en las instituciones y permitan que delitos cometidos por servidores públicos se sancionen de manera insuficiente.
