Ameca, Jalisco.– La regidora del Ayuntamiento de Ameca, Vanessa Velasco Castellón, hizo pública una denuncia presentada contra el síndico municipal Víctor Manuel Amador Ramos, a quien señala por presunta violencia política en razón de género, además de acusarlo de obstrucción de sus funciones, amenazas, discriminación, hostigamiento y acoso laboral.
A través de un video difundido públicamente este martes 11 de agosto, la integrante del Ayuntamiento de Ameca 2024-2027 explicó que decidió dar a conocer la situación después de haber acudido ante diferentes autoridades para presentar las denuncias correspondientes.
Velasco Castellón aseguró que dentro del gobierno municipal ha enfrentado obstáculos para desarrollar sus funciones y participar en la toma de decisiones. De acuerdo con su testimonio, estas acciones estarían relacionadas con su condición de mujer y con diferencias respecto a los intereses del síndico.
“He sido objeto de amenazas, he sufrido discriminación y acoso laboral constante por parte del síndico y de algunos regidores más desde hace tiempo”, afirmó durante su mensaje.
La regidora también señaló que presuntamente se habría recurrido a otros integrantes del Ayuntamiento para hostigarla y dificultar el desarrollo de sus actividades. Entre las acciones que denuncia se encuentra una supuesta limitación de recursos económicos necesarios para desempeñar sus funciones como integrante del Cabildo.
Velasco Castellón sostuvo que ya entregó pruebas y elementos que, a su consideración, respaldan sus señalamientos ante las autoridades competentes.
Según informó, existe un procedimiento presentado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), identificado por ella con el expediente VPG-002-2026.
Además, aseguró haber presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, donde existe una carpeta de investigación relacionada con los hechos denunciados.
Uno de los puntos más delicados de su declaración tiene que ver con su seguridad personal. La regidora informó que recibió medidas de protección para ella y su hijo, además de contar con un dispositivo conocido como Pulso de Vida, mediante el cual puede solicitar auxilio ante una situación de riesgo.
“Temo por la seguridad y por mi vida, así como la de mi hijo”, manifestó.
Velasco Castellón afirmó también que ella y su hijo presuntamente han sido seguidos en distintas ocasiones, situación por la que dijo haber solicitado medidas adicionales para reforzar su protección.
Durante su pronunciamiento agradeció el acompañamiento que, aseguró, ha recibido de corporaciones como la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como el seguimiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Señaló que elementos de seguridad han acudido tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo como parte de las medidas implementadas.
La funcionaria municipal pidió que las autoridades encargadas de resolver el procedimiento analicen el caso con perspectiva de género y garanticen su integridad y la de su hijo.
Asimismo, hizo un llamado para que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y exhortó a otras mujeres que consideren haber sido víctimas de situaciones similares a presentar las denuncias correspondientes.
“Quiero invitarlas a que alcemos la voz, que hagan su denuncia y no se queden calladas”, expresó.
Hasta el momento, los señalamientos difundidos corresponden a la versión pública ofrecida por Vanessa Velasco Castellón y deberán ser investigados y determinados por las autoridades competentes. La existencia de una denuncia o procedimiento no implica por sí misma que las acusaciones hayan sido acreditadas ni determina responsabilidad del señalado.
Por ello, deberá garantizarse también el derecho de Víctor Manuel Amador Ramos a ofrecer su versión de los hechos y ejercer su defensa dentro de los procedimientos correspondientes.
El caso adquiere relevancia pública al involucrar a dos integrantes del actual Ayuntamiento de Ameca y señalamientos relacionados directamente con el ejercicio de un cargo de elección popular.
Las autoridades electorales y ministeriales serán las encargadas de determinar, con base en las pruebas presentadas y el desarrollo de las investigaciones, si los hechos denunciados configuran violencia política contra las mujeres en razón de género u otras conductas sancionadas por la legislación.
