Mexico / Lunes 3 de marzo del 2025.- Oaxaca, Oax. Defensores de derechos humanos consideraron que Oaxaca continúa siendo uno de los estados más peligrosos para ejercer sus labores, lo que se acentúa con el homicidio del activista Cristino Castro Perea, de 63 años, perpetrado el viernes pasado en el municipio de Santiago Astata.
Castro Perea fue originario de Santiago Astata, donde fundó el Colectivo de Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz, cuyo objetivo fue defender la playa de esa localidad, la cual pretendieron adueñarse grupos empresariales.
Cristino fue agente municipal de Barra de la Cruz en 1997. Buscó proteger la tierra y el territorio; además promovió el deporte. También fue representante de bienes comunales de su demarcación, y al ser asesinado era parte del comité de Sembrando Vida de su pueblo.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, condenó el asesinato de Cristino Castro. Lamentó que en México se asesina y se calla a los defensores del medio ambiente.
Destacó que el ambientalista se encontraba incorporado desde 2023 al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, que incumplió con su objetivo en cuanto al crimen de Castro Perea.
Asimismo sostuvo que el Estado Mexicano quebranta los acuerdos internacionales de Escazú, que pretenden garantizar los derechos ambientales y proteger a los defensoras ecologistas.
En tanto, Carlos Beas Torres, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), condenó el atentado contra Cristino, y aseguró que el estado de Oaxaca es el estado más peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Destacó que en Oaxaca hay un ataque sistemático a los y las defensoras, lo que se demuestra con la desaparición de la activista Sandra Domínguez, ocurrido en octubre pasado.
También mencionó a la defensora Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en marzo de2021, y el caso de la defensora medioambiental Irma Galindo, desaparecida desde octubre de 2021.
Comentó que en los casos de Sandra y Claudia fueron implicados funcionarios; en el primer asunto a Donato Vargas Jiménez, coordinador de delegados de Paz de la Secretaría de Gobierno estatal, y en el segundo a la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, a quien le fue reconfigurado el delito de autora intelectual de desaparición forzada al de obstrucción de la justicia, y después fue liberada.
La Jornada
