Los Ángeles, California | 8 de junio de 2025
Una nueva confrontación entre el gobierno federal y el estado de California estalló este fin de semana luego de que el presidente Donald J. Trump emitiera una orden para desplegar a 2,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles. La decisión fue rechazada tajantemente por el gobernador Gavin Newsom, quien la calificó de ilegal, provocadora y una grave violación a la soberanía estatal.
El presidente Trump, a través de un memorando dirigido al Departamento de Defensa el 7 de junio, instruyó a federalizar unidades de la Guardia Nacional de California, invocando el artículo 12406 del Código de EE.UU., el cual permite al presidente asumir control de fuerzas estatales bajo determinadas condiciones excepcionales: invasión extranjera, insurrección o incapacidad para aplicar la ley con fuerzas regulares.
El objetivo declarado del memorando, según se desprende del documento y de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), es “proteger las funciones del Departamento de Seguridad Nacional” y “liberar” la ciudad de Los Ángeles de lo que Trump llama una “invasión de migrantes” y “disturbios insurreccionistas”. En su publicación, Trump aseguró que “Los Ángeles ha sido invadida y ocupada por ilegales y criminales”, y que su gobierno actuará “para restaurar el orden, expulsar a los ilegales y liberar la ciudad”.
Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom reaccionó de inmediato y por escrito a través de una carta oficial enviada al secretario de Defensa Pete Hegseth. En el documento, firmado por su secretario de Asuntos Legales, David Sapp, Newsom afirma que la orden federal no fue transmitida ni aprobada por el gobernador, como requiere la ley, y acusa a Trump de querer escalar el conflicto político mediante una intervención militar injustificada.
“La decisión de desplegar la Guardia Nacional sin órdenes claras ni coordinación con el Estado pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de la región”, afirma la carta. “Actualmente, las autoridades locales están en capacidad de mantener el orden, como lo demostraron protegiendo instalaciones federales sin necesidad de apoyo militar adicional”.
Newsom considera que no se cumplen las condiciones legales que justificarían la activación federal de las fuerzas estatales y exige que se rescinda la orden de inmediato. Además, advierte que esta acción priva a California de recursos clave para atender otras emergencias reales dentro de su territorio.
El documento fue remitido también al fiscal general del estado, Rob Bonta, como parte de la defensa legal ante lo que consideran un acto inconstitucional.
Este nuevo enfrentamiento marca un punto crítico en la relación entre el presidente Trump y el gobierno californiano, y revive viejas tensiones sobre el uso del poder federal, la migración, el orden público y la autoridad de los estados frente a Washington.
