El aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco detonó un nuevo choque político entre el Congreso del Estado y el Gobierno estatal, luego de que diputados avalaran impulsar un referéndum ciudadano para frenar el alza de 11 a 14 pesos, mientras el Ejecutivo respondió rechazando el mecanismo y calificándolo como jurídicamente improcedente.
Por un lado, las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, promovieron el acuerdo legislativo para someter a consulta pública la decisión del Gobierno estatal. Como parte del procedimiento, se inició la recolección de firmas ciudadanas, con un requisito mínimo superior a los tres mil apoyos; sin embargo, el último corte reportó casi siete mil firmas, más del doble de lo necesario, lo que las legisladoras presentaron como una muestra de inconformidad social ante el incremento.
Además del referéndum, el Congreso aprobó otros acuerdos relacionados con el sistema de transporte, entre ellos solicitar a la Contraloría del Estado una revisión al contrato con la empresa Broxel, encargada de operar las tarjetas “Única Jalisco”, utilizadas por miles de usuarios diariamente.
En respuesta, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, rechazó el acuerdo legislativo y sostuvo que el referéndum no es legalmente viable. El Ejecutivo argumentó que el ajuste tarifario no proviene de un decreto ni de un reglamento, sino de un acuerdo administrativo del Poder Ejecutivo publicado el 27 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado.
Asimismo, señaló que la Ley del Sistema de Participación Ciudadana establece que los referéndums no pueden aplicarse a disposiciones de carácter contributivo, categoría en la que se incluyen las tarifas del transporte público al tratarse de una contraprestación por un servicio regulado por el Estado.
El Gobierno también cuestionó el procedimiento seguido por el Congreso, al afirmar que la solicitud fue enviada al canal institucional incorrecto, ya que la autoridad competente para estos mecanismos es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), y no el Consejo de Participación Ciudadana y Popular.
Mientras el Congreso insiste en abrir el tema a consulta ciudadana y visibilizar el rechazo social al aumento, el Ejecutivo defiende la legalidad del ajuste y sostiene que el proceso legislativo carece de sustento jurídico.
El conflicto mantiene en el centro del debate público el costo del transporte, uno de los servicios más utilizados por la población trabajadora y estudiantil del Área Metropolitana de Guadalajara y de municipios del interior del estado, donde el impacto del aumento ha generado inconformidad social y presión política.
