Ciudad de México, 27 de junio de 2025. En una sesión extraordinaria marcada por el debate y la polarización política, el Senado de la República aprobó en lo general, con 89 votos a favor y 13 en contra, reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población. El dictamen contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad que centraliza datos biométricos de todos los ciudadanos, y la implementación de una CURP biométrica como documento oficial de identificación nacional.
La reforma, impulsada por las bancadas de Morena, PT y PVEM, tiene como objetivo central el fortalecimiento de las capacidades institucionales para localizar personas desaparecidas en México, país donde existen más de 129 mil casos vigentes. Sin embargo, las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra del segundo bloque de reformas, alertando sobre un uso desproporcionado y sin garantías de los datos personales de más de 130 millones de mexicanos.
¿Qué establece la reforma?
Entre los puntos clave del dictamen aprobado se encuentran:
- CURP biométrica obligatoria: incorporará datos como huellas digitales, fotografía y firma. Esta nueva versión será válida en formatos físico y digital como documento oficial de identificación.
- Plataforma Única de Identidad: enlazará datos de múltiples fuentes, incluyendo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, registros médicos, bancarios, escolares y de telecomunicaciones.
- Acceso ampliado a bases de datos: fiscalías, cuerpos de seguridad pública, instituciones federales y estatales e incluso empresas privadas que manejen datos biométricos estarán obligadas a compartir información con las autoridades.
- Búsqueda automatizada: la CURP podrá ser rastreada en tiempo real para detectar movimientos o registros vinculados a personas reportadas como desaparecidas.
- Multas: se establecen sanciones de hasta 20 mil UMAs para quienes se nieguen a validar o aceptar la CURP biométrica.
Argumentos a favor: “Una herramienta para enfrentar la crisis humanitaria”
El senador morenista Enrique Inzunza explicó que la Plataforma Única de Identidad permitirá un monitoreo constante de los datos de personas desaparecidas, con la finalidad de integrarlos a bases forenses, registros administrativos, de salud y telecomunicaciones. “Es una respuesta institucional que articula lo que hoy está fragmentado”, señaló.
La senadora Lilia Margarita Valdez (Morena) destacó que la reforma puede beneficiar a más de 125 mil familias en búsqueda de sus seres queridos. “No se trata de espiar a nadie, sino de devolver esperanza a quienes viven en el infierno de no saber dónde están sus hijos o hijas”, dijo.
El oficialismo defendió que los datos biométricos estarán protegidos por protocolos y que no se vulnerarán los derechos de privacidad. Además, destacaron que el dictamen fue enriquecido con más de 570 propuestas, de las cuales se incorporaron 30 provenientes de colectivos de víctimas y organizaciones civiles.
Críticas de la oposición: “Vigilancia masiva sin control judicial”
Las voces críticas no se hicieron esperar. La senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) advirtió que la reforma representa una amenaza directa a la privacidad de millones de ciudadanos, incluidos niñas, niños y adolescentes, cuyos datos biométricos se incorporarán a la plataforma sin claridad sobre los mecanismos de protección.
La priista Karla Toledo señaló que el dictamen no atiende las verdaderas necesidades de las madres buscadoras ni garantiza justicia: “Lo que hace esta ley es concentrar datos sensibles sin control, sin presupuesto suficiente para las comisiones de búsqueda y sin enfoque en la crisis forense”.
Imelda Sanmiguel, del PAN, apoyó la Ley de Desaparición Forzada, pero votó en contra de la Ley de Población. Advirtió que se permitiría el acceso a datos médicos, bancarios y de localización sin orden judicial. “No podemos confiar ciegamente en que no se utilizará con fines de vigilancia política o control social”, dijo.
Ricardo Anaya, también del PAN, calificó como “peligroso” que el poder sobre esta plataforma se concentre en una sola agencia federal. “Están construyendo una herramienta de control de proporciones inéditas, y sin controles democráticos ni contrapesos efectivos”, denunció.
Colectivos también rechazan la reforma
Un centenar de colectivos de búsqueda y más de 200 familiares de personas desaparecidas rechazaron públicamente la reforma, al considerar que prioriza la vigilancia estatal sobre el fortalecimiento real de las instituciones forenses y las comisiones de búsqueda, muchas de las cuales continúan sin presupuesto ni personal suficiente.
Señalan que la crisis de desapariciones no se resolverá con tecnología centralizada, sino con voluntad política, personal capacitado, fiscalías eficientes y recursos materiales para las búsquedas.
Balance final
La reforma pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo debate. Mientras el oficialismo celebra un avance en la lucha contra las desapariciones, la oposición y diversos colectivos temen que esta herramienta derive en una vigilancia masiva sin precedentes, en un país que aún carece de garantías plenas para la protección de datos personales.
México enfrenta una de las crisis de desaparición más graves del continente. Según datos oficiales, existen más de 72 mil cuerpos sin identificar y más de 5 mil fosas clandestinas. Ante este contexto, el Senado decidió aprobar una reforma que, si bien puede agilizar la identificación y búsqueda de personas, también plantea un debate urgente sobre los límites del Estado frente a la privacidad de sus ciudadanos.
