Jessica Ramírez, una mujer hondureña de 29 años, vivió en carne propia la angustia provocada por las políticas migratorias en Estados Unidos. Llegó a ese país en 2023 con una de sus hijas, con la esperanza de trabajar, ahorrar y adquirir prótesis de brazo y pierna que necesitaba tras un accidente sufrido años atrás en Honduras.
Pero lo que encontró fue miedo. Las redadas migratorias que se intensificaron durante los últimos meses la pusieron en alerta. “Ya estaban tocando las puertas de los apartamentos… y yo dije: si me agarran, me deportan y me quitan a mi hija”, recuerda. El miedo y la ansiedad la consumieron. “No comía, lloraba todos los días… no me sentía bien”, relata.
Por eso, tomó una decisión extrema: intentar autodeportarse.
Jessica acudió voluntariamente a las oficinas de ICE en Houston, donde pidió que la deportaran o, en su defecto, le facilitaran su regreso a Honduras. Sin embargo, la respuesta fue inesperada: las autoridades le negaron ayuda por no tener antecedentes criminales.
El gobierno federal ha promovido recientemente programas de “autodeportación” que incluyen incluso un apoyo de hasta mil dólares para los gastos de regreso. Pero en la práctica, organizaciones civiles y abogados aseguran que tales programas son confusos y limitados, sobre todo para personas como Jessica.
“Me dijeron que no podían deportarme ni ayudarme, porque yo no tengo ningún delito. Que simplemente no calificaba para nada”, explicó.
Finalmente, gracias a la solidaridad de algunos vecinos, Jessica reunió el dinero suficiente para regresar con su hija a Honduras en febrero de este año. “No quiero saber nada de Estados Unidos ni en pintura”, concluye.
