Morena inició el proceso interno para expulsar de sus filas a Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, Jalisco, y a Juan Gabriel Toribio Villarreal, exdirector de Catastro y Predial del mismo municipio, tras su detención por presunta extorsión y posibles vínculos con la delincuencia organizada.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) informó que, como medida cautelar, ambos quedaron suspendidos de sus derechos partidarios mientras concluye la investigación interna y se esclarecen los hechos que originaron su aprehensión.
En el caso de Rivera Navarro, la CNHJ abrió dos expedientes. El primero fue iniciado el 5 de febrero, el mismo día de su detención, e incluye también el caso de Toribio Villarreal. Este procedimiento se centra en los señalamientos penales que enfrentan ambos exfuncionarios.
Sin embargo, existe un segundo expediente previo, fechado el 29 de enero, que se abrió de oficio antes de la captura del exalcalde. En este documento se investiga una posada organizada durante el periodo decembrino, en la que Rivera Navarro invitó públicamente a la ciudadanía a afiliarse a Morena sin contar con facultades para ello.
Según el documento interno, el exedil habría promovido como incentivo la rifa de un automóvil entre quienes se sumaran al partido, lo que encendió alertas dentro de la dirigencia partidista.
La CNHJ señaló que el derecho de afiliación debe ejercerse de forma libre y sin presiones.
En el expediente se advierte que el ofrecimiento de beneficios podría constituir una forma de compra o manipulación de la afiliación partidista.
“Se presume que, bajo la premisa de recibir beneficios, el acusado invitó a la población a afiliarse cuando este derecho debe ejercerse de manera libre, sin compra, coacción o manipulación”, se indica en el documento.
La comisión partidista subrayó que la suspensión es únicamente una medida cautelar y que no implica un juicio anticipado sobre la responsabilidad de los señalados.
La resolución definitiva se emitirá una vez que concluya el proceso interno y se analicen las conductas denunciadas.
El caso ocurre en un contexto de alta tensión política en Jalisco, donde las investigaciones por presuntos vínculos entre funcionarios municipales y grupos criminales han generado preocupación pública y presión hacia los partidos políticos para reforzar sus mecanismos de control interno.
