En una sesión marcada por el contraste entre la urgencia social y la incertidumbre jurídica, el Ayuntamiento de Etzatlán aprobó por unanimidad la cesión en comodato de un terreno municipal por 20 años para la construcción de una clínica de hemodiálisis, aunque el acuerdo avanzó en medio de cuestionamientos de fondo por parte de regidores sobre condiciones, beneficios reales y protección del patrimonio público.
La discusión, desarrollada durante la décima cuarta sesión extraordinaria, evidenció dos posturas claras: por un lado, el reconocimiento generalizado de la necesidad de atender la enfermedad renal en la región; por otro, la preocupación por aprobar un proyecto sin reglas plenamente definidas.
El proyecto contempla la entrega de un predio municipal de aproximadamente 479 metros cuadrados a una empresa privada para la instalación de una unidad de especialidades médicas enfocada en terapia sustitutiva renal. De acuerdo con la exposición técnica presentada por el nefrólogo Edgar Contreras, el objetivo es acercar tratamientos de hemodiálisis a una población que actualmente debe trasladarse a la zona metropolitana, enfrentando costos de hasta 1,500 pesos por sesión, tres veces por semana.
Sin embargo, más allá del diagnóstico médico, la discusión política se centró en las condiciones del comodato.
Uno de los puntos más reiterados fue la falta de certeza en el contrato. Regidores señalaron que el documento fue entregado con poco tiempo para su análisis, lo que generó dudas sobre aspectos clave como:
- Costos reales para los pacientes
- Posibles descuentos o apoyos a población vulnerable
- Obligaciones de la empresa en servicios, mantenimiento e impuestos
- Cláusulas de rescisión en caso de incumplimiento
- Beneficios directos para habitantes del municipio
Incluso se planteó la necesidad de establecer por escrito descuentos obligatorios para residentes, tratamientos gratuitos mensuales y cuotas de empleo local, así como mecanismos de supervisión periódica para evitar desviaciones del objetivo social.
Otro punto crítico fue la duración del comodato. Aunque se justificó en función de la recuperación de una inversión estimada en 12 millones de pesos, algunos regidores advirtieron que se trata de un plazo largo que compromete administraciones futuras sin garantías claras de beneficio público.
La sesión dejó ver una tensión evidente: la presión por aprobar un proyecto de alto impacto social frente al riesgo de hacerlo sin una estructura jurídica sólida.
Mientras algunos regidores defendieron el proyecto como un “ganar-ganar” por atender una problemática de salud grave en la región, otros insistieron en que no se puede comprometer patrimonio municipal sin reglas claras, especialmente tratándose de una empresa privada.
Incluso se cuestionó la viabilidad operativa del proyecto, al confirmarse que aún no cuenta con permisos completos, lo que abre la posibilidad de que el terreno sea cedido sin certeza de que la clínica llegue a funcionar en los tiempos planteados.
Ante la presión por avanzar, el acuerdo se aprobó por unanimidad, pero con una condición clave: se instruyó a la dirección jurídica municipal a modificar el contrato, incorporando las observaciones planteadas durante la sesión.
Esto implica que, aunque el comodato ya fue autorizado, el instrumento legal definitivo aún no está cerrado, lo que deja en manos del área jurídica la responsabilidad de corregir vacíos y garantizar la protección del patrimonio municipal.
La instalación de una clínica de hemodiálisis en la región representa, sin duda, una respuesta a una problemática real y creciente, particularmente en zonas con alta incidencia de enfermedad renal.
cómo equilibrar inversión privada, salud pública y responsabilidad institucional.
