La Fiscalía General de la República (FGR) respondió con firmeza a las acusaciones difundidas por autoridades de los Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa: no hay pruebas suficientes y México no actuará sin sustento legal.
En un mensaje directo al país, el vocero de la institución, Ulises Lara López, confirmó que el gobierno mexicano fue notificado —a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores— sobre solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, el punto clave cambió el tono del caso:
La documentación enviada por Estados Unidos no contiene evidencia contundente que respalde las acusaciones.
La FGR dejó claro que, conforme a la ley mexicana, ninguna persona puede ser detenida sin datos de prueba que acrediten la probable comisión de un delito.
Esto significa que, aunque exista una solicitud internacional, México está obligado a revisar si realmente hay elementos jurídicos suficientes antes de proceder.
Además, se confirmó que la Fiscalía ya abrió una investigación paralela en territorio nacional para determinar si las acusaciones tienen fundamento legal.
En un punto delicado, la FGR advirtió que la información dada a conocer públicamente debía mantenerse confidencial, según los propios acuerdos internacionales.
La exposición del caso, señalaron, contraviene reglas establecidas incluso por las autoridades estadounidenses, lo que podría afectar el desarrollo del proceso.
En este contexto, también se recordó la obligación de proteger la información conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Si las solicitudes alcanzan a funcionarios en funciones, como gobernadores o legisladores, el proceso no sería inmediato.
Primero se tendría que iniciar un juicio de procedencia (desafuero) para retirar la inmunidad constitucional antes de cualquier acción penal.
La Fiscalía cerró su posicionamiento con una advertencia clara:
“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.”
