Una acusación sin precedentes sacude la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, por su presunta participación en una red de protección al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación formal, los implicados habrían colaborado durante años con esta organización criminal, facilitando la importación de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos, apoyo político y votos. Entre los señalamientos, se indica que Rocha Moya habría recibido beneficios para su elección a cambio de brindar protección al grupo delictivo.
El documento judicial detalla que la red incluía a funcionarios de distintos niveles, entre ellos un senador y un alcalde, quienes presuntamente alertaban al cártel sobre operativos, además de evitar detenciones y filtrar información sensible.
Desde la Embajada de Estados Unidos en México, el embajador Ron Johnson señaló que el combate a la corrupción y al crimen organizado es una prioridad compartida entre ambas naciones, destacando la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y la cooperación bilateral.
Sin embargo, el gobernador Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como “totalmente falsas y sin fundamento”, y aseguró que se trata de un intento por vulnerar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento político al que pertenece.
Este caso marca uno de los golpes más relevantes en la estrategia estadounidense para atacar las redes de corrupción que, según sus autoridades, permiten la operación de los cárteles mexicanos. Mientras tanto, el proceso legal seguirá su curso en tribunales de Estados Unidos.
