Ciudad de México 24 Agosto de 2026.
La pregunta ya no es solamente qué declaró Rubén Rocha Moya ante la Fiscalía General de la República. La pregunta de fondo es por qué esa declaración debe permanecer fuera del escrutinio público durante cinco años, mientras Sinaloa atraviesa una crisis política y de seguridad que continúa acumulando dudas.
En el video, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exige que se haga pública la declaración rendida por el gobernador ante la FGR. También pide su detención y entrega a las autoridades estadounidenses para que responda a los cargos formulados en ese país.
El lenguaje de Anaya es abiertamente confrontativo. Sus afirmaciones deben entenderse como señalamientos políticos de oposición y no como una resolución judicial.
El reclamo surge después de que la información relacionada con la comparecencia de Rocha quedara reservada por cinco años. Para Anaya, mantenerla oculta alimenta la sospecha de una protección política. El gobierno federal, por su parte, sostiene que cualquier procedimiento debe cumplir la legislación mexicana y apoyarse en pruebas suficientes.
El caso escaló el 29 de abril de 2026, cuando fiscales federales de Estados Unidos hicieron pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. La acusación sostiene que habrían colaborado con dirigentes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político. Rocha Moya niega estos señalamientos y los considera falsos y políticamente motivados. Las acusaciones no equivalen a una sentencia y debe respetarse la presunción de inocencia.
Tras conocerse la imputación estadounidense, Rocha solicitó licencia temporal el 1 de mayo. Según explicó, tomó la decisión para no interferir con la investigación iniciada en México.
Sin embargo, en agosto ocurrió un giro inesperado. Después de 112 días de licencia, Rocha anunció que regresaba a la gubernatura con la “conciencia tranquila” y la “frente en alto”. Su retorno duró aproximadamente 33 horas. Ante el rechazo político generado, incluso desde Morena y la Presidencia de la República, volvió a solicitar licencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que ese regreso no era pertinente y aseguró que no había hablado previamente con Rocha sobre su decisión.
El episodio abrió nuevas preguntas. Si la investigación continuaba, ¿qué cambió para que Rocha considerara primero que podía regresar y, unas horas después, decidiera retirarse nuevamente? ¿Quién autorizó o respaldó políticamente su retorno? ¿Qué información tuvo a su alcance?
El debate ocurre, además, en un Sinaloa marcado por la violencia, las disputas internas del crimen organizado y el desgaste de la confianza en las instituciones. En este contexto, la declaración reservada dejó de ser un asunto meramente burocrático: se convirtió en una prueba de la disposición gubernamental para explicar qué sabe, qué investiga y por qué mantiene cerrada la información.
Hacer pública una declaración ministerial puede estar limitado por el debido proceso, la protección de datos o la integridad de una investigación. Pero si esas son las razones, la FGR debe explicarlas con precisión y señalar qué partes podrían transparentarse sin afectar el procedimiento.
Sinaloa necesita algo más que mensajes políticos, licencias temporales y regresos fallidos. Necesita avances verificables de la investigación mexicana, garantías de independencia para sus instituciones de justicia y una estrategia de seguridad cuyos resultados puedan medirse.
Rocha Moya tiene derecho a defenderse. La sociedad sinaloense también tiene derecho a conocer cómo se gobierna un estado cuando su mandatario enfrenta acusaciones internacionales de esta gravedad.
¿La reserva protege una investigación o protege al poder? Esa es la pregunta que las autoridades no pueden dejar sin respuesta.
