Respaldados por organizaciones civiles, estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara se manifestaron este martes frente a Casa Jalisco para rechazar el aumento a 14 pesos en la tarifa del transporte público anunciado por el gobierno estatal.
Durante la protesta, la FEU entregó —y posteriormente colocó en la puerta del inmueble— un pliego petitorio con once demandas que exigen transparencia, claridad jurídica y estudios técnicos independientes sobre el impacto del incremento en la economía familiar y en la calidad del servicio.
La presidenta de la FEU, Fernanda Citlali Romero Delgado, señaló que una de las principales preocupaciones es la falta de información sobre quiénes podrán acceder a la tarifa de 11 pesos mediante la llamada Tarjeta Única Yo Jalisco, así como los criterios para definir a los sectores beneficiados.
El documento también solicita la publicación íntegra de las actas, votaciones y metodología utilizada por el Comité Técnico Tarifario para justificar el aumento, además de un estudio externo que evalúe cómo el nuevo costo afecta el gasto de los hogares y las condiciones reales del transporte convencional, como frecuencia, estado de las unidades y trato a usuarios.
Las y los estudiantes intentaron entregar formalmente el pliego al gobernador Pablo Lemus Navarro, pero al no recibir atención en Oficialía de Partes decidieron fijar el documento en la puerta de Casa Jalisco, acompañado de carteles con la consigna “¡No al tarifazo!”.
Las exigencias fueron respaldadas por diversas organizaciones civiles y colegios profesionales, entre ellos el Colectivo Pasos Blancos, el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, el Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco A.C., Impulso Trans A.C. y la Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño Urbano, Urbanismo y Planeación.
Entre los puntos centrales del pliego destacan la exigencia de reglas claras para la tarifa, transparencia presupuestal sobre el subsidio anunciado, sanciones efectivas a concesionarias incumplidas, mejoras laborales para choferes y un calendario público para garantizar unidades accesibles y paraderos dignos.
La FEU subrayó que la movilidad debe ser tratada como un derecho humano y no como un negocio, y advirtió que dará seguimiento a la respuesta del gobierno estatal ante las demandas planteadas.
