• Luis Armando Córdova Díaz, presidente del Centro de Estudios Pila Seca, destaca que el funcionario estatal ha ocasionado perjuicio del interés público en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, al no judicializar ni investigar las carpetas de investigación 305/2019 y 117/2020.
• Señalan que Gerardo de la Cruz Tovar, mantiene sin movimiento cualquier investigación sobre el enriquecimiento ilícito de María Elena Limón y familiares, que desde hace cuatro años tiene en su poder. Ha sido omiso en solicitar fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación y determinar la vinculación a proceso de María Elena Limón García y familiares por un Juez de Control
Esta mañana Luis Armando Córdova Díaz, presidente del Centro de Estudios Pila Seca, acudió a las instalaciones del Congreso del Estado para presentar en Oficialía de Partes, la solicitud de Juicio Político en contra del Fiscal Anticorrupción Maestro Gerardo de la Cruz Tovar, por la notoria y flagrante violación, que con sus conductas ha ocasionado en perjuicio del interés público fundamental de la ciudadanía del Estado de Jalisco, en particular a la del municipio de San Pedro Tlaquepaque, y del buen despacho de las funciones que le confirieron a su cargo.
Todo se desprende de la denuncia que se presentaron por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades (por adquisiciones que se hicieron en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de manera irregular) así como la diversa por los delitos de enriquecimiento ilícito en contra de María Elena Limón, en su calidad de Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en donde el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción determinó que había elementos para acreditar la desviación de recursos públicos y que se debería de judicializar este tema, en la carpeta de investigación 305/2019.
Por otra parte en la carpeta de investigación 117/2020, donde se desprende que existen suficientes elementos de prueba en contra de María Elena Limón, hermanos, hijos, sobrinos, (muchos de ellos continúan laborando en el gobierno municipal), por los delitos de enriquecimiento ilícito, por un inexplicable incremento en su patrimonio, todo esto acreditado, en dicha carpeta, que conoció inicialmente la extinta Procuraduría General de la República desde el 2019, misma que desde hace cuatro años conoce e integra la Fiscalía Anticorrupción.
Las pruebas que están integradas en la carpeta de investigación 117/2020, fueron recabadas por la Procuraduría General de la República, y las pruebas integradas en la carpeta de investigación 117/2020, fueron aportadas por el denunciante, y el Fiscal Estatal Anticorrupción no obstante el cúmulo de elementos de prueba con los que se acreditan los delitos cometidos por la ex Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque y sus familiares, se ha abstenido de Judicializar.
El Fiscal Anticorrupción no desahoga las pruebas que aportamos y no hace diligencias para seguir aportando elementos, pero con lo que hemos presentado (elementos de prueba) es suficiente para judicializar y poder imputar a estos personajes, muchos de ellos lejos de separarlos del cargo están integrando las planillas para el próximo proceso electoral”, puntualizó Córdova Díaz.
Expuso que también se solicitó por escrito a dicha Fiscalía la judicialización de las carpetas, recibiendo como respuesta que esa decisión está dentro del imperio de su ley, sus facultades, y que lo harán cuando ellos lo consideren necesario y oportuno, sin dar una fecha probable para que esto ocurra.
Ante esta situación de aparente complicidad y basados en que es “completamente improductivo que exista una figura como él que fue seleccionado para hacer el combate a la corrupción en el estado desde hace seis años aproximadamente y con un pobre desempeño y resultados, pues de las más de tres mil 500 denuncias que están publicadas en el propio portal, solo hay resoluciones condenatorias en ocho procedimientos que significa el 0.25 por ciento de efectividad”.
“Es demasiado irresponsable el actuar de estos personajes que deberían de dar un compromiso social muy distinto. De toda la comunidad jurídica jalisciense sin duda hay mucha gente que lo pueda sustituir. Más allá de si tiene argumentos la denuncia que presentamos hoy, que está debidamente estructurada, que tiene probanzas muy claras de dónde ha estado su negligencia, porque todo esto que se encuentra integrado en las carpetas de investigación que se hizo por la extinta Procuraduría General de la República, o son probanzas que nosotros hemos aportado y que son suficientes para generar las imputaciones que corresponden a estos funcionarios”.
Detalló el representante de la Casa de Estudios Pila Seca A.C., que la Constitución del Estado de Jalisco es muy clara en el Artículo 53 y le permiten al Ejecutivo del estado y al propio Congreso retirarlo del cargo, que lo llamen a cuentas que vean que tiene personal administrativo, capacidad de operación y solamente ha dado resultados cinco de las ocho resoluciones en tiempos electorales, lo que evidencia que lleva una agenda política más que una agenda anticorrupción.
Dicho articulado expone:
El Fiscal General del Estado y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durarán siete años, respectivamente, y no podrán ser reelectos, y solo podrán ser removidos del cargo por el Congreso del Estado, a petición del poder Ejecutivo.
“Vengo al Congreso del Estado y sé que el órgano de Responsabilidades que sesionan de manera telemática, sé que todo el cúmulo de denuncias políticas o juicios políticos que se presentan si allá es nula la productividad aquí todavía es menor, pero le daremos un puntual seguimiento desde el aspecto jurídico”.
“Se requiere de concientizar a todos aquellos (diputados) que están en tiempos de campaña y que se comprometen y firman convenios y acuerdos, por qué no lo hacen en tiempo real, el día de hoy se sigue trabajando de aquí a que haya un cambio de legislatura hay mucho por hacer. Es el llamado que le estamos haciendo al Ejecutivo del estado, sabemos del compromiso que tiene con este tipo de temas, es el mismo llamado que les hacemos a los diputados de este Congreso que atiendan este tipo de asuntos”.
Finalmente, Luis Armando Córdova Díaz, advirtió que no cederán en su objetivo hasta que sea resarcido el daño al erario público que siguen cometiendo las actuales autoridades municipales de San Pedro Tlaquepaque y que sigue solapando y permitiendo el Fiscal Anticorrupción de Jalisco.