El 5 de noviembre de 2024, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía (SE), publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) la extensión del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados en la frontera norte del país. La medida, que entró en vigor desde el 1 de octubre de 2024, permitirá la importación legal de vehículos usados hasta el 5 de noviembre de 2025.
Esta extensión no abarca la regularización de los conocidos “autos chocolate” – vehículos de procedencia extranjera que ingresan de manera ilegal al país -, sino que se refiere a aquellos vehículos con importación legal, gestionados a través de aduanas y con la intervención de empresas especializadas en el comercio internacional de mercancías.
El decreto original, que fue publicado en noviembre de 2022 y estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2024, fue extendido por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a la importancia económica y social de la medida para la región fronteriza. Según el documento oficial, esta extensión responde a la necesidad de fortalecer la integración económica de la región de América del Norte, considerando la proximidad geográfica con los Estados Unidos.
El decreto establece un esquema de aranceles diferenciados según el modelo del vehículo a importar. Los autos con un modelo de 5 a 9 años anteriores a la importación tendrán un arancel del 1%, mientras que aquellos con un modelo de 10 años o más tendrán un arancel del 10%. Además, el importador deberá presentar un certificado de origen válido o el documento correspondiente, entre otros requisitos.
Por otro lado, el decreto también detalla que no se podrán importar vehículos que estén prohibidos o restringidos en su país de origen, aquellos que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente, ni vehículos con reportes de robo.
El Gobierno Federal destacó que este decreto forma parte de las estrategias implementadas para mejorar el bienestar de la población, la seguridad y la protección del patrimonio familiar, especialmente en las regiones del norte del país, que tienen una dinámica económica particular debido a su relación con los Estados Unidos.
Con esta extensión, el Gobierno busca continuar con una regulación que permita a los ciudadanos de la frontera norte acceder a vehículos de manera legal, mientras se mantiene un control sobre los estándares de seguridad y medioambientales, contribuyendo también a la integración económica con los países vecinos.
